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Soledad Loaeza

De 1968 a 1988: el paso de un sistema a otro*

Ampliar la imagen Detención de estudiantes el 2 de octubre del 68 Detención de estudiantes el 2 de octubre del 68 Foto: Colección de Manuel Gutiérrez Paredes

El movimiento estudiantil mexicano de 1968 guarda algunas semejanzas con las movilizaciones universitarias que ocurrieron ese mismo año en otros países, en particular en cuanto a orígenes inmediatos y protagonistas. Al igual que en otros casos, la explosión demográfica de las instituciones de educación superior de los años sesenta había generado serios problemas de recursos humanos y materiales. En México también los actores centrales de la crisis eran hijos de las clases medias, que mucho se habían beneficiado del crecimiento económico de la posguerra. Asimismo, el movimiento estudiantil mexicano fue en un sentido amplio una protesta contra la autoridad y la disciplina tradicionales, y, dentro de una perspectiva más estrecha, ha podido interpretarse como un conflicto generacional.

Sin embargo, las semejanzas entre las diferentes movilizaciones estudiantiles de la segunda mitad de los años sesenta sólo pueden establecerse en un plano muy general. El alcance de la crisis mexicana fue mucho más profundo que en otros casos, en términos de la estructura política y de su evolución ulterior. La magnitud de su impacto se explica por las formas específicas de organización del poder, antes que por el nivel de desarrollo económico o por la fisonomía particular de la estructura social. En un régimen democrático, un desafío a la autoridad análogo al que lanzaron los universitarios mexicanos en 1968 quizá pusiera en tela de juicio ciertas prácticas políticas, pero no los fundamentos mismos del régimen, como ocurrió aquí.

En 1968 los estudiantes mexicanos desnudaron con tanta eficacia y casi naturalidad el autoritarismo, hasta entonces revestido de crecimiento económico y de conformismo, que su movilización fue un primer paso hacia el desmantelamiento de uno de los aspectos centrales de este régimen: la no participación. Cuando la apatía y la despolitización sustentan la autoridad, como había sido el caso en México en las tres décadas anteriores, las demandas de participación efectiva ponen en juego el equilibrio político, el cual se verá profundamente alterado en caso de que tales demandas sean satisfechas. Esto es, desde los años cuarenta y como efecto de las luchas del periodo anterior, la participación política había sido considerada fuente de inestabilidad, y la necesidad de superar tal inestabilidad fue una de las justificaciones centrales de las políticas de desmovilización –la educación y el control sindical y partidista, por ejemplo–; en cambio, a partir de 1968 fue abriéndose paso la idea de que la no participación era tanto o más desestabilizadora que su opuesto. En la década de los sesenta, el sistema político mexicano todavía era considerado un éxito. Desde 1940 había logrado mantener una tasa media anual de crecimiento económico de 6 por ciento, en un marco de estabilidad que combinaba formas democráticas y prácticas autoritarias, con el apoyo de un consenso modernizador que hacía las veces de opinión pública. La constitución vigente establecía un régimen democrático, pluralista y representativo en el marco de una república federal. No obstante, estas definiciones formales resultaban extrañas a una realidad dominada por la centralización del poder y el corporativismo. Tanto así, que pese a los ordenamientos constitucionales, el régimen político mexicano se ajustaba más al modelo autoritario de pluralismo limitado y no participación propuesto por Juan J. Linz para el análisis de la España franquista, que al de las democracias occidentales que habían sido la referencia inicial del régimen.

Frente a otros regímenes autoritarios, el mexicano tenía la ventaja de contar con orígenes revolucionarios que le permitían reclamar una legitimidad democrática sustentada en la representatividad popular del Estado, antes que en elecciones libres. Pese a que desde el fin de la etapa armada de la Revolución, esto es, principio de los años veinte, la renova- ción de poderes en todos los niveles transcurría periódica y regularmente, el sentido de la participación electoral era, en primer lugar, el de un refrendo a decisiones tomadas de antemano. Aunque la elite política nunca adoptó la doctrina de partido único, el número de grupos que competía por el poder era limitado, pues se concentraba en un partido oficial que era también instrumento del Estado.

Este desequilibrio real no era resultado de un pacto oligárquico, sino que estaba fundado en la alianza histórica entre líderes de clase media y grupos de campesinos y obreros que habían sido el corazón de la Revolución de 1910. Posteriormente, este acuerdo se convirtió en una de las piedras angulares del autoritarismo, pues el compromiso con los intereses populares justificó la construcción de una estructura política centralizada como condición necesaria para lograr la modernización económica y la democracia. Los pilares de esa estructura eran corporaciones de diferente tipo: las estatales que organizaban fundamentalmente a obreros y campesinos, y las que habían sido creadas con independencia del Estado, o habían logrado mantener cierto grado de autonomía para defender intereses particulares, como la Iglesia católica o la Universidad Nacional.

Aquí lo que interesa destacar es que, al igual que el autoritarismo plebiscitario que se desarrolló en Europa occidental, durante la industrialización de la segunda mitad del siglo XIX el autoritarismo mexicano del periodo de crecimiento económico de la posguerra se justificaba como etapa transitoria de una evolución ascendente hacia la modernidad, que hubiera podido verse obstaculizada por una participación política libre y plural. Los riesgos de inestabilidad derivados de posibles conflictos y fragmentaciones producto de la competencia por el poder eran excusa suficiente para que la despolitización se instalara como rasgo característico de la sociedad mexicana en esa época. Así, la función de las elecciones no era expresar la complejidad política de la sociedad, ni siquiera sus preferencias ideológicas, sino renovar simbólicamente el compromiso de largo plazo del sistema con la democracia.

