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■ Maestros y burócratas se manifiestan ante el tribunal para exigir echar atrás los cambios

Dan prórroga a trabajadores del ISSSTE para que elijan su régimen de pensiones

■ Se extiende el plazo hasta el 14 de noviembre, anuncia Yunes

■ La reforma a la ley del instituto era indispensable, plantea en la Corte

Jesús Aranda

Ampliar la imagen Opositores a la Ley del ISSSTE protestaron ayer ante la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Opositores a la Ley del ISSSTE protestaron ayer ante la sede alterna de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Foto: Carlos Cisneros

“El ISSSTE se encontraba desfalleciente”, “el sistema pensionario estaba a punto de la insolvencia”, los culpables de la situación del instituto son el aumento en la esperanza de vida, al pasar de 65 años –en 1975– a 77 –en 2005– y la reducción en la edad de retiro de 62 a 56 años, por lo que la situación exigía –de no haberse aprobado la reforma– incrementar las aportaciones de 7 a 44.5 por ciento del salario base de cotización, o cambiar la edad de retiro hasta los 75 años, fueron algunos de los argumentos que ayer expusieron los defensores de los cambios a la legislación.

De no haber sido modificada la norma, “en 2013 el gobierno federal no tendría recursos suficientes para seguir subsidiando la nómina de jubilados y pensionados”, sostuvo el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes, quien anunció una prórroga –hasta el próximo 14 de noviembre– para que los empleados federales opten por el bono de pensión o por la jubilación en los términos de la legislación anterior. De acuerdo con la ley, el plazo para que los trabajadores decidan en qué régimen quedarse, termina el próximo 30 de junio.

Segunda y última audiencia

Al realizarse ayer la segunda y última audiencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los amparos presentados en contra de la Ley del ISSSTE, los argumentos de funcionarios federales y legisladores de PRI y PAN se centraron en aspectos financieros y económicos para demostrar que el sistema de seguridad social vigente hasta el año pasado era insostenible.

Yunes aseguró que “no se busca presionar a nadie para que opte por uno u otro régimen”, y señaló que las garantías sólo pueden construirse sobre hechos concretos, “no sobre falacias o supuestos”.

En su intervención ante el pleno de ministros –al cual no asistió Genaro Góngora Pimentel, quien estará fuera del país hasta el próximo 23 de junio–, el director del instituto planteó:

“No se trata de un referendo. De considerarlo así, habría que oponer el argumento de que nueve de cada diez derechohabientes no interpusieron amparo, o que dos de cada tres trabajadores activos o jubilados tampoco lo hicieron. No, no es referendo; es revisión de constitucionalidad.”

Afirmó que a un año de que entró en vigor la ley ha mejorado sustancialmente la atención a la salud, se incrementaron los programas de vivienda y se garantiza que más de 10 millones de mexicanos “sean en verdad beneficiarios de la seguridad social”.

Citó al revolucionario Ricardo Flores Magón con relación a la “seguridad social”, y subrayó: “coincidimos” en que dicho sistema debe ser “solidario y equitativo”. Negó que el ISSSTE se vaya a privatizar.

Por su parte, Pedro Ordorica, vicepresidente jurídico de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), le recordó a los ministros que “la nueva Ley del ISSSTE plantea para todos los trabajadores que estaban cotizando con anterioridad a la vigencia de la misma dos opciones que fueron diseñadas con las jurisprudencias y lineamientos de la misma Corte”, cuando el pleno consideró que la opción del llamado bono-pensión del instituto es voluntario.

Añadió que este modelo ya opera en diversos estados, “en los que también han aumentado la edad de retiro, las aportaciones y los años en servicio, incluso para la generación en transición, es decir, los trabajadores en activo”.

Javier Laynez Potisek, procurador fiscal de la Federación, quien acudió en representación del presidente Felipe Calderón, indicó que el Estado mantiene su obligación de garantizar las pensiones de sus trabajadores con el nuevo régimen.

