Usted está aquí: martes 13 de mayo de 2008 Capital Plantea ombudsman pacto federal contra la inseguridad en el país

■ Indispensable, poner en el centro el bienestar de la población, afirma al rendir informe

Plantea ombudsman pacto federal contra la inseguridad en el país

■ Ante las señales de agotamiento, pide a actores políticos transformar la política en la materia

■ Necesario, revisar lo que pasa con las fuerzas armadas

■ Alarmante, la deserción de efectivos

Mirna Servín Vega

Ampliar la imagen El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, presentó ayer el informe anual 2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En la imagen, con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, en el Museo Interactivo de Economía El ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza, presentó ayer el informe anual 2007 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. En la imagen, con el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Édgar Elías Azar, en el Museo Interactivo de Economía Foto: Guillermo Sologuren

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Emilio Álvarez Icaza, hizo un llamado a los distintos niveles de gobierno a resolver la inseguridad que se vive en el país en el marco de un pacto nacional dentro del ámbito y competencia de cada uno, pero de manera conjunta y coordinada.

“Hay amenazas peligrosas en materia de seguridad y es indispensable que los distintos actores pongan en el centro el bienestar de quien habita y transita en este país. De manera que este llamado a un pacto justamente tiene que ver con generar en el centro de la política pública acciones integrales en materia de seguridad”, advirtió el ombudsman al presentar el informe de labores de la CDHDF de 2007.

Dijo que los actores políticos tienen que asumir que hay que transformar la política pública de seguridad, que “está dando señales de agotamiento, y eso significa reconocer no sólo las modificaciones legislativas, sino también la articulación”.

Agregó que es necesario también revisar lo que está pasando en nuestras fuerzas armadas en materia de deserción, ya que en el último año ha sido alarmante.

“Los mexicanos tenemos derecho a vivir sin miedo, y es indispensable que la autoridad en sus distintos niveles: federal, estatal u local, pongan en el centro esta acción. Ahí es donde los derechos humanos pueden colaborar”.

Sobre el informe anual, Álvarez Icaza dijo que esencialmente se hace énfasis en la procuración de justicia, los servicios de salud, la situación de la mujer y la discriminación.

“Afortunadamente ha habido una muy buena respuesta y acogida de parte del jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien se se ha comprometido e involucrado en este proceso, lo que nos ayuda a atender las problemáticas estructurales”.

Detalló que durante 2007, la CDHDF recibió 7 mil 685 quejas que involucraron a casi 13 mil 500 personas y 631 grupos.

Destacó que si bien el número total de menciones en contra de los organismos centralizados del Distrito Federal disminuyó durante 2007, respecto del año anterior, no fue el caso de autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, Secretaría de Salud y los gobiernos delegacionales, que se incrementaron de manera preocupante.

Dijo que el año pasado, la comisión emitió el mayor número de recomendaciones, 19 en total, de las cuales 13 fueron aceptadas, cinco parcialmente aceptadas y sólo una no fue aceptada por la Secretaría de Seguridad Pública. Las autoridades involucradas fueron: procuraduría de Justicia, nueve recomendaciones; Secretaría de Gobierno siete; Secretaría de Seguridad Pública seis; Secretaría de Salud tres; jefatura de Gobierno dos; Sistema de Transporte Colectivo una. Las 19 recomendaciones involucraron a seis autoridades en 28 ocasiones.

“Es justo reconocer que durante el año que se informa, la actitud del jefe de Gobierno fue clave en el alto índice de aceptación de las recomendaciones. Cada vez que una recomendación es aceptada y cabalmente cumplida se atiende de manera integral el interés superior de las víctimas. Así, el índice de cumplimiento expresa el grado de compromiso contra la impunidad y contribuirá a ir generando una política pública con perspectiva de derechos humanos. Aún así, con los avances que hemos señalado, una de cada 3 recomendaciones no ha sido cumplida”, resaltó.

 
Compartir la nota:

Puede compartir la nota con otros lectores usando los servicios de del.icio.us, Fresqui y menéame, o puede conocer si existe algún blog que esté haciendo referencia a la misma a través de Technorati.