Usted está aquí: lunes 12 de mayo de 2008 Política Castigos selectivos

Ana María Aragonés
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Castigos selectivos

De acuerdo con los datos proporcionados por el periódico The News, cerca de 300 personas fueron arrestadas el miércoles 16 de abril en algunas de las plantas procesadoras de pollo que se encuentran en cuatro estados del vecino país del norte y, según este medio, fueron las redadas más importantes que se hayan llevado contra las procesadoras de pollo a lo largo y ancho del país. Los argumentos: faltas a las leyes migratorias, robo de identidad y utilización fraudulenta de números de la seguridad social. Estas acciones se llevaron a cabo en Tenesí, Virginia, Florida y Arkansas, y todas estas personas fueron arrestadas bajo esos cargos. En este entorno lo que habría que destacar es la forma selectiva en la que estas autoridades actúan.

De acuerdo con el portavoz de la muy famosa compañía Pilgrim’s Pride, una de las grandes procesadoras de pollo establecidas en Pittsburg, Texas, y que, por cierto, también se encuentra en México, cuando los oficiales de migración se presentaron en la empresa los gerentes dijeron estar totalmente de acuerdo en cooperar con ellos. El asunto terminó con el arresto de los trabajadores indocumentados pero, cosa que llama la atención, la compañía no enfrentó ningún cargo, aun cuando la ley señala claramente que a aquellos empleadores que hayan contratado trabajadores sin documentos se les debe sancionar.

Sin embargo, en Búfalo, Nueva York, los oficiales de migración arrestaron a un empresario local y a 10 de sus socios, dueños de siete restaurantes mexicanos en cuatro estados, acusados de emplear trabajadores indocumentados. Y aquí sí los oficiales de migración no sólo cumplieron con la ley, sino que se mostraron consternados ante las condiciones laborales de estos migrantes indocumentados, quienes eran forzados a trabajar largas jornadas por un salario bajísimo, y para colmo se les descontaba tanto la renta como el costo del viaje a Estados Unidos. Recuerda sin duda las tiendas de raya.

Por supuesto que los empresarios mexicanos merecían una sanción, pero lo que es arbitrario es que cuando se trata de empleadores estadunidenses que utilizan a los indocumentados por debajo de los niveles de las leyes laborales de ese país no sólo no les pasa nada, sino que la violación a los derechos laborales de los trabajadores ni siquiera se menciona. Es claro que, como de costumbre, el hilo siempre se rompe por lo más delgado, los trabajadores, que se ven afectados por una ley que se aplica en forma selectiva y cuyas sanciones son arbitrarias.

Las redadas se incrementan cuando el país receptor enfrenta problemas económicos, crisis o recesiones, cuyas consecuencias son un ambiente hostil y por supuesto muy lesivo para los trabajadores, sean éstos muchos o pocos. Recordemos el caso de Elvira Arellano, lamentablemente no el único. Se pretende, supuestamente, desincentivar los movimientos de futuros migrantes. Sin embargo, lo que realmente puede afectar el desplazamiento de los trabajadores hacia los polos expulsores es saber que no van a encontrar trabajo. Las estadísticas han mostrado que en la crisis de 2001 hubo una importante reducción de los flujos que se dirigían hacia Estados Unidos, y lo mismo sucedió en el primer trimestre de 2007, justamente en el marco de los conflictos económicos hipotecarios.

Como estas redadas pueden representar un grave peligro para los empleadores cuyas empresas se basan, en gran medida, en la contratación de trabajadores indocumentados, eso explica que las autoridades sean selectivas y sus acciones esperan más bien llegar a la sociedad estadunidense, pues es una buena forma de culpar a los extranjeros de los problemas que viven el país, poniendo a salvo al sistema.

Sin embargo, en la medida en que el país de origen sigue sin ofrecerles los empleos que les permitan vivir dignamente, estos trabajadores buscarán nuevos receptores. No es extraño, por tanto, que se esté dando un fenómeno nuevo, ya que ahora algunos se están desplazando hacia Canadá. Lo mismo pasó con la migración ecuatoriana y colombiana, que ha dejado de fluir hacia Estados Unidos y sus nuevos países de recepción son ahora los europeos, fundamentalmente España e Italia.

Si bien se sigue discutiendo si Estados Unidos está o no encarando una recesión, de lo que no hay duda es que ése país presenta límites estructurales para su desarrollo económico, entre los que destacan el envejecimiento de la población blanca y el aumento de los jubilados, lo que perjudica, entre otras cosas, al sistema del seguro social. Y quienes tendrán posibilidad de rescatarlo son tanto los trabajadores migrantes con sus impuestos y los latinos, que se han convertido en la minoría más grande de Estados Unidos, con creciente poder económico. Por eso no resulta descabellado el señalamiento que hace Donald Terry, del Banco Interamericano de Desarrollo, al decir que “si uno es pro crecimiento económico tiene que ser pro migrante y pro hispano, porque no tenemos a los trabajadores” (David Brooks, La Jornada, 3/05/08).

Por ello resulta inadmisible que los trabajadores se vean hostilizados de esa forma cuando resultan valiosos para las economías en las que se insertan y mejor si son indocumentados. Pero más preocupante es que el gobierno mexicano siga pensando que las economías mexicana y estadunidense son complementarias, porque la primera tiene a la fuerza de trabajo y la segunda el capital. Con tan ignorante consideración es un hecho que su poder de negociación para defender a los connacionales queda pácticamente nulificado.

 
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