Editorial
Jalisco: la fiscalización de la sociedad
El Patronato Pro Construcción del Santuario de los Mártires anunció ayer que el próximo lunes devolverá, “junto con los intereses correspondientes”, los 30 millones de pesos que recibió como primer donativo, de un total de 90 millones anunciados, por parte del gobierno de Jalisco que encabeza el panista Emilio González Márquez. El anuncio se produce a más de tres meses de la entrega de la polémica macrolimosna para la construcción de un templo cristero en la entidad, y a pocos días de que el cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval Íñiguez, “sugiriera” a la fundación promotora considerar “la posibilidad de devolver dichos recursos”, ante las muestras de descontento popular que el donativo había generado, y con el argumento de que “la paz y la concordia en la sociedad deben estar por encima de cualquier cosa”.
El hecho reviste importancia porque pone de manifiesto la efectividad de la presión social frente a una decisión gubernamental aberrante en varios sentidos: con la donación millonaria, y a cargo del erario, el mandatario estatal puso en evidencia el sesgo confesional con que se desempeña en un cargo que demanda laicidad e imparcialidad, así como su desprecio por las normas constitucionales que consagran la libertad de creencias y la separación entre las iglesias y el Estado; exhibió, al mismo tiempo, una jerarquización por demás cuestionable en lo que toca a las prioridades de su gobierno, pues los recursos entregados bien habrían podido servir para atender los rezagos sociales que enfrenta la entidad, mucho más urgentes que la “promoción del turismo religioso”, y aportó una muestra del sentido clientelar, patrimonialista y discrecional con que el panismo gobernante maneja los dineros públicos aprovechando los vacíos legales en materia de rendición de cuentas y transparencia.
Ante el empecinamiento de González Márquez, y los exabruptos soeces que lanzó a quienes criticaron el millonario donativo, la sociedad, en Jalisco y en el país, expresó un inequívoco repudio a semejantes maneras de gobernar; a la manifestación realizada en Guadalajara se agregaron cerca de 7 mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. A fin de cuentas, esa presión obligó a dar marcha atrás a quienes se habían beneficiado con ese manejo irregular y faccioso de los recursos públicos.
En otro sentido, el hecho que se comenta refleja la inefectividad, si no es que la inexistencia, de las instancias encargadas de controlar el manejo de los fondos gubernamentales, situación que prevalece en el escenario nacional a pesar de los alegatos oficiales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, la misma turbiedad con que se condujo el gobierno de Jalisco pudo observarse en el ámbito federal con la elaboración y difusión de los espots del “tesoro en aguas profundas”, por parte de la administración calderonista, cuya autoría inicialmente fue negada por el gobierno federal, y cuyo costo exacto se desconoce hasta la fecha, aunque se estima que absorbió más de 70 por ciento de los 218 millones de pesos que Petróleos Mexicanos destinó este año para publicidad. Por lo demás, ambos casos encierran inaceptables intentos de imposición ideológica: el credo religioso de un gobernante, por un lado; la obsesión privatizadora de lo que queda de los bienes públicos, por el otro.
En suma, la devolución de la macrolimosna en Jalisco tiene dos caras opuestas: la efectividad de la oposición popular y las muestras de repudio ante la secuencia de desfiguros cometidos por González Márquez, y la ausencia de autoridad en lo que toca a la regulación del manejo de los recursos públicos, pese a que esa regulación resulta imprescindible para evitar la comisión de manejos indebidos como los comentados, inaceptables en cualquier régimen pretendidamente democrático.