A propósito de maestros
Durante décadas uno de los flancos favoritos de ataque de Acción Nacional contra el autoritarismo posrevolucionario fueron los sindicatos nacionales. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), en particular, era para los panistas la prueba viviente del antidemocrático control corporativo típico del PRI, así como un pozo insondable de corrupción y, por encima de todas las cosas, el pilar de la ideología oficial y su principal propagandista. La ofensiva panista contra la organización magisterial era una cuestión de principios, que se derivaba naturalmente de su oposición al artículo tercero constitucional y al laicismo obligatorio. La postura oficial de Acción Nacional era la defensa de la libertad de enseñanza, que iba aparejada a la libertad de asociación, temas que el priísmo simplemente se negaba a tratar.
Por esas razones fue tan inesperada la alianza entre Vicente Fox, el poco escolarizado presidente del cambio, y la lideresa-presidenta del SNTE, Elba Ester Gordillo. No obstante, la sustancia de este arreglo quedó al descubierto cuando firmaron un acuerdo para distribuir la Guía de Padres, un libro preparado por los amigos de la señora Marta Sahagún de Fox, que trataba, por ejemplo, los temas de la familia desde una perspectiva muy conservadora ajena a las tradiciones de la educación pública. La maestra Gordillo se comprometió a propalar un mensaje poco republicano, a cambio de que el gobierno que simbolizaba el paso de México a la democracia protegiera y acrecentara todos los privilegios que el liderazgo sindical había obtenido de sus antiguos aliados, los priístas. Acción Nacional en el poder no solamente abrazó conmovido al SNTE, sino que lo enriqueció.
Ambos, Vicente Fox y Elba Ester Gordillo, podían ser acusados de traición por sus respectivos correligionarios y seguidores, pero ambos se escudaban en el argumento de que estaban poniendo los intereses de la niñez mexicana por encima de todas las cosas.
Sin embargo, es precisamente la niñez mexicana la víctima de estos arreglos políticos en los que, por ejemplo, a cambios de la movilización del voto corporativizado del magisterio, se han entregado a los sindicalistas posiciones claves en la Secretaría de Educación Pública. Este es uno de los costos más altos que han pagado los panistas, y con ellos todos nosotros, por mantener una buena relación con una lideresa sindical que encarna todos los vicios de una organización de poder, de un sindicato cuya lógica está gobernada por un objetivo primordial: acumular más poder. Los fines naturales de la educación pública han quedado relegados a un segundo lugar, frente a los intereses personales y partidistas de los dirigentes sindicales, como lo demuestra el control del SNTE sobre posiciones claves de la SEP, por ejemplo la Subsecretaría de Educación Básica, o sus delegaciones en los estados, así como la terca negativa a someterse a procesos serios de evaluación que midan con estándares internacionales la competencia profesional de los maestros. El sindicato prefiere que esas evaluaciones midan antes que nada la fidelidad sindical, y a partir de parámetros exclusivamente nacionales, porque sabe que una medición internacional equivale a una inapelable condena a su desempeño.
La función central de todo sindicato es la defensa de los derechos de los trabajadores, que es la divisa que enarbolan los maestros en el SNTE, al igual que la disidencia; sin embargo, este principio ha significado una violación de los derechos del niño mexicano a tener una buena educación que le abra oportunidades para su desarrollo personal. La politización de los maestros, ya sea como parte de la estructura de poder, o del antipoder que se ha construido en torno a la disidencia magisterial, ha generado un profundo antagonismo entre los intereses de largo plazo del niño mexicano y los de su maestro. Es falso que sean parte de un mismo proyecto. Mientras millones de niños siguen creyendo en el poder liberador de la educación y esperan ilusionados que sus maestros les den los instrumentos de su salvación, muchos de éstos se muestran indiferentes a esas ilusiones y ponen el corazón en las actividades de partido, en la perspectiva de obtener una diputación, un aumento salarial o de multiplicar el número de días y horas libres, con licencia y sin licencia.
Como bien señala Aurora Loyo-Brambila en un artículo titulado “Catástrofe educativa…” (Enfoque, 11/05/08), reformas y evaluaciones educativas van y vienen, y la educación de nuestros niños no mejora. Día con día tenemos que lidiar con las deficiencias básicas de personal administrativo que no sabe aprender, de estudiantes universitarios que no pueden expresarse correctamente por escrito, de entrevistados elegidos al azar por reporteros televisivos que no pueden verbalizar sus opiniones (o sus preguntas). Aurora Loyo escribe que la salida del laberinto que representa la educación nacional es política. Pero esta perspectiva supone nuevamente subordinar el derecho del niño al derecho del político.