■ Analiza recurso de la PGR contra la ley de transparencia
Pospone la Corte debate sobre acceso del público a expedientes de juicios
Después de hora y media de discusión, a petición de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien recibió severas críticas a su proyecto de resolución, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió aplazar de forma indefinida el debate sobre una acción de inconstitucionalidad con la que se pretende definir si es contrario a la Carta Magna permitir a cualquier ciudadano, investigador o periodista que consulte expedientes de juicios, penales o civiles, aun cuando estén en trámite y carezcan de sentencia definitiva.
En su proyecto, la ministra propuso que se considere legal el acceso de cualquier persona al contenido de los expedientes judiciales en trámite, en atención al principio de máxima publicidad que señala el artículo sexto de la Constitución, que se refiere al derecho a la información.
Sin embargo, cuando cinco de los 11 ministros manifestaron su desacuerdo con el proyecto y se preveía que votarían en contra de dar acceso a los expedientes, Sánchez Cordero solicitó la palabra para pedir que el asunto se retirara de la discusión con el propósito de realizar cambios al documento en los próximos días.
Los principales argumentos de los ministros en la sesión de ayer fueron que si se permite el acceso indiscriminado a información de juicios en trámite se afectaría la vida privada y el honor de las personas involucradas en un proceso del que no hayan recibido sentencia definitiva.
“No creo que las acusaciones en falso que lastiman la reputación y la estima de una persona deban ser del conocimiento público sin que exista sentencia definitiva de juez competente. ¿Será lícito permitir acceso a expedientes sin una sentencia definitiva? No lo creo así”, concluyó Salvador Aguirre Anguiano, quien recibió el respaldo de tres ministros.
La acción de inconstitucionalidad fue interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) con la finalidad de echar abajo diversos artículos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León, que permite que cualquier persona consulte en forma indiscriminada expedientes judiciales.