Usted está aquí: miércoles 18 de junio de 2008 Política Analiza corte hemisférica denuncia de desaparición contra el Estado mexicano

■ Los fallos de la Coidh, obligatorios, dicen deudos de Rosendo Radilla

Analiza corte hemisférica denuncia de desaparición contra el Estado mexicano

Emir Olivares Alonso

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) iniciará este miércoles el análisis del caso del campesino Rosendo Radilla Pacheco –desaparecido el 25 de agosto de 1974 por elementos del Ejército– luego de que el Estado mexicano incumplió las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que ese organismo determinó la responsabilidad de México en la desaparición forzada y falta de acceso a la justicia..

Es el primer caso en que el Estado mexicano se enfrentará a la jurisdicción internacional por desaparición forzada, delito de lesa humanidad, perpetrado por el Ejército. De obtener una sentencia desfavorable, no podría omitir su responsabilidad, debido a que las decisiones del órgano de justicia del sistema interamericano “son plenamente vinculantes y de obligatorio cumplimiento”, señaló Mario Sólorzano, abogado de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), organismo que asesora a la familia Radilla en esta demanda.

Junto con la CMDPDH y la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos en México, los agraviados presentarán hoy ante la Coidh argumentos, pruebas y solicitudes en los que se acredita cómo el Estado mexicano violó las garantías fundamentales del campesino. El próximo 18 de agosto corresponderá a los representantes del gobierno de México emitir una respuesta ante ese tribunal internacional.

En conferencia de prensa, Tita Radilla, hija de Rosendo, y Sauhayr Belhassen, presidenta de la Federación Internacional de Derechos Humanos, consideraron que obtener una sentencia favorable ante la Coidh en este caso resultaría “emblemático” para la reparación del resto de las denuncias de desapariciones forzadas en México, el reconocimiento público del Estado de que cometió delitos de lesa humanidad y para evitar que esa práctica se siga presentado.

 
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