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Cuauhtémoc Cárdenas/ II y última

Política petrolera (una respuesta)

Ampliar la imagen Protestas contra la reforma energética en el Zócalo capitalino mientras se realizaba en el Senado el sexto debate sobre el tema, el 29 de mayo pasado Protestas contra la reforma energética en el Zócalo capitalino mientras se realizaba en el Senado el sexto debate sobre el tema, el 29 de mayo pasado Foto: Francisco Olvera

Plantear una política petrolera, la que hoy demanda nuestro país, es hablar de muchas cosas más. El gobierno, insisto en ello, poco nos ha dicho al respecto.

En marzo pasado, la Secretaría de Energía hizo público un diagnóstico sobre Petróleos Mexicanos (Pemex). En ese documento la dependencia presenta una visión tendenciosa, alarmista y catastrófica del organismo y las actividades que realiza, destacando supuestas insuficiencias y carencias en su capacidad de ejecución, falta de recursos para invertir e indisponibilidad de tecnologías para el trabajo en aguas profundas. Son argumentos sin sustento, que caen por su propio peso.

El diagnóstico no dimensiona la capacidad de ejecución de la que supuestamente carece Pemex, ni las áreas de la industria en las que considera se presentan los déficit en este aspecto; tampoco señala la magnitud y origen de los recursos necesarios para realizar lo que supuestamente hace falta y sólo hace ver que Pemex no cuenta con recursos y que se requeriría de créditos o de inversiones de particulares para sacar adelante a la industria, y tampoco precisa cuáles son las tecnologías con las que no cuenta y a las que debe acceder Pemex para trabajar aguas profundas.

Debe aclararse que los trabajos en aguas profundas no se realizan a partir de tecnologías patentadas o de fórmulas que se apliquen con carácter universal. Cada proyecto reclama un diseño y una ejecución particulares. Sin tener acceso a las tecnologías, según el gobierno, Pemex, reconocido así por el propio gobierno, ya ha realizado la perforación de siete pozos en aguas profundas, además de que ha ordenado la construcción de varios equipos para realizar trabajo en esas aguas. Por otro lado, Pemex ha solicitado a la Secretaría de Energía permisos para llevar a cabo el reconocimiento y exploración superficial en el área del Cinturón Plegado Perdido y de la llamada región B del Golfo de México, en una superficie de 514 mil 370 kilómetros cuadrados, con tirantes de agua que van de los 300 hasta los 3 mil 500 metros, esto es, estudios a realizar dentro de la zona económica de México y en el polígono de alta mar oriental de aguas internacionales, que limitan con Estados Unidos y Cuba. O sea que viendo todo esto, Pemex, en contradicción con lo que señala el diagnóstico de la Secretaría de Energía, sí cuenta con las tecnologías para desarrollar trabajos en aguas profundas y ultraprofundas.

El diagnóstico también hace referencia a que existen rezagos en la industria petrolera. Ha sido frecuente escuchar de altos funcionarios de la administración que inversiones que se hicieron y se hacen en el extranjero para abastecer mercados mexicanos generan empleos y derramas económicas en otros países en vez de hacerlo en el nuestro. Desde luego que existen rezagos, es ésa una de las consecuencias de tres décadas de políticas antinacionales, años transcurridos sin que se construya una sola refinería en nuestro territorio, a pesar de tenerse conciencia de que aumentaba día a día la necesidad de importar refinados. Rezagos equivalentes se encuentran en materia de exploración y reposición de reservas, en el mantenimiento y extensión de las redes de ductos, en las terminales de almacenamiento, las plantas petroquímicas y en toda la industria estatal. Ese abandono ha sido intencionado. Se prefirió ceder mercados muy lucrativos, que pudo haber cubierto la industria estatal de haber sido favorecida como lo han sido productores extranjeros. Se ha aplicado concienzudamente la estrategia ordenada a los más recientes gobiernos del país por organismos financieros internacionales, de poner a Pemex “a punto de privatización”. Y las más recientes administraciones han sido obedientes y en extremo eficientes en ello.

Un primer paso para recuperar la industria petrolera para el país debiera ser el de enmarcar las asignaciones presupuestales de Pemex en criterios técnicos, económicos y estratégicos para su modernización y expansión, y no seguir dejando que la política petrolera la decida la Secretaría de Hacienda, en función sólo de maximizar la aportación de Pemex a los ingresos fiscales que recauda el gobierno. Esto es, conceder efectiva autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, de modo que esté en capacidad de desarrollar una política de precios competitiva y de tener acceso, como cualquier entidad productiva, al mercado de capitales.

