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Editorial

Petróleo: comenzó el debate

La primera jornada de debates en torno a la iniciativa de reforma petrolera, celebrada ayer en el Senado de la República, constituye el inicio de un ejercicio democrático y plural sin precedente, en el que distintos actores de la vida política y académica del país discuten la viabilidad, legalidad y pertinencia de la iniciativa para privatizar parcialmente la industria petrolera, enviada por el Ejecutivo federal a Xicoténcatl el pasado 8 de abril.

Entre las críticas planteadas ayer a la propuesta calderonista destacan las de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien subrayó el carácter inconstitucional de los llamados “contratos de desarrollo”, parte integral del paquete de propuestas, “que no son otra cosa que contratos de riesgo, cuyo pago se vincula con resultados obtenidos, prohibidos expresamente por nuestras leyes”. En el mismo sentido, José Agustín Ortiz Pinchetti, quien asistió en representación del ex aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador, dijo que “las propuestas de Calderón son violatorias de la Constitución y obedecen a intereses creados que han estado al acecho para consumar el gran atraco de la privatización” y que, de ser aprobadas, cancelarían la posibilidad de que Petróleos Mexicanos (Pemex) funja “como palanca de desarrollo” nacional, y se reduciría a la paraestatal a “simple administradora de contratos de petróleo crudo”.

De su lado, la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, dijo que su partido rechaza “la privatización abierta o encubierta” y que “no apoyará contratos de riesgo”, ni forma alguna de participación de intereses privados “que pueda implicar la entrega de Pemex a particulares”. Así, en esta primera jornada de debates ha quedado de manifiesto un punto en común entre Cárdenas y López Obrador, ambos perredistas, y la priísta Paredes. En el caso de ésta, además, se pone nuevamente en evidencia el resquebrajamiento de lo que hasta hace unas semanas parecía un frente sólido entre el gobierno y las cúpulas tricolores para respaldar la reforma presentada por el Ejecutivo.

Del mismo modo, durante la sesión de ayer en el Senado se pusieron sobre la mesa asuntos de primera importancia, hasta ahora soslayados en el discurso oficial. En particular, destacan las observaciones del historiador Lorenzo Meyer, quien apuntó la gran dependencia del gobierno con relación a la industria petrolera, por su falta de eficiencia en la recaudación fiscal. Con ello, el académico apuntó hacia uno de los puntos nodales de la discusión en torno a Pemex: la urgencia de una reforma fiscal que permita al gobierno allegarse los recursos necesarios para desempeñar sus funciones sin necesidad de saquear a la paraestatal por la vía impositiva, a fin de que ésta pueda reinvertir sus ganancias en el mejoramiento de su infraestructura y en el desarrollo de tecnología y se convierta en la empresa fuerte, próspera y competitiva que el país requiere.

Por lo demás, a la par de las incoherencias exhibidas en la propuesta de reforma petrolera del grupo gobernante, quedó al descubierto su orfandad de argumentos y su falta de capacidad para sostener un debate que, cabe recordar, intentó eludir por todos los medios. En su ponencia, el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quien supuestamente había asistido a defender la iniciativa, se limitó a repetir las consignas del gobierno federal y a denostar a los opositores, a quienes se refirió como “nacionalistas falsarios” y “teólogos del petróleo”.

No puede dejar de señalarse que, como expresó el propio Ortiz Pinchetti, el debate que se inició ayer no habría sido posible sin las acciones de resistencia cívica que emprendieron diversos sectores de la sociedad y que secundaron los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) mediante la toma de las tribunas legislativas. Hoy es inevitable reconocer que tales medidas, que fueron objeto de una virulenta condena y de una descalificación orquestada en la mayoría de los medios informativos, lograron frenar un albazo que hubiese aprobado sin debate la iniciativa privatizadora, y sentaron las bases para una discusión sana, plural y necesaria en la que, cabe esperar, imperen el sentido de país y los intereses nacionales.

Por último, si la discusión sigue en los próximos días el curso que tomó hoy, se volverá inevitable la completa bancarrota argumental de la iniciativa privatizadora presentada el 8 de abril, y sumamente difícil su aprobación legislativa.

 
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