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■ Aprovechan el informe de la Interpol para exigir que se investigue a Chávez y Correa

Grupos opositores se lanzan contra los gobiernos de Venezuela y Ecuador

■ Periódico de Costa Rica vincula a políticos, sindicalistas, estudiantes y docentes con las FARC

Afp, Dpa y Reuters

Caracas, 16 de mayo. Opositores al gobierno de Venezuela y Ecuador aprovecharon el informe presentado la víspera por la Interpol, el cual atribuye a las cúpulas de dichos países nexos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

El partido opositor social cristiano Copei, de Venezuela, solicitó a la fiscalía del país que realice una investigación para determinar si el presidente Hugo Chávez cometió el delito de traición a la patria por supuestamente ocultar el asesinato de seis venezolanos a manos de las FARC en 2004.

Por su parte, Diego Ordóñez, jefe de la opositora Unión Demócrata Cristiana de Ecuador, aseguró que su partido solicitará el lunes al Tribunal Supremo Electoral que, con la información revelada en los supuestos archivos del ex líder de las FARC Raúl Reyes, abatido en territorio ecuatoriano, se indague “la posible aportación de 100 mil dólares a la campaña del actual presidente Rafael Correa.

Asimismo, los correos hallados en la computadora del fallecido número dos de las FARC ponen de manifiesto que la guerrilla colombiana tuvo numerosos contactos con políticos, sindicalistas, estudiantes y docentes costarricenses hasta el año pasado. En total, 36 mensajes de las FARC aluden a contactos y reuniones en el país, según el diario La Nación, el cual transcribe los contenidos.

El primero está fechado el 31 de mayo de 2000 y el último el 5 de noviembre del año pasado. En ellos, Raúl Reyes, muerto en el bombardeo del ejército colombiano contra un campamento de la guerrilla en territorio ecuatoriano el primero de marzo pasado, menciona al ex presidente Rodrigo Carazo (1978-82), cuya “posición era buena hacia las FARC y habría que tocarlo nuevamente”, y con el que “conversaron dos o tres veces (...) hasta en su casa”.

También menciona al diputado opositor José Merino, del Frente Amplio, y a Jorge Arguedas Mora, del sindicato del Instituto Costarricense de Electricidad, quien “nos prometió ayudar económicamente, en parte para la publicación de la revista”, aunque no menciona cuál, en un correo del 12 de junio de 2001.

Otro mencionado es el “compañero Saúl (Umaña)”, abogado que “trabaja tiempo completo en la Asociación Nacional de Empleados Públicos” y al que le pueden dejar “algunos artículos nuestros para entregar al grupo de apoyo”.

 
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