■ Demanda al gobierno decidir entre producir para comer o para elaborar combustibles

Critica Ramírez López el neoliberalismo; exige fin a la especulación con el hambre

Víctor Ballinas

El presidente de la Comisión de Desarrollo Rural del Senado, el priísta Heladio Ramírez López, aseveró ayer que “la revuelta de los hambrientos” no sólo ha desafiado a las fuerzas de la represión en casi 40 países, sino que ha puesto en evidencia a las estrategias gubernamentales que descuidaron a su sector agrícola, escamotearon las inversiones para fomentar a los pequeños y medianos productores, y se dejaron seducir por el modelo económico que convirtió a las naciones en vías de desarrollo en importadoras de granos.

En reunión de la comisión –a la que asistieron representantes de organismos internacionales, como la FAO, el Banco Mundial y la embajada de Estados Unidos, entre otros–, Ramírez López aseveró que los legisladores “trabajamos intensamente en el grupo plural, para dar al desarrollo rural nacional y a la agricultura un viraje profundo en su visión de mediano y largo plazos”.

A su vez, Axel van Trotsenburg, director para Colombia en México del Banco Mundial (BM), dijo que la institución “ha estimado que por el rápido crecimiento en los precios de los alimentos puede resultar que 100 millones de personas –de las cuales 30 millones son africanas– vuelvan a descender en la pobreza”.

Sostuvo que la situación hoy está centrada en 30 países que tienen dificultades sociales mayores, sobre todo en África con 22 países en riesgo de hambruna, y en América Latina la vulnerabilidad afecta sobre todo a población en pobreza extrema, que es de 10 millones de personas”.

Van Trotsenburg sostuvo que es preocupante que los granos que se usan para los biocombustibles han tenido aumentos muy fuertes en los últimos dos años: cereales 144 por ciento, aceite 157 y otros alimentos 11 por ciento. Además se tiene que 75 por ciento del aumento de la producción de maíz en los últimos tres años en Estados Unidos fue para producir biocombustibles, y 5 millones de hectáreas cosechables que pudieron usarse para trigo fueron destinadas a biocombustibles en Canadá, Estados Unidos y Rusia.

Ramírez López insistió en que se debe estar consciente de que la salida a la crisis alimentaria en el mundo pasa necesariamente por regular y controlar el mercado y el comercio internacional; reconstruir las economías nacionales; devolver el control de la producción de alimentos a las familias campesinas y garantizar su acceso libre a la tierra, a la semilla, al agua; sacar la agricultura de los tratados de libre comercio y de la Organización Mundial de Comercio, y poner fin a la especulación con el hambre.

Subrayó que el mundo tiene que decidir entre producir para comer o para combustibles, ante esa disyuntiva, cuestionó: “¿cuál es la posición del gobierno de México?”

Señaló que las medidas que propuso el Ejecutivo para enfrentar el problema muestran que “son producto de la emergencia y evidencian que se carece de una política de Estado a la altura del mandato constitucional, que asigna al campo prioridad nacional como ocurre en los países desarrollados, donde se promulgan leyes agrícolas actualizadas que dan certidumbre a sus productores”.

Resaltó que en el país no existe una efectiva planeación de Estado para el campo, y por ello la agricultura está en franca desventaja ante la competencia internacional. “Es un grave error considerar que las actividades económicas del campo se deben dejar en manos de las fuerzas del mercado, porque de ese criterio surgen la improvisación, la intuición y la inercia, enemigas de una definición pertinente de metas y objetivos para la reactivación y crecimiento de la economía campesina”.

Sostuvo: “No podemos dejar en manos de las trasnacionales la producción y la comercialización de los alimentos. La seguridad alimentaria de México es una responsabilidad del gobierno mexicano, y a los legisladores nos corresponde generar las leyes para lograr ese objetivo”.