Si, en el caso de los precios, el gobierno decide que ciertos productos se subsidien, los subsidios debieran correr por cuenta del propio gobierno federal como tal y no cargarlos a los recursos de la entidad productiva, Pemex en este caso.

La decisión de otorgar autonomía presupuestal a Pemex debiera ir acompañada de las instrucciones, decretos o en su caso iniciativas de ley del titular del Ejecutivo para que la deuda que se ha obligado a contraer a la paraestatal con el esquema de pidiregas, sea absorbida por la Secretaría de Hacienda, para hacer con ello efectiva esa autonomía y liberar a Pemex de un lastre financiero que la coartaría. Una decisión en este sentido sería una muestra de voluntad del Ejecutivo por realmente conceder autonomía al organismo y muestra también de la decisión de arrancarlo del estrangulamiento al que lo tiene sometido Hacienda.

Una política sana, por otra parte, sería la de buscar que Pemex financiara sus actividades, principalmente, a partir de los ingresos que genera. No puede aceptarse que no haya habido, no hay y no habrá dinero, cuando se está viendo que en los años recientes el excedente petrolero ha ido de 10 mil a 18 mil millones de dólares y que este año seguramente rebasará los 20 o 25 mil. Con una cifra mucho menor que ésa se pueden construir las refinerías que evitarían una fuerte sangría económica al país, que este año rondará los 20 mil millones de dólares, cubrir además el pasivo de mantenimiento, estimado por el director general de Pemex en 3 mil millones de dólares, y hacer muchas cosas más, pues con precios altos del crudo que se prevén aun para años próximos, de liberar esos excedentes a Pemex, se le liberaría de problemas, carencias e insuficiencias.

Y en función de recursos y concretamente en materia de legislación, debiera preverse como parte de la decisión de dar autonomía presupuestal y de gestión a Pemex, que en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se estableciera que los llamados excedentes petroleros –la diferencia entre el precio del barril de crudo estimado en el presupuesto federal y el precio efectivo de venta–, que al hacer efectiva la autonomía debieran desaparecer como tales para ser sustituidos conceptualmente por utilidades o pérdidas, quedaran a disposición del organismo, para invertirlos en los programas que se le autoricen; y preverse asimismo que en la Ley de Ingresos no se le imponga la obligación de congelar el llamado superávit primario, que sólo en lo que corresponde a este año ascenderá a unos 15 mil millones de dólares y, desde luego, decidirse a ir al fondo, que es la realización de una verdadera reforma fiscal, que despetrolice las finanzas públicas y establezca como principal fuente de recursos públicos los impuestos que se recauden de las personas físicas y morales que obtienen los ingresos más elevados en el país.

Una nueva política, patriótica y racional, debiera llevar a Petróleos Mexicanos y a la industria petrolera a recuperar el papel de impulsores del crecimiento económico y la industrialización, de motores de la formación de capital nacional, proveedores de energéticos baratos para la economía del país, de contribuyentes a una balanza de pagos sana, convirtiendo a Pemex, con esa visión, en un ente productivo de alcances globales, que obtuviera sus ingresos principales de la venta de productos con alto valor agregado, tecnología y capacidad empresarial.

Para ello, nuestra industria petrolera no debe seguirse desarrollando como en las décadas recientes, en función de un solo objetivo prioritario, que ha sido producir crudo, sujeta a los intereses políticos coyunturales de la Secretaría de Hacienda. Por eso, al mismo tiempo que se revisa la legislación en la materia, como sucede actualmente, debe procederse a la elaboración de un plan de desarrollo de Petróleos Mexicanos, de la industria petrolera y del sector energético en su conjunto, de corto, mediano y largo plazos, que considere actividades debidamente dimensionadas, recursos necesarios y sus fuentes, así como los tiempos de ejecución, que fuera aprobado por el Senado y al que éste supervisara en su realización.

El punto de partida de cualquier plan de desarrollo de la industria petrolera, de cualquier diseño de política petrolera, está en la determinación de la plataforma anual de explotación, es decir, la extracción que se haga de hidrocarburos de los yacimientos en aprovechamiento, y del índice de reposición de reservas, con lo que se establece la relación entre los volúmenes que se explotan y la vida de las reservas.

Hoy andamos mal. México cuenta con reservas probadas para nueve años y la reposición de reservas apenas ha alcanzado en los años recientes 25 por ciento, y no 100 por ciento como debiera ser como mínimo. Ello se debe a más de un cuarto de siglo de mala política que sólo ha tenido como objetivos que la explotación del petróleo aporte a los fondos fiscales del gobierno y ceder mercados domésticos a productores extranjeros, desentendiéndose de las necesidades de impulsar la exploración.