Los diputados federales Rogelio Carvajal (PAN), Raúl Cervantes (PRI) y el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, Guillermo Anaya, negaron que sea inconstitucional que la ley faculte al ISSSTE para descontar al empleado hasta 50 por ciento de su sueldo si deja de pagar los aportaciones quincenales que tenga por un crédito personal, o que si las dependencias omiten hacer los pagos de las cuotas, aportaciones o descuentos durante 12 meses, el instituto pueda suspender total o parcialmente los seguros por prestaciones y servicios de los trabajadores.

Rechazaron que hayan desaparecido el seguro de jubilación, o de retiro, cesantía, edad avanzada y vejez, sino que “sólo se compactaron”. Pusieron un ejemplo sobre las “bondades” del nuevo sistema: “para el caso de un trabajador de reciente ingreso de 25 años de edad, con un salario mensual de 6 mil pesos, si se jubilara al llegar a la edad de retiro tendrá una pensión de 5 mil 614 pesos sin ahorro solidario y de 9 mil 348 pesos con ahorro solidario –que es cuando el trabajador aporta a su cuenta privada de retiro y el Estado aporta 3.25 pesos por cada peso que ponga el empleado, “siempre y cuando no exceda de 2 por ciento del salario”.

A pesar de todo lo bueno que se dijo de la nueva legislación, afuera de la sede alterna de la Corte un grupo nutrido de trabajadores exigía justicia y la anulación de la ley.


■ Hoy, nueva marcha de opositores; podrían instalar otro plantón

Laura Poy Solano

Con un llamado a los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al gobierno de Felipe Calderón Hijojosa a aclarar “si van a gobernar con la Constitución o sin ella”, cientos de trabajadores al servicio del Estado se manifestaron frente a la sede alterna del máximo tribunal para exigir la abrogación inmediata de la nueva Ley del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), tras asegurar que “bajo ningún argumento se puede sostener que es constitucional, cuando hasta los mismos líderes charros se han amparado para evitar su aplicación”.

Durante la segunda audiencia pública convocada por la Corte para analizar las miles de demandas de amparo contra la nueva norma, los inconformes afirmaron que, en los hechos, la ley “está muerta porque más de 2 millones de trabajadores la rechazan, y ni siquiera utilizando todas las estrategias mediáticas y de hostigamiento administrativo han logrado obtener la aceptación de los afectados”.

En el encuentro, al que asistió el director general del ISSSTE, Miguel Ángel Yunes Linares, así como diversos funcionarios federales para presentar su argumentación en favor de dicha ley, los maestros disidentes y burócratas enfatizaron:

“Sabemos que entre la cúpula charra ha empezado a generar mucha preocupación que la mayoría de los trabajadores al servicio del Estado no se definan entre aceptar el artículo transitorio 10 o el bono y las cuentas individuales, y ni siquiera una prórroga va a lograr romper la decisión de miles que ya han dicho no a la nueva ley”.

Por ello, advirtieron a los magistrados que “no escuchar la voz del pueblo sería un enorme error histórico, porque si ya se han tardado un año para resolver las miles de demandas de amparo, deben cumplir su trabajo y demostrar si en verdad harán honor a su nombre y harán valer la justicia”.

Los protagonistas

Al mitin, que se inició poco después de las diez de la mañana y se prolongó por cuatro horas, acudieron profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, de las secciones 18, de Michoacán; 14, de Guerrero; 22, de Oaxaca; 36, del Valle de México, así como 9 y 10, de la capital del país. También estuvieron presentes integrantes de los sindicatos Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Alianza de Tranviarios de México.

Artemio Ortiz Hurtado, dirigente de la sección 18 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, afirmó que “todo el magisterio está a la expectativa de que la SCJN cumpla con su deber y declare inconstitucional esta nefasta ley, pero esto no descarta cumplir con el plan de acción aprobado, por lo que hoy marcharemos de la sede del ISSSTE hasta la Corte, para hacer un nuevo llamado, contundente, e incluso para deliberar si instalamos un plantón permanente ante el tribunal hasta que se presente una resolución definitiva”.

 
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