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Arturo Alcalde Justiniani

Central de Abasto, donde los derechos no valen nada

Un grupo de trabajadores, 90 por ciento mujeres, cabeza de familia, algunas con capacidades diferentes y otras de la tercera edad, aseadoras de baños en el área de flores y hortalizas de la Central de Abasto, pusieron en evidencia la situación que priva en este fideicomiso público, así como las dificultades para ejercer la libre organización gremial. Son muestra representativa de este sector gigantesco que labora en el área de servicios, el cual busca sobrevivir con la mayor dignidad posible y mantener a su familia. Sólo organizados han podido enfrentar la red de intereses y complicidades que pretende despojarlos de su modesto trabajo y, sobre todo, de su sindicato democrático.

Hace cuatro años, 37 trabajadoras y cinco trabajadores decidieron afiliarse al Stracc, integrante del Frente Auténtico del Trabajo. Después de un azaroso y largo litigio se les reconoció su derecho a un contrato colectivo de trabajo con la Central de Abasto como patrón. Vinieron años de calma y buenas relaciones laborales, hasta que por razones aún no claras, tomando en cuenta la sencillez del proceso de trabajo en baños públicos, la central decidió asignarlo, aparentemente sin licitación alguna, a una empresa privada denominada Operadora Comercial SAFE, SA de CV, de reciente creación, con capital social de 50 mil pesos (en consecuencia, insolvente para cumplir con las obligaciones que asume), y cuyo objeto primordial, según su acta constitutiva, es la adquisición de instrumental médico, fabricación de prendas de vestir y venta de computadoras. El permiso o concesión no se limitó a la reducida área de flores y hortalizas, sino que abarcó 50 baños adicionales, básculas, estacionamientos y casetas de peaje.

En los cinco baños objeto del conflicto acuden diariamente entre 10 y 15 mil usuarios, que pagan $2.50 por el servicio y una pequeña pieza de papel (si desean una mayor cuesta un peso adicional). La afluencia se incrementa sensiblemente en festividades especiales o en los llamados días de tianguis. Las ganancias libres mensuales exceden 500 mil pesos, sólo en esta reducida área.

Al actuar como patrón sustituto de la Central de Abasto, SAFE asumió las obligaciones del contrato colectivo de trabajo firmado con el Stracc y las de carácter laboral con sus trabajadores, sin embargo, desde un principio sus representantes manifestaron que ya tenían “su sindicato y su outsourcing Great Limp”, por lo que no estaban dispuestos a admitir otro gremio, y menos uno independiente. El 29 de abril, los trabajadores fueron citados repentinamente a una supuesta reunión, los transportaron a un hotel cercano, en el que abogados de la empresa y actuarios que respondían a las instrucciones de la misma (extrañamente, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que no es competente en este caso), ordenaron a los trabajadores la firma de diversos documentos y recibir cantidades de dinero; para su sorpresa, confirmaron que era su liquidación. Después de algunas firmas lograron contactarse con sus dirigentes, quienes les advirtieron que se trataba de una maniobra ilegal. Los abogados de la empresa amenazaron a los trabajadores de que no saldrían del hotel si no firmaban; finalmente, y después de horas de acoso y retención, lograron salir.

Los hechos más graves sucedieron el pasado 6 de mayo: en el turno matutino, y sin decir agua va, se presentaron en los baños los representantes de la empresa, acompañados de un grupo de agentes judiciales y policías auxiliares, exigiendo nuevamente a las y los trabajadores la firma de sus renuncias, advirtiéndoles que serían sustituidos por trabajadores subcontratados por SAFE a través de Great Limp (la subcontratista contrata a otra subcontratista); acto seguido, se escuchó la orden terminante de un oficial de jerarquía que dijo llamarse Antonio Salas Juárez, mandando el desalojo y detención de todos los presentes. La violencia fue tal que varios trabajadores fueron lesionados, entre ellos dos representantes sindicales: Hilda Ramírez García y Héctor Hernández.

Los detenidos fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público, curiosamente ubicada a un lado de la dirección general de la Central de Abasto. El supuesto fundamento del operativo policiaco fue una denuncia de los patrones por “ejercicio ilegal del propio derecho”, alegó la empresa, que por tal motivo sus trabajadores merecían prisión de tres meses a un año, sosteniendo que reclamar su derecho a seguir trabajando era fundamento del delito. En las instalaciones de la procuraduría, el representante empresarial se descaró abiertamente: “si ustedes firman la renuncia saldrán libres”. Los detenidos, con gran valentía, se negaron a todo trato: “tenemos derecho al trabajo y a nuestro contrato colectivo, no hemos hecho nada malo y siempre cumplimos con nuestras obligaciones”. Esa noche, después de 14 horas de detención, salieron libres bajo reserva; a partir de entonces, no se ha permitido a las trabajadoras continuar laborando en los distintos turnos, por lo que decidieron emplazar a huelga por violaciones al contrato colectivo, misma que estallará a las 14:00 horas del 30 de mayo. La empresa ha advertido que jamás permitirá la huelga, cueste lo que cueste.

La admirable resistencia de las aseadoras de baños, frente al indebido uso de la fuerza pública, la prepotencia empresarial apoyada por abogados de ínfimos escrúpulos y la evidente violación a sus derechos humanos ha generado una gran indignación y profunda solidaridad nacional e internacional. El reclamo: no criminalizar la defensa de los derechos humanos laborales, respeto al contrato colectivo, reposición de los trabajadores, castigo a los responsables de los abusos y, obviamente, mayor transparencia y rendición de cuentas de lo que está sucediendo en ese gigantesco centro de abasto, donde hay más trabajadores vulnerados en sus derechos que reclaman apoyo.

 
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