Un hecho que no debe perderse de vista es que la producción de nuestros yacimientos más importantes, de acuerdo con datos oficiales, ha declinado de 2004 a la fecha en 472 mil barriles diarios y mantiene la tendencia a la disminución de la producción; en años recientes la plataforma de explotación se ha estado moviendo en el orden de 3 millones de barriles por día; de mantenerse esa extracción, el país dispone de reservas probadas para satisfacer el consumo interno y aportar el resto a la exportación de crudo, como ya se señaló, sólo para nueve años.

Si el potencial de producción disminuye; si la tasa de restitución de reservas ha sido insuficiente; si es altamente previsible que los recursos explotables en la próxima década difícilmente podrán sostener la actual plataforma de producción; si el país requiera sólo de un millón 700 mil barriles diarios para atender la demanda interna y no de 3 millones; si conocer el potencial de los recursos prospectivos, aquellos que todavía no se conocen, apenas detectados y en su mayor proporción ubicados en aguas profundas, y empezar a obtener producción de ellos va a tomar ocho o más años y los porcentajes de éxito en la perforación en aguas profundas son, en el mejor de los casos, del orden del 10 por ciento; si la explotación de cualquier nuevo depósito va a tener costos más elevados que los actuales y demandará de tecnologías más complejas, resulta obvia la necesidad de poner en práctica una política de manejo de las reservas que prolongue su vida, que reduzca gradualmente la exportación de crudo hasta eliminarla, que fomente la exportación de productos con alto valor agregado, permita realizar en las mejores condiciones posibles la transformación de la base energética del país –esto es, dejar de depender de los hidrocarburos como fuente de combustibles– y evite situaciones traumáticas para el país, ante el agotamiento reconocido de nuestros yacimientos y de las reservas mundiales.

Es urgente que el gobierno presente a la nación sus propuestas sobre política petrolera, que no están contenidas en las iniciativas que el Ejecutivo remitió al Congreso. En ellas tendría que dar a conocer los objetivos políticos, económicos y sociales que persigue, así como sus criterios sobre el manejo de reservas, las plataformas de explotación, las fuentes de financiamiento de los programas de desarrollo de la industria del petróleo, su visión sobre las relaciones de ésta con otras ramas de la industria y de la economía en general, la sustitución de importaciones, etcétera.

En fin, mucho más habría que decir de la industria petrolera y de Petróleos Mexicanos, y para dar una discusión informada, a la que el titular del Ejecutivo está convocando con sus declaraciones, el gobierno tiene la obligación de fijar sus posiciones, entre otras muchas cuestiones, sobre la puesta en práctica de un verdadero sistema de planeación para el sector energético; sobre la participación de Pemex en la industria del gas licuado y los proyectos de regasificación; sobre sus posibilidades como proveedor de gas para la Comisión Federal de Electricidad; los pasivos ambientales y laborales, que se presentan y contabilizan como si el organismo se encontrara en liquidación; sobre el fomento a la utilización de las energías renovables y no convencionales; el estímulo y prioridad que a partir de la actividad petrolera debe darse a la industria de la construcción y en general a la empresa mexicana; el fortalecimiento del Instituto Mexicano del Petróleo; sobre la creación de un organismo especializado en el comercio y desarrollo del gas natural en el que participaran Pemex y la Comisión Federal de Electricidad; las políticas ambientales que deben acompañar a la industria energética; sobre el reconocimiento de los productos ahora clasificados como petroquímicos básicos, que científicamente no son petroquímicos sino petrolíferos, y la recuperación de su clasificación y reconocimiento legal como básicos de aquellos que efectivamente lo son; la necesidad de revisar y dar racionalidad a los precios de transferencia entre subsidiarias de Pemex; sobre el fomento a las prácticas de ahorro de energía, etcétera.

Así como se ha abierto la discusión sobre eventuales reformas legislativas, es preciso iniciar ya la discusión sobre cómo debe desarrollarse la industria petrolera. Demandemos al gobierno que presente sus propuestas de producción, de las actividades a realizar en materia de exploración, refinación, transporte, almacenamiento, etcétera, de los montos y las fuentes de financiamiento que se requerirían para ello y su distribución en el tiempo, así como de los mecanismos de regulación que estime necesarios para una industria petrolera pública que opere con autonomía presupuestal y de gestión. Los ciudadanos tenemos derecho a que el gobierno nos informe. Podremos así manifestar con una base objetiva y de responsabilidad nuestro apoyo o nuestro rechazo a las propuestas oficiales, siempre y necesariamente de acuerdo a nuestra particular ideología. Podremos así, sobre todo, contribuir a que México ponga en práctica una política petrolera que vuelva a tener la condición de palanca principal del crecimiento económico y el bienestar social y, a través de ellos, del fortalecimiento de nuestra soberanía como nación.

 
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