Usted está aquí: jueves 5 de junio de 2008 Sociedad y Justicia Anomalías por más de 8 mil millones en planes antipobreza del último año de Fox

■ Diputados detectan en la cuenta de 2006 gasto millonario en Enciclomedia, “sin comprobación”

Anomalías por más de 8 mil millones en planes antipobreza del último año de Fox

■ De un millón 195 mil mentores, sólo 144 mil aprobaron el Examen Nacional de Maestros

Roberto Garduño

Durante el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada, las instituciones encargadas del desarrollo social incurrieron en una afectación a los programas contra la pobreza por un monto de 8 mil 421 millones de pesos.

El análisis del informe de resultados de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2006 también concluyó que en el ámbito de la educación pública, sólo 144 mil mentores –adscritos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)–, de un total de 1 millón 195 mil, aprobaron el Examen Nacional de Maestros.

El documento elaborado por la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados y la Auditoría Superior de la Federación sostiene que a pesar de los avances logrados, México “enfrenta rezagos sociales muy significativos”. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto en educación representó 7.1 por ciento del producto interno bruto al término del sexenio pasado, una de las mayores proporciones entre los países industrializados”.

No obstante, la paradoja es que aun con la acumulción del gasto en educación entre 2000 y 2006 –en 76.6 por ciento–, México se encuentra muy por debajo del promedio de las naciones integrantes de la OCDE.

“Diversos indicadores revelan los rezagos que aún enfrentamos. En lectura, matemáticas y ciencia, somos el país con peores calificaciones dentro del grupo”.

A pesar del argumento oficial de que el objetivo era elevar la calidad de la educación en todos sus niveles, la baja preparación del magisterio fue evidente en 2006.

“Del millón 195 mil 453 docentes y directivos de educación básica, sólo 22.5 por ciento (286 mil 849) sustentaron el examen nacional y, de éstos, sólo 53. 7 (144 mil 300) lo aprobaron, mientras 46.3 (124 mil 549) lo reprobaron”.

De los que lo pasaron, 62.3 por ciento lo hizo con subnivel suficiente medio, 17.9 con suficiente bajo, 13.6 con suficiente alto y 6.2 con elevado. Otra circunstancia reveladora tiene que ver con el deficiente gasto público en salud, que por mucho es menor al promedio de la OCDE. De hecho, México ocupa el último escaño en el rubro.

“El sector público mexicano cuenta con 0.74 camas de hospital por cada mil habitantes, inferior al estándar sugerido por la Organización Mundial de la Salud, que es de una por millar.

Durante la reunión de análisis, Roberto Michel Padilla, titular de la Unidad de Evaluación y Control de la Cámara de Diputados, refirió que el programa Enciclomedia resultó oneroso para el erario, porque en 2006 la Secretaría de Educación Pública erogó 4 mil 857 millones de pesos, sin que se proporcionara evidencia documental de los recursos ejercidos.

Respecto a la Secretaría de Desarrollo Social, dijo que se determinaron fallas de integración de los padrones de beneficiarios de los programas de combate a la pobreza:

“En el programa Oportunidades se observó que en el país existen 17 mil 315 localidades de alta y muy alta marginación que no son atendidas por la Secretaría de Desarrollo Social, además de que se incumplen las reglas de operación con niños y jóvenes que deben ser registrados”.

En el terreno de atención a la salud, las fallas en los sistemas de control interno, metas e indicadores institucionales, durante la revisión de los servicios médicos y prestaciones económicas en el IMSS, la ASF encontró que 31.7 por ciento del millón 900 mil derechohabientes que solicitaron una consulta de especialidad tuvo que esperar más de 2 semanas para recibirla, y la programación de 12.8 por ciento de 557 mil intervenciones quirúrgicas registró retrasos por más de 20 años”.

Tal cantidad de irregularidades, y sobre todo las del ámbito educativo y cultural, fueron denunciadas por el diputado José Alfonso Suárez del Real, quien solicitó a la Comisión de Vigilancia que instruya a la ASF para que aplique una auditoría técnica y multidisciplinaria.

 
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