■ La medida, en respuesta a la CIDH; remueven a policías acusados de proteger a victimarios
Protege el gobierno de Oaxaca a testigos y familiares de 3 ejecutados por paramilitares
■ Exige a Ulises Ruiz la esposa de uno de los acusados que lo libere por haberlo apoyado con la APPO
Oaxaca, Oax., 5 de junio. El gobierno estatal atendió un requerimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y otorgó medidas cautelares a 61 pobladores del municipio de Santo Domingo Ixcatlán, región de la Mixteca, que fueron testigos y familiares de tres hombres asesinados el 30 de abril pasado por un grupo paramilitar encabezado por el ex alcalde priísta Fredy Morales Arias y miembros del ayuntamiento.
Entre las disposiciones concedidas durante una reunión celebrada en las oficinas del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi) en la ciudad de Tlaxiaco, en la que participó el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, figura enviar a Ixcatlán un destacamento de la Agencia Estatal de Investigación para brindar “la seguridad necesaria”, y la remoción de una partida de la Policía Estatal Preventiva, a la que se imputó proteger “a los responsables del triple homicidio”, informó el presidente del Cedhapi, Maurilio Santiago Reyes.
El activista, quien fue peticionario de las medidas cautelares, dijo que los beneficiarios pidieron a Ruiz Ortiz, así como al procurador general de Justicia estatal, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y a la subsecretaria de Derechos Humanos estatal, Rosario Villalobos Rueda, encarcelar a todos los implicados en “esta masacre, que no solo enlutó a tres familias sino a toda la comunidad”.
Destacó que el ex presidente municipal Morales Arias está a disposición de un juez penal por los asesinatos.
Por su parte, la subsecretaria de Derechos Humanos, Rosario Villalobos Rueda, se comprometió a brindar atención médica y sicológica a los 61 afectados. Además, también se les entregaron despensas debido a que los víveres se han agotado en su comunidad, por la inseguridad que prevalece en la misma.
Santiago Reyes aseguró que Morales Arias asesinó a las tres personas por oponerse a vender tierras del pueblo al municipio vecino, Chalcatongo de Hidalgo, con el cual Ixcatlán sostiene un conflicto agrario.
Sostuvo que el grupo de paramilitares actuó con “gran impunidad”, como una retribución por el respaldo que el ex presidente municipal ofreció al gobierno estatal, al participar en brigadas blancas para agredir a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca en 2006.
“A uno de los fallecidos, Gustavo Castañeda, lo quemaron vivo en un taxi, mientras que al señor Melesio Martínez Robles, lo mutilaron”, señaló. No hizo comentarios sobre la forma en que se dio muerte a la tercera víctima, Inocencio Medina Bernabé
Por su parte, Claudia Medina Castro, esposa del ex presidente municipal, exigió al gobernador Ruiz Ortiz la libertad de su cónyuge, como pago al respaldo que le brindó durante el conflicto político social que impera en la entidad. “Mi esposo movilizó en 2006 a cientos de mixtecos para apoyar a Ulises, en contra de los maestros que mantenían el plantón en el Zócalo, y ahora nos paga con esto”, se quejó.