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■ El FAP se reserva el derecho de acusarlo penalmente y llevarlo a juicio popular

Confirman diputados la exoneración de Mouriño por tráfico de influencias

■ La actuación del funcionario, apegada a la ética, dicen PAN, PRI, PVEM, Panal y Alternativa

Georgina Saldierna

Ampliar la imagen Eduardo Medina Mora, procurador general de la República; Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa; Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de Gobernación, y Mariano Saynez Mendoza, de Marina, durante la reunión de gabinetes de seguridad en Sinaloa Eduardo Medina Mora, procurador general de la República; Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional; Jesús Aguilar Padilla, gobernador de Sinaloa; Juan Camilo Mouriño Terrazo, titular de Gobernación, y Mariano Saynez Mendoza, de Marina, durante la reunión de gabinetes de seguridad en Sinaloa Foto: Notimex

La comisión especial de la Cámara de Diputados creada para investigar la legalidad de los contratos de Pemex Refinación de 1997 a la fecha, exoneró ayer al titular de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, de haber cometido tráfico de influencias, e incluso destacó que su actuación se apegó a la ética.

En reunión de trabajo, los integrantes de esa instancia legislativa dieron a conocer el informe de sus investigaciones, en el cual se destaca que no hay evidencia alguna de que el funcionario haya aprovechado la posición que sus cargos públicos federales le conferían para inducir a directivos de Pemex Refinación a celebrar convenios con la empresa de su familia Transportes Especializados Ivancar, SA (Teisa).

En el documento se subraya que los responsables de la paraestatal suscribieron los citados contratos debido a que Teisa es agremiada a la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) –con la que Pemex tiene celebrado un convenio marco– y que su conducta no fue determinada por inducción externa de ningún tipo.

Aunado a ello, se explica que Teisa nunca tuvo trato privilegiado en los contratos suscritos con Pemex Refinación; por el contrario, su relación con la paraestatal fue la misma que tienen las 143 compañías afiliadas a la Canacar.

El informe de la comisión encargada de investigar las denuncias acerca de que Mouriño habría cometido tráfico de influencias al firmar convenios de la empresa de su familia con Pemex cuando era funcionario público, fue aprobado por los diputados Xavier López Adame, del PVEM; Antonio Valladolid Rodríguez y Obdulio Ávila Mayo, del PAN; Raúl Cervantes, del PRI; Miguel Ángel Jiménez, de Nueva Alianza, y Armando García Méndez, de Alternativa.

Al conocer el documento, legisladores de PRD y PT lo calificaron de burla. El perredista Alejandro Sánchez consideró que los integrantes de la comisión especial actúan como “tapadera” de los actos ilegales cometidos por el funcionario, e informó que el Frente Amplio Progresista (FAP) se reserva el derecho de presentar denuncias ante la Procuraduría General de la República, así como para integrar un tribunal ciudadano que enjuicie a Mouriño.

Como presidente de la comisión especial, el pevemista López Adame dio lectura a las conclusiones del informe, en el cual se agrega que todos los contratos de transporte terrestre de productos petrolíferos celebrados por Pemex Refinación con cada una de las empresas afiliadas a la Canacar –entre ellas Teisa– se han asignado mediante adjudicación directa con base en los convenios marco de 1993 y 2005.

Dichas adjudicaciones se autorizan a todas las empresas afiliadas a la Canacar, coincidiendo en las condiciones de precios, toda vez que éstos derivan de la fórmula aplicada por el comité de precios de productos petrolíferos. Eso sí, hay variaciones en los volúmenes de hidrocarburo que se transportan de acuerdo con la capacidad de arrastre de cada compañía.

El documento expone que Mouriño firmó los contratos investigados –entre el 20 de diciembre de 2000 y el 29 de diciembre de 2003– cuando ya no formaba parte de Teisa, pues había dejado de ser accionista el 2 de julio de 1999.

Si bien suscribió dichos convenios cuando se desempeñaba como servidor público, su cargo no lo ocupaba en Pemex Refinación, sino como diputado federal y, en consecuencia, no los firmó en el ámbito de su empleo y dentro de los límites de los servicios que tenía encomendados, puntualiza el informe.

En el documento se asegura que no existen indicios para suponer que la firma de estos contratos representara abuso o ejercicio indebido de su puesto.

Los integrantes de la comisión recordaron que las investigaciones sobre el caso comenzaron ante las denuncias del FAP sobre probable tráfico de influencias. Sin embargo, el frente no aportó documentos al respecto.

Por último, insistieron en que la ética no va más allá de la ley. Al no haber cometido ningún acto ilegal y tampoco haber afectado a terceros, la actuación de Mouriño se apega a la ética, subrayaron.

Cabe destacar que el secretario de Gobernación envió a la comisión especial una carta fechada el 12 de mayo, en la que de nuevo se defiende de las acusaciones en su contra y asegura no haber cometido tráfico de influencias ni haber caído en conflicto de intereses. En su argumentación utiliza señalamientos similares a los que usaron los comisionados.

 
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