■ Consejo autónomo de Magdalena de la Paz denuncia intento de despojo de tierras
Programa agrario crea conflicto entre comunidades de los Altos de Chiapas
El consejo autónomo de Magdalena de la Paz y la Junta de Buen Gobierno (JBG) de los Altos de Chiapas denunciaron el intento de despojo de una porción del territorio perteneciente al pueblo tzotzil antes Santa María Magdalena, ahora municipio oficial de Aldama, y al municipio autónomo.
Las autoridades zapatistas refieren que “con la imposición del Procede (Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares) se hicieron nuevos planos de los bienes comunales de Aldama y el poblado Santa Martha, municipio de Chenalhó, que son colindantes”. De ellos resultó el conflicto por una porción de tierra “que ancestralmente ha poseído Aldama y según los nuevos planos queda dentro de Santa Martha”.
Este caso demuestra cómo el Procede “únicamente sirve para crear problemas en las comunidades”. Por muchos años los dos pueblos habían vivido en paz, “respetándose mediante acuerdos basados en sus costumbre y tradiciones; por mano del mal gobierno se están acercando a un enfrentamiento que puede tener consecuencias lamentables, como ya sucedió entre Chenalhó y Chalchihuitán”.
El terreno en disputa tiene una extensión de 30 hectáreas y pertenece a 30 familias zapatistas y 85 priístas. “A los hermanos de Aldama les pertenece este terreno quizá desde antes de que nos invadieran los españoles. Hasta ahora viven seis familias en el lugar, por lo que son los legítimos dueños”.
El problema “es ancestral, pero siempre se ha podido resolver entre los dos pueblos”, que se han reconocido como distintos; aunque sean tzotziles, tienen diferencias culturales, de idioma y vestimenta.
“A Santa María Magdalena los reyes españoles le entregaron título primordial y plano, mientras que Santa Martha estaba dentro del papel de San Pedro Chenalhó”. La confusión pudo comenzar cuando personas ajenas a estos pueblos que nunca necesitaron de planos ni colindancias decidieron dónde terminaba un pueblo y empezaba el otro”.
En 1977 regresó el problema, pero hubo diálogo y un acta de acuerdo que respetaba las colindancias, que serían en el otro lado del río. “La solución se encontró entre indígenas”. En 1995 se renovó el convenio, “retomando el contenido y el espíritu original del respeto mutuo”, añade la JBG.
“Todo se echó a perder en 2000, cuando Santa Martha, a través del Procede, logró su plano definitivo” que repite el error. “En días pasados la gente de Santa Martha ocupó parte de estas tierras, afectando los sembradíos e impidiendo que los de Aldama puedan trabajar”. Entre los afectados hay zapatistas.
“Como los de Santa Martha se sienten respaldados por el gobierno”, condicionan a los de Aldama que “si quieren su tierra”, deben cumplir ocho condiciones, entre ellas que paguen mil pesos cada uno como derecho de ingreso a su ejido, cooperen con gastos, colaboren en los trabajos comunitarios de Santa Martha, y cumplan cargos tradicionales.
Los puntos que imponen los de Santa Martha son “una injusticia”, porque “quieren obligar a practicar las costumbres de ellos, y tendrían que cumplir obligaciones comunitarias en dos lugares”.
Las partes se reunieron en la Procuraduría Agraria, en presencia de funcionarios, presidentes municipales y comisariados. Acordaron que Santa Martha deje los terrenos invadidos, y los de Aldama analizan si aceptarán los ocho puntos de Santa Martha.
El consejo autónomo y la JBG respaldan “hasta las últimas consecuencias” la decisión de los zapatistas afectados. “Independientemente de lo que acepten los hermanos priístas, no aceptamos ni un punto que pretenden imponernos. Exigimos a los hermanos de Santa Martha que respeten nuestros acuerdos”.