Una liberación justa y necesaria
El 16 de noviembre de 1995 fueron asesinados Florentino Hernández López y Vicente Pérez Pérez en el contexto de una disputa de tierras entre ejidatarios de Tutzil, municipio de Tila, del estado de Chiapas, y el ejido Agua Blanca del estado de Tabasco. Las personas asesinadas pertenecían a las partes confrontadas.
La situación que el sureste mexicano tenía en ese momento estaba trazada por la política contrainsurgente que el Estado mexicano mantenía en contra de todo aquello que simpatizara con el zapatismo. El paramilitarismo se incubaba en la zona norte de Chiapas, en la línea divisoria con Tabasco.
De esta manera fueron apresados, enjuiciados y sentenciados en Tabasco los indígenas chiapanecos zapatistas Francisco Pérez Vásquez y Ángel Concepción Gutiérrez, quienes purgarían una sentencia de 25 años de prisión, acusados de homicidio calificado. El proceso fue sumamente cuestionado por expertos y juristas que estudiaron, revisaron y demostraron la injusticia cometida en contra de dos personas, acusadas de un delito que no cometieron.
En enero de 2006, durante la otra campaña, el subcomandante Marcos visitó a los presos en la cárcel de Tacotalpa, Tabasco. Convencido de su inocencia, les reiteró el compromiso que el EZLN ya había reclamado al gobierno federal desde la primera suspensión del diálogo, cuando con todo y la fortaleza de la primera Cocopa no fue posible obtener su liberación.
Durante la visita del subcomandante Marcos al penal de Tacotalpa señaló: “Les traje el mensaje de los compañeros comandantes y comandantas, y les ofrecí que se dieran de baja como zapatistas, que dejaran la lucha para que no pudieran usarlos como rehenes políticos. Los dos compañeros, padre e hijo, don Panchito Pérez Vázquez y Ángel Concepción, se negaron. Dijeron que van a seguir de zapatistas y están dispuestos a seguir en la cárcel y no ser usados como instrumento de presión para obligar al EZLN a dialogar (...) El proceso que se sigue en contra de estos campesinos chiapanecos y rebeldes en territorio tabasqueño está lleno de irregularidades y trampas de la justicia. Es la misma historia que viven miles de indígenas en todo México. No se les respetan sus lenguas y se les fabrican delitos para simular que en éste país hay justicia”. La indignación del subcomandante Marcos tenía plena justificación, las conclusiones de todas las investigaciones eran contundentes y no había duda de la inocencia de los sentenciados.
Entre la desesperación y la impotencia de tantos años en la cárcel, don Pancho y don Ángel se defendieron tras las rejas con argumentos fundados y cartas que recorrían el espacio cibernético, los poblados y lugares por donde se esparcía el pensamiento zapatista.
En Chiapas, la organización del Pueblo Creyente, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el obispo Felipe Arizmendi, don Samuel Ruiz y diversas organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha todos los instrumentos, políticos, jurídicos y sociales a su alcance para demostrar la inocencia de los acusados y demandar su liberación.
Dado este panorama, el gobernador Juan Sabines tomó la iniciativa y fijó un mecanismo para responder a los justos reclamos de los ciudadanos chiapanecos injustamente presos en Tabasco. A partir de la relación de colaboración que han mantenido los mandatarios de ambos estados, sus funcionarios se pusieron en contacto para dialogar sobre las posibles alternativas jurídicas de un asunto en el que se cuidaron hasta los mínimos detalles debido a las múltiples variables que intervenían.
El gobernador de Tabasco, Andrés Granier, dio su anuencia para implementar las medidas necesarias que requiriera el caso. La primera acción fue la autorización del traslado de don Francisco Pérez Vázquez y Ángel Concepción Pérez Gutiérrez al penal de Yaxalon, donde estarían cerca de sus familiares y podrían ser atendidos de sus enfermedades, mismas que se agudizaron por los años de reclusión. Si bien ya estaban en un penal de Chiapas, seguían en manos de la justicia tabasqueña, por lo cual de nueva cuenta el ministro de Justicia de Chiapas volvió a Tabasco para entrevistarse por segunda ocasión con el secretario de Gobierno de Tabasco y establecer una salida jurídica, que sin menoscabo de las instituciones de Tabasco permitiera la liberación de los indígenas zapatistas. Fue así que el gobierno tabasqueño, apegado a sus normas jurídicas, encontró la fórmula jurídica que permitía la liberación.
En la pasada reunión de la Cocopa varios integrantes de la misma plantearon la necesidad de tener la información necesaria sobre este asunto, dado que ya tenía alcance nacional.
El tema nos deja una lección: cuando existe el concurso de voluntades entre personas y organizaciones, aun de diferente extracción política, pero que colocan por encima de ellos intereses superiores, es posible avanzar y construir alternativas de solución, inclusive en los escenarios más complicados.
Enhorabuena por todos y en especial por don Pancho y don Ángel, hoy libres, después de casi 12 años injustamente presos.