■ La prisa por extraer petróleo en aguas profundas, para complacer a Bush, señala Iruegas

Alertan especialistas sobre “negligencia” en la renegociación del Hoyo de Dona

■ EU avanza avasalladoramente en la conquista del fondo marino del Golfo de México: Melgar

Rosa Elvira Vargas y Roberto Garduño

En forma unánime, los especialistas, académicos y diplomáticos participantes en el debate energético de ayer en el Senado alertaron sobre las consecuencias negativas que podría traer al país la “negligencia” en que han incurrido los gobiernos del PAN para renegociar con Estados Unidos el llamado Tratado del Hoyo de Dona, mismo que estableció una moratoria de diez años durante la cual ninguno de los dos países realizaría tareas de exploración y explotación de hidrocarburos en esa zona de protección ubicada en el Golfo de México.

Sin embargo, a poco más de dos años del vencimiento de ese acuerdo binacional (17 de enero de 2011), México podría vivir, “por descuido”, un episodio similar al que en el pasado le hizo perder parte de su territorio, estableció el embajador Alberto Székely.

“El tiempo se nos acaba”, coincidió Lourdes Melgar Palacios, consultora independiente y analista en temas energéticos. Desde su perspectiva, mientras en México se discuten posibles “remedios menores” a la crisis de la industria petrolera, Estados Unidos avanza “avasalladoramente” en la conquista del fondo marino del Golfo de México y “promete” iniciar su producción en 2010 a pocos kilómetros de la línea fronteriza con México, en tirantes de agua superiores a los 2 mil 500 metros de profundidad.

Y aunque en la discusión algunos ponentes –como la propia doctora Melgar y legisladores– trataron de desligar el tema del Tratado del Hoyo de Dona de la propuesta energética del presidente Felipe Calderón, el propio Székely ubicó su vínculo: el gobierno federal ha usado a los yacimientos submarinos como “panacea” para promover esa reforma.

“Es necesario entender que si una reforma constitucional permitiera la participación privada, máxime la extranjera, en exploración y explotación de tales yacimientos, no estará lejos el día en que su explotación se acuerde en negociaciones entre la Shell, del lado estadunidense, y la Shell, por el lado mexicano”.

Székely destacó otro punto: aun cuando se lograra un buen acuerdo para hacer valer el derecho mexicano a la exploración de sus recursos submarinos, de nada servirá “si no liberamos a Pemex y a su sindicato de la corrupción que ha robado a la nación por 70 años la riqueza con la que podríamos haber salido del subdesarrollo”.

Fue la sesión de este jueves de un alto contenido técnico y de derecho internacional. Pero el ingrediente político no se soslayó. El embajador Gustavo Iruegas, secretario de relaciones internacionales en el “gobierno legítimo” desestimó los argumentos oficiales y se centró en el referido a la caída de reservas como limitante para mantener, en la próxima década, la plataforma de producción de 3 millones de barriles diarios.

Determinar esa cantidad, indicó, sólo tiene propósitos fiscales y la renta petrolera está en función del costo de producción, la cantidad de aceite que se vende y al precio que se haga.

A partir de ahí, dijo Iruegas, la tendencia a subir los precios debería aprovecharse para vender cada vez menos petróleo al extranjero, “y preservar el que aún queda para el consumo interno en el futuro”.

El también ex subsecretario de Relaciones Exteriores dijo que la “prisa” por extraer petróleo de aguas profundas tiene que ver con entregar una legislación permisiva a la enajenación del patrimonio petrolero a la administración de George W. Bush. Son, apuntó, “las ansias extranjerizantes de los espurios”.

Enseguida, Adán Ernesto Oviedo, director de la Compañía Mexicana de Exploraciones, explicó que el Cinturón Plegado de Perdido (falla geológica en el norte del Golfo de México, que comparte territorio de nuestro país y Estados Unidos) permite prever la existencia de yacimientos transfronterizos, y que si se diera su explotación de forma unilateral por el país vecino, ello afectaría hidráulicamente el comportamiento del lado mexicano.

Como varios de los participantes, Oviedo habló de la unitización –esquema por el cual los países acuerdan condiciones técnicas y económicas, entre otras, para explorar yacimientos compartidos o transfronterizos a través de un solo proceso, y luego comparten la renta– y llegó a la misma conclusión: negociar con Estados Unidos un tratado sobre los recursos naturales de la zona limítrofe del Golfo de México e incluir su exploración.

Expuso además la necesidad de “capturar sinergias de inversión” y conocimiento para el desarrollo “conjunto y multiempresarial” del crudo submarino.

El embajador Miguel Angel González Félix, quien estuvo en el equipo que negoció el Tratado del Hoyo de Dona, llamó a no permanecer con los brazos cruzados y permitir que Estados Unidos se lleve el petróleo, por una “inacción” de los mexicanos.

Hay dos opciones, dijo: o se negocia para hacer la exploración bilateralmente o se acepta el llamado “principio de captura” según el cual quien encuentra primero el recurso tiene derechos sobre el mismo. Eso, dijo, México no puede aceptarlo.

El académico de la UNAM, Fabio Barbosa, desestimó la posibilidad del llamado “efecto popote”, lo que sin embargo algunos otros oradores sí consideraron factible y, sobre todo, llamó la atención a que Pemex propone perforar pozos a 3 mil 500 metros de profundidad, lo que no se ha hecho “en ningún otro lugar del mundo”.

Antes que negociar con Estados Unidos, subrayó, debe comprobarse si realmente existen yacimientos transfronterizos.

Néstor Martínez Romero, presidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, pidió fortalecer a Pemex y negociar, además de con Estados Unidos, con Cuba, Guatemala, Belice y Honduras, para definir un régimen de cooperación de largo plazo en la frontera marítima común y la explotación de los yacimientos transfronterizos, acudir a la unitización y apoyar al Instituto Mexicano del Petróleo para desarrollar tecnología para proyectos en aguas profundas.

David Enríquez, profesor en derecho internacional en el ITAM, propuso una “estrategia de solución amigable e inteligente” con Estados Unidos, con la que pueda ofrecerse “certeza jurídica tanto a los gobiernos como a los inversionistas que pretendan desarrollar campos transfronterizos”.