Usted está aquí: viernes 23 de mayo de 2008 Política Hay expediente abierto contra Luna Altamirano, confirma magistrado

■ La juez Silvia Carrasco presentó queja por daños a su persona

Hay expediente abierto contra Luna Altamirano, confirma magistrado

Alfredo Méndez

El magistrado Oscar Vázquez Marín, consejero de la Judicatura Federal (CJF), confirmó a La Jornada que ese órgano, encargado de la administración, regulación y disciplina de los juzgadores federales, tiene abierto un expediente para investigar si fue apropiada la conducta del magistrado unitario Jesús Guadalupe Luna Altamirano, a raíz de una queja que presentó en su contra una juez de procesos penales del Reclusorio Norte.

“La queja que se presentó (contra Luna Altamirano) es por cuestiones que la juez (Silvia Carrasco) estimó que dañan su persona”, puntualizó Vázquez Marín, entrevistado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales.

La polémica entre el magistrado y la juez derivó del caso de Iván Archivaldo Guzmán, El Chapito, hijo del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, quien hace un mes fue excarcelado del penal de máxima seguridad del Altiplano, ubicado en el estado de México.

Este diario reveló hace dos semanas que la juez Silvia Carrasco, quien juzgó en primera instancia a El Chapito y lo sentenció a cinco años de prisión, interpuso su queja ante el CJF para que sea sancionado Luna Altamirano.

Según la juez, su compañero lanzó en su contra “señalamientos calumniosos” que carecen de sustento y que supuestamente ponen en peligro la vida de la impartidora de justicia, ya que durante una conferencia de prensa efectuada el pasado 10 de abril, Luna Altamirano aseguró que ella mantuvo en prisión a El Chapito valiéndose de “apreciaciones subjetivas”.

Vázquez Marín también informó que durante 2007 fueron sancionados 26 jueces federales, en la mayoría de los casos por conducta inapropiada y dilación en los procedimientos judiciales.

Finalmente, el consejero de la Judicatura rechazó que los conflictos entre impartidores de justicia afecten la imagen y credibilidad del Poder Judicial Federal.

 
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