Usted está aquí: viernes 23 de mayo de 2008 Política Con fuertes críticas a México, el Senado de EU aprobó ayer la Iniciativa Mérida

■ Terminar con la “larga historia de corrupción de militares y policías”, una de las condiciones

Con fuertes críticas a México, el Senado de EU aprobó ayer la Iniciativa Mérida

■ Patrick Leahy rechaza que aplicar esa medida represente una violación a la soberanía

David Brooks (Corresponsal)

Nueva York, 22 de mayo. El Senado de Estados Unidos aprobó hoy la Iniciativa Mérida con condiciones. En ese contexto, el senador Patrick Leahy afirmó que “es fundamental” que tales medidas sean incorporadas, dada la larga historia de corrupción y violaciones de derechos humanos en las fuerzas armadas y policiacas de México y países centroamericanos, y rechazó que aplicarlas sea una violación de la soberanía.

La versión del proyecto de la mencionada iniciativa aprobada por la Cámara alta otorga 350 millones de dólares a México, como la primera de tres entregas de fondos a esa nación. La aprobada anteriormente por la Cámara de Representantes establece un monto de 400 millones y carece de las condiciones. Ahora, ambas versiones tendrán que ser negociadas para integrar una versión final, que será sometida al presidente George W. Bush para su promulgación.

Pero hoy, el influyente senador Leahy, en un comunicado, buscó dejar en claro que las condiciones permanecerán como parte integral de esta asistencia.

Leahy aludió a críticas en “la prensa mexicana” de que la imposición de condiciones a la asistencia estadunidense representa algún tipo de “intromisión”. En aparente referencia a críticas de La Jornada, entre otros medios de comunicación, preguntó: “¿Desde cuándo es mala política, o una transgresión de algo, insistir en que los dólares del contribuyente estadunidense no sean otorgados a fuerzas policiacas o militares corruptas o abusivas, en un país cuyo sistema de justicia tiene fallas serias y en rara ocasión castiga la mala conducta oficial?”

En su editorial del pasado 19 de mayo, La Jornada acusó de “injerencista e hipócrita” la descalificación estadunidense en materia de derechos humanos y prácticas judiciales, mismas que formarían parte de las condiciones que el Senado desea imponer para la asistencia a México.

En su comunicado emitido hoy, el cual reproduce sus declaraciones de ayer en el Senado, el presidente del Comité Judicial e integrante del Comité de Apropiaciones expresó su apoyo en principio a la propuesta, diciendo que es un buen “primer paso” en el intento de abordar el problema del narcotráfico de manera compartida entre países socios. Pero también criticó la forma en que se formuló de manera “secreta” por ambos gobiernos y sin consultar a las respectivas legislaturas de México o Estados Unidos, ni abrir el proceso a “representantes de la sociedad civil”. De hecho, dijo, él como otros legisladores se enteraron primero de la iniciativa a través de las prensa.

Leahy, considerado liberal y crítico de las políticas del gobierno de George W. Bush, dijo que supone que esta iniciativa durará mucho más que los tres años que ahora se proponen y, por tanto, se necesitan abordar “preocupaciones legítimas sobre derechos humanos, el monitoreo y supervisión… y también la rendición de cuentas”.

Al argumentar este punto, señaló las condiciones que el Senado impone a la iniciativa: “Requerimos que la Secretaría de Estado determine e informe que se realizan procedimientos y se han tomado acciones por los gobiernos mexicano y centroamericanos para asegurar que los receptores de nuestra asistencia no están involucrados en corrupción o violaciones de derechos humanos, y que integrantes de las fuerzas militares y policiacas que cometen violaciones sean llevados ante la justicia. Esto es fundamental”.

Afirmó: “Durante años hemos capacitado (a) fuerzas policiacas mexicanas y centroamericanas, y es bien conocido que algunos de ellos han acabado trabajando para los cárteles de la droga. Es del conocimiento común que la corrupción es extensa entre sus instituciones de procuración de justicia, las mismas entidades que estamos a punto de apoyar”.

Agregó: “Es indiscutible que fuerzas militares y policiacas mexicanas y centroamericanas tienen una larga historia de violaciones de derechos humanos –incluidas detenciones arbitrarias, tortura, violaciones sexuales y asesinatos extrajudiciales– por las cuales casi nunca han sido responsabilizadas”. Ante esto, continuó Leahy, “algunos (sectores), particularmente de la prensa mexicana, argumentan que condicionar nuestra asistencia con apego al marco de la ley es de alguna manera ‘transgresión de la soberanía’, ‘subyugación’ o ‘intromisión’, o incluso que envía ‘una señal equivocada’. Estoy completamente en desacuerdo”.

Recordó: “Así como hay quienes critican a mi gobierno por fracasar en cumplir las leyes estadunidense e internacional, como ha ocurrido en Guantánamo, Abu Ghraib y otras partes, creo que es mi deber insistir sobre el respeto a los principios fundamentales de justicia. Estoy confiado en que los pueblos mexicano y estadunidense estarán de acuerdo”.

A su vez, Thomas Shannon, secretario asistente de Estado para el Hemisferio Occidental, consideró que “el Congreso tiene la responsabilidad de asegurar que los fondos estadunidenses se gasten de manera apropiada, especialmente en relación con nuestros valores y derechos humanos”.

Al responder a este tema en una conferencia de prensa a principios de esta semana, consideró que tanto Estados Unidos como México tienen que responsabilizarse. “Por tanto, hoy y siempre habrá un grado de condicionalidad en torno a dineros destinados a México en el contexto de la Iniciativa Mérida, tenemos nuestra propia conducta con la cual cumplir en este esfuerzo… y eso implica respetar nuestra parte del acuerdo, especialmente en torno a la interdicción de tráfico de armas a nuestro vecino y la lucha en contra del lavado de dinero aquí, en Estados Unidos.”

Por otra parte, varias organizaciones de derechos humanos –incluida Amnistía Internacional-Estados Unidos y Washington Office on Latin America (WOLA)– en este país han promovido la necesidad de imponer condiciones en la Iniciativa Mérida, argumentando casi textualmente lo dicho por el senador Leahy. Ante esta presión, y también para ofrecer algunos cambios frente a la oposición a esta iniciativa por parte de algunos sindicatos y agrupaciones que han cuestionado la medida considerándola intervencionista, algunos legisladores como Leahy han decidido incluir estas condiciones.

Los dos jefes del Ejecutivo, Felipe Calderón, de México, y George W. Bush, de Estados Unidos, sólo están a la espera de la versión final.

 
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