Justicia para indígenas de la OPIM, exigen
Chilpancingo, Gro., 8 de junio. La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo sobre Latinoamérica (LAWG, en el mismo idioma), organizaciones no gubernamentales (ONG) de Estados Unidos, exigieron al gobernador Zeferino Torreblanca Galindo “una resolución independiente, imparcial y apegada a derecho en el caso de los cinco indígenas me’phaá presos en Ayutla de los Libres, en la Costa Chica, por el homicidio de un informante del Ejército”, y que se cancelen las órdenes de aprehensión contra otros 10 miembros de la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaá (OPIM) supuestamente implicados en el crimen.
En cartas que el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan presentó este domingo, las ONG estadunidenses expresaron su “profunda preocupación por la detención de cinco integrantes de la OPIM el 18 abril, en un retén de la Base de Operaciones Mixtas, en cumplimiento de una orden de aprehensión por homicidio calificado en perjuicio de Alejandro Feliciano García, perpetrado el primero de enero. Otros 10 miembros de la OPIM tienen pendientes órdenes de aprehensión por el mismo homicidio.
“Preocupante” militarización
Agrega que, de acuerdo con denuncias de la OPIM, el homicidio de Alejandro Feliciano fue obra de un grupo paramilitar al cual pertenecía la víctima. “Ahora, de manera sospechosa, se reactivó la investigación y el 10 de abril, horas después de haberse exhumado el cuerpo de la víctima, se consignó la averiguación y se libraron las 15 órdenes de aprehensión en contra de los integrantes de la OPIM”, acotaron WOLA y LAWG.
“Es preocupante que antes de llegar a la cárcel los cinco detenidos recibieran amenazas de muerte y fueran torturados por haber denunciado la violación de Inés Fernández y las esterilizaciones forzadas en su comunidad, que constantemente ha sufrido ataques y amenazas de militares y policías. Recientemente un integrante de la OPIM, Lorenzo Fernandez, fue encontrado muerto con huellas de tortura.”
Las ONG expresaron su “inquietud ante la militarización en Ayutla. “Indígenas me’phaá y na savi de Ayutla de los Libres denunciaron que han sido acosados por efectivos de la Agencia Federal de Investigación, agentes de la Policía Investigadora Ministerial y policías estatales, los cuales buscan vincularlos con la guerrilla y detener a campesinos para acusarlos de una emboscada ocurrida el 31 de marzo”.