■ Entregaron un documento en Gobernación sobre las desapariciones forzadas
Cientos de personas marcharon en demanda de justicia por el halconazo
■ La única esperanza contra la impunidad es que la Corte ordene reabrir las investigaciones
A 37 años de la matanza de estudiantes el 10 de junio de 1971 las exigencias de justicia continúan. Ayer, durante la conmemoración de esos hechos, se sumó una demanda más: “castigo para los responsables del asesinato de cuatro jóvenes mexicanos en Ecuador”.
Cientos de personas marcharon del Casco de Santo Tomás al Zócalo capitalino para recordar que “el ex presidente (Luis) Echeverría es el responsable” del llamado halconazo, cuando dicho grupo reprimió violentamente una manifestación estudiantil.
La marcha fue encabezada por miembros del Comité 68 y familiares de los mexicanos que se encontraban en un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador cuando fueron atacados por la milicia colombiana. Además se sumaron el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca –con la presencia de Flavio Sosa–, integrantes de la otra campaña, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de normales rurales del país.
Félix Hernández Gamundi, ex líder estudiantil e integrante del Comité 68, explicó que las investigaciones sobre el halconazo están “cerradas” para las instancias de justicia internas, por lo que ahora la Comisión Interamericana de Derechos Humanos atiende el caso. “El problema es que se encuentra entrampado, la única posibilidad de que avance en el país es que la Suprema Corte reabra el caso amparándose en el artículo 97 constitucional, en tanto esto no suceda, la única opción para alcanzar justicia son las instancias internacionales”.
Integrantes del Comité 68 recordaron que han presentado más de 5 mil pruebas para demostrar la culpabilidad del ex presidente Echeverría en las matanzas de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y en la calzada México-Tacuba el 10 de junio de 1971, y pese a ello “la justicia no se ha alcanzado”.
Los manifestantes realizaron una escala en la sede de la Secretaría de Gobernación, donde Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, líder del FPDT, entregó un documento en el que se critican las declaraciones del titular de la dependencia, Juan Camilo Mouriño, de que en México “no hay presos políticos ni desapariciones forzadas”.
El documento, entregado en Bucareli, subraya que esas afirmaciones “son falsas”, y enumera las desapariciones forzadas ocurridas durante la guerra sucia hasta las de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), ocurrida en mayo de 2007.
A la exigencia de “justicia” por los hechos del 10 de junio, también se sumaron demandas para la liberación de los “presos políticos” del país, la presentación con vida de los desaparecidos, el cese del hostigamiento contra las juntas de buen gobierno en las comunidades zapatistas de Chiapas, la no criminalización de la protesta social y la no mercantilización de la educación.