Bancos de San Hipólito, en la última instancia por su territorio
“Nuestra lucha es más que sólo una reclamación agraria, es por nuestra madre que está viva, Takiekari Peyeniere”, es lo que se escucha de los viejos en las asambleas de la comunidad autónoma de Bancos de San Hipólito, territorio wixárika (huichol). “Tenemos el derecho”, se expresa en convenios internacionales como el 169 de la OIT, firmado por este país, y que sin embargo no se han respetado ni diseñado los mecanismos para que se hagan efectivos; es decir, existe el convenio, pero no los mecanismos procedimentales para que se ejecuten.
La comunidad autónoma de Bancos de San Hipólito se encuentra en el municipio de El Mezquital, Durango, y es parte del territorio ancestral de la comunidad wixárika de Tatei Kie (La casa de nuestra madre) o San Andrés Cohamiata, municipio de Mezquitic, Jalisco. La superficie de Bancos comprende 10 mil 720 hectáreas que desde 1968 ambicionan los mestizos de la comunidad vecina de San Lucas de Jalpa, al ver que cuando se dio la resolución presidencial de San Andrés Cohamiata se segregaron cerca de 170 mil hectáreas, quedando fuera tres comunidades que tradicionalmente pertenecen (hasta estas fechas) a San Andrés.
El 28 de julio de 1981 se emitió la resolución presidencial en favor de San Lucas de Jalpa, que le reconoce y titula más de 33 mil 456 hectáreas, que incluyen las 10 mil 720 que tenía dotadas nuestra comunidad, revocando así la dotación ejidal otorgada a Bancos.
En noviembre de 1993 se comunicó a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) la situación de la zona segregada a San Andrés, que incluye el caso de tres comunidades (Saucito, Tierra Blanca y Bancos de San Hipólito). La reclamación fue interpuesta por el Sindicato de Radio Educación en representación de la Unión de Comunidades Indígenas Huicholas (UCIH). Entonces la OIT emitió una resolución dirigida al Estado mexicano por incumplimiento del Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, al no haber resuelto el caso de Bancos de San Hipólito, siendo ésta la primera recomendación territorial emitida en favor de un pueblo indígena por la OIT, a escala mundial, misma que se repitió en el informe 2006 del organismo. En este contexto es que la Universidad de Arizona declaró que “posiblemente el caso de Bancos sea uno de los mas importante del mundo”.
Con la demanda interpuesta el 7 de noviembre de 2002, la lucha por el territorio sagrado que dejaron nuestros ancestros inició una nueva etapa jurídica; sin embargo, nos encontramos con una rotunda negativa por parte del Tribunal Agrario de Durango, que emitió una sentencia racista y de despojo en contra de la comunidad, en donde resuelven que los wixaritari de Bancos restituyamos las tierras a los mestizos de San Lucas. El 5 de noviembre de 2006, las autoridades tradicionales y agrarias de Santa Catarina Cuexcomatitlán (Tuapurie), San Sebastián Teponahuxtlán (Waut+a) y Tuxpan (Tutsipa), las autoridades tradicionales, el comisariado autónomo y el comité particular ejecutivo (integrado por el consejo de ancianos) de Bancos de San Hipólito y la presidencia de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales Interestatal Durango-Nayarit-Jalisco, nos pronunciamos por la unidad del pueblo wixárika y reivindicamos el territorio ancestral, incluyendo Bancos de San Hipólito”. Así también, expresan un rotundo rechazo a esta sentencia emitida por el tribunal unitario agrario del distrito 7 en Durango.
Con esta sentencia, el Estado mexicano menosprecia las dos recomendaciones (1998 y 2006) que le envió la Organización Internacional del Trabajo con el fin de que reconozca el territorio ancestral de los wixaritari de Bancos, y recrudece la beligerancia de los invasores mestizos.
Ante el desconocimiento de los acuerdos internacionales de tribunales de la entidad, la comunidad recurrió al Tribunal Superior Agrario en la ciudad de México, al interponer recurso de revisión; sin embargo, dicha instancia reiteró la sentencia de Durango, por lo que se presentó un amparo, insistiendo en las inconsistencias y la omisión de pruebas fundamentales, con base en títulos virreinales, peritajes antropológicos y, sobre todo, con la verdad de nuestro derecho.
El día de ayer (martes) los ancianos, las autoridades autónomas agrarias y los asesores jurídicos de la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas (AJAGI) presentamos alegatos de oído ante los tres magistrados que se encargarán de dictar sentencia.
Hoy el expediente número 88/08, correspondiente al problema que nos aqueja, se discute por los magistrados del decimoquinto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito. Es posible que se dictamine sentencia en la última instancia de este país donde se puede lograr justicia; se verá la voluntad y capacidad para hacer valer un derecho histórico de uno de los pueblos originarios de esta país sobre los intereses caciquiles respecto del bosque y el agua por parte de los mestizos de San Lucas de Jalpa.
Es el momento en el que el Estado mexicano puede dar cumplimiento a la resolución emitida por tres relatores de la ONU el pasado primero de abril de 2008, en donde expresan su preocupación de que la comunidad de Bancos de San Hipólito no cuente con las garantías en México para que sea reconocido su derecho.
* Presidente del comisariado autónomo de Bancos de San Hipólito