■ Beneficia a compañías como Halliburton, que ya operan en Chicontepec, dicen expertos
Con dedicatoria a empresas extranjeras, la propuesta fiscal del Ejecutivo para Pemex
■ Significará una pérdida de la renta petrolera de entre 200 mil y 300 mil millones de pesos anuales
La nueva reforma fiscal para Petróleos Mexicanos (Pemex) propuesta por el Ejecutivo federal tiene como propósito fomentar la entrada de capital privado a la industria petrolera beneficiando principalmente a empresas como Halliburton, que ya operan en la perforación de campos en Chicontepec, consideraron expertos en materia energética y financiera.
La razón para estas modificaciones es estimular la inversión particular en el sector, porque ninguna empresa privada iba a entrar con tasas impositivas de 105 por ciento sobre flujo de efectivo, como las que paga la paraestatal, y ahora les proponen entrar con gravámenes de entre 60 y 71 por ciento, lo que significará una pérdida de la renta petrolera para el fisco de entre 200 y 300 mil millones de pesos anuales, mientras que para Pemex no hay ningún beneficio directo.
La iniciativa establece un régimen diferenciado para facilitar la extracción de petróleo y gas natural en zonas difíciles y complejas, como los proyectos en aguas profundas. En ella se propone reducir entre 15 y 20 por ciento la tasa impositiva a las empresas privadas, con respecto a la que le cobran a Pemex, y una deducción de 10 dólares por barril de crudo o gas que se produzca en Chicontepec, y de 15 dólares en aguas profundas.
En este último caso se propone que ciento por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la exploración sería deducible hasta que los hidrocarburos fueran extraídos y formaran parte de la producción.
Ignacio Cedillo, experto en mercados petroleros de la consultoría Bursamétrica, indicó que la iniciativa enviada por el Ejecutivo al Congreso tiene como objetivo alentar la inversión privada, pero sin un beneficio directo para Pemex. Además, la propuesta se debió incluir en el paquete enviado en marzo pasado, para que fuera incorporada en los debates que actualmente se llevan a cabo en el Senado de la República.
Consideró que si verdaderamente se quisiera beneficiar a Pemex, se le debería haber bajado en la misma proporción la carga fiscal que pesa sobre la empresa y no le permite desarrollarse.
A su vez, Miguel García Reyes, especialista en temas geopolíticos del petróleo, consideró que la reciente iniciativa de reforma fiscal para Pemex solamente polarizará a los dos principales grupos que buscan, por un lado, la apertura del sector energético a la inversión privada, y por el otro, que Pemex sea la palanca del desarrollo.
Indicó que la propuesta lo que hace es dispensar una parte de los impuestos a las empresas privadas que eventualmente pudieran incorporarse a la exploración y explotación de crudo y gas en aguas someras y profundas del Golfo de México. En términos geopolíticos, dijo, esto va a violentar el debate y va a polarizar a la sociedad, como está ocurriendo en Bolivia y Venezuela.
Lourdes Rocha Juárez, analista del grupo financiero Banamex, señaló: “Pemex se podría beneficiar ampliamente con esta medida, si no le limitan máximos de deducción fiscal, y de esa manera pudiera llegar a ejecutar las inversiones necesarias”.
La iniciativa, dijo, reconoce los mayores costos de exploración y extracción, así como los tiempos sensiblemente más amplios de desarrollo de este tipo de yacimientos petroleros.
En su oportunidad, Mario di Costanzo, analista financiero, aseguró que con esto el gobierno pretende “cerrar la pinza” para asegurar que la iniciativa privada entre a competir con Pemex de una manera más ventajosa.
Mencionó que esta iniciativa lleva una dedicatoria clara a empresas privadas que operan en Chicontepec y Cantarell, como Halliburton en el primer caso, y Schlumberger, en el segundo. Explicó que en Cantarell actualmente existen 80 pozos cerrados con una producción de 6 mil barriles diarios, que se podrían reabrir con una carga fiscal más baja que la que se le aplica a Pemex.
Consideró que con las reducciones impositivas propuestas, entre 30 y 40 por ciento, la pérdida de la renta petrolera sería de entre 200 mil y 300 mil millones de pesos anuales, que ahora se desviarían a beneficios privados.