Normalmente, los procesos electorales se desarrollaban en medio de una relativa indiferencia y los candidatos del partido oficial podían contar con márgenes desahogados de triunfo. Más todavía, a pesar de que las cifras históricas de participación arrojaban tasas de abstencionismo que oscilaban entre 35 y 25 por ciento, los sucesos electorales de los años ochenta apoyaron la hipótesis de que la participación era menor de lo que registraban las cifras oficiales, pero que tendió a aumentar, aunque en la elección presidencial de 1988 se abstuvo de votar alrededor del 50 por ciento de la población empadronada. Según un agudo observador, Rafael Segovia, la diferencia se explicaría por una mejora en el cómputo y vigilancia de los votos, es decir, por la disminución relativa del fraude. El abstencionismo más o menos generalizado reflejaba las limitaciones de una sociedad con bajos niveles de escolaridad, pero era también la respuesta natural a la imposibilidad real de que triunfara algún partido o grupo no gubernamental, a la debilidad de un sistema de partidos en desequilibrio permanente entre el poderoso partido oficial y una oposición enclenque, y a la no representatividad e ineficacia de las cámaras legislativas.

Contrariamente a lo que hubieran podido imaginar las autoridades políticas en 1968, el movimiento estudiantil y la represión de que fue víctima, en lugar de fortalecer la apatía y actitudes negativas hacia la participación, familiarizaron a amplios sectores de la población, en particular en el seno de las clases medias, con el lenguaje democrático –como ocurrió en España antes de la transición–, y también los alertaron con respecto a los costos posibles de la arbitrariedad gubernamental. Es probable que la violencia que ejerció el gobierno del presidente Díaz Ordaz contra los estudiantes haya sido repugnante a otros grupos sociales que, aun cuando hubieran aceptado la gravedad del conflicto y la urgencia de la solución como efecto colateral, también hayan reconocido la necesidad de poner límites a la autoridad. Así, los acontecimientos de 1968 habrían relegitimado la práctica de la participación política independiente no sólo porque confrontaron a la autoridad con su propio discurso democrático, sino porque revelaron la vulnerabilidad de todos los grupos sociales frente al poder.

Aunque este fenómeno no condujo de inmediato a un aumento de la participación electoral, modificó valores y comportamientos sociales, y este cambio no se resolvió en una mera rebelión cultural, sino que a mediano plazo propició un reordenamiento de las alianzas del Estado y de ahí la alteración del sistema político. En la medida en que la participación y la organización independientes fueron reconocidos como valores compatibles con la estabilidad, e incluso necesarios para su mantenimiento o superiores a ella, las clases medias –los grupos que históricamente han mostrado mayor capacidad para defender su participación, ya sea en la política o en la economía– se desplazaron de la posición esencialmente pasiva de grupos de referencia social que ocupaban desde los años cuarenta hacia la de auténticos interlocutores del poder.

Desde una perspectiva histórica de largo plazo, el movimiento estudiantil acarreó la rebelión postergada de clases medias que habían sido marginadas del pacto político autoritario de los años veinte y treinta, pero que entonces pudieron volver por sus fueros, gracias al fortalecimiento que habían derivado de la expansión económica. La crisis de 1968 no precipitó ningún cambio institucional de fondo, pero este corrimiento político de los diferentes grupos sociales, consagrado por algunas de las políticas reformistas del presidente Luis Echeverría, repercutió sobre el equilibrio original porque se produjo a expensas de la influencia y los intereses de obreros y campesinos. Cuando la elite política relegó éstos a la satisfacción de las demandas de las clases medias, provocó un desprendimiento de las clases sociales que hasta entonces habían sido, por tradición, sustento central de autoritarismo. Al hacerlo, el grupo en el poder buscó la imposible sustitución de unos grupos por otros, ya que por esta vía las clases medias accedieron al poder político y lo conquistaron, pero no se comprometieron con sus formas establecidas de organización.

No obstante la relación entre este cambio y la crisis de 1968, también puede pensarse que el predominio político de las clases medias, característico de los años setenta y ochenta, fue el resultado de procesos sociales más profundos, asociados con el notable crecimiento de los años anteriores que había acarreado también una mayor complejidad social y la formación de grupos de opinión dispuestos a defender la autonomía de la sociedad a través de la participación.

Tradicionalmente, el Estado había sido la referencia central para la articulación de una sociedad atravesada por diversidades y desigualdades, de manera que el éxito de cualquier movimiento político dependía de su vínculo con el Estado, que era la única comunidad política válida. El carácter excepcional de la movilización de 1968 residió en su capacidad para definir una identidad propia en oposición al Estado, y hacer de ello la base de una coherencia interna breve, pero mayor que la de grupos que se ostentaban como partidos independientes. Desde ahí, el movimiento estudiantil fue la proyección del cambio esencial que se había producido con el desarrollo de los años anteriores, y que consistía en la reversión de los términos de la relación entre el poder y la sociedad, pues a partir de entonces el régimen político que antes había dictado los perfiles de la sociedad pasaría a ser un reflejo de esa sociedad que había construido, y estaría expuesto a sus desequilibrios.

La mayor autonomía de la sociedad, fruto del desarrollo económico, fue fijando límites a la soberanía interna del Estado. Este fenómeno se profundizó con el reformismo del periodo siguiente, pero sus consecuencias fueron contradictorias en cuanto al objetivo general de la democracia, porque si en el plano político este cambio significó la ampliación paulatina de vías de participación alternativas a las oficiales, en el social la consecuencia fue, paradójicamente, el agravamiento de la desigualdad inscrita en el modelo de desarrollo.

* Fragmento del libro Entre lo posible y lo probable. La experiencia de la transición en México, publicado por Grupo Planeta

 
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