Usted está aquí: lunes 23 de junio de 2008 Economía Garantiza Venezuela transparencia en la nacionalización de Cemex

■ Se resolvería con una oferta pública de adquisición: analistas

Garantiza Venezuela transparencia en la nacionalización de Cemex

Notimex

Ampliar la imagen Entrada de la planta de Cemex en Lago Maracaibo Entrada de la planta de Cemex en Lago Maracaibo Foto: Reuters

Caracas, 22 de junio. La nacionalización de Cemex Venezuela, ordenada por el gobierno del presidente Hugo Chávez, puede ser resuelta mediante una oferta pública de adquisición (OPA), consideró el asesor financiero Ignacio de León. Señaló que la OPA, como en el caso de las nacionalizaciones de la Compañía Anónima Teléfonos de Venezuela (CANTV) y de Electricidad de Caracas (EDC) el año pasado, sería el mecanismo idóneo para que el gobierno adquiera la cementera de capital mexicano.

El Estado venezolano garantizó que, al igual que al adquirir CANTV y EDC, buscará que los procesos de nacionalización de las cementeras Cemex, de México, Holcim, de Suiza, y Lafarge, de Francia, sean transparentes y apegadas a la legalidad, protegiendo los intereses de la nación y de los pequeños accionistas.

Sin efectos negativos

El analista descartó efectos negativos que tendría un procedimiento administrativo abierto contra Cemex por la venta de algunos de sus activos. Aunque dijo desconocer los términos del procedimiento que realiza la Comisión Nacional de Valores (CNV), De León consideró la factibilidad de que se resuelva con “una acción administrativa contra la empresa y probablemente una multa”, y calculó que el gobierno venezolano tendría que pagar entre 900 y mil 100 millones de dólares a Cemex por las tres plantas que tiene en ese país y en las que laboran unas 3 mil personas.

En su página de Internet la Bolsa de Valores de Caracas (BVC) indicó que recibió un comunicado de la CNV para informarle que abrió dicho procedimiento contra la filial venezolana de la tercera mayor cementera mundial. El procedimiento se debe a un “presunto incumplimiento de los artículos 119 y 120 de la Ley de Mercado de Capitales, relativos a las normas de transparencia”, con relación a la venta de activos de sus subsidiarias en el exterior por 215 millones de dólares.

El asesor financiero Orlando Alvarez, a su vez, desestimó que el gobierno venezolano pretenda utilizar el recurso de declarar a Cementos Mexicanos “de utilidad pública” y confiscarla sin indemnización. Ambos economistas destacaron que el Estado cuenta con suficiente flujo de caja para adquirir Cemex Venezuela, así como a la francesa Lafarge y la suiza Holcim, que hasta abril dominaban 93 por ciento del mercado local de cemento.

Alvarez destacó que el gobierno buscará reducir al máximo el precio de compra, pero evitará dar al mundo y, sobre todo, a Estados Unidos una imagen de conflicto.

Desde abril pasado una comisión gubernamental negocia la adquisición de las cementeras, a las que el presidente venezolano Hugo Chávez ofreció adquirir al menos 60 por ciento de su capital accionario. La semana pasada el Tribunal Supremo de Justicia declaró constitucional el decreto de ley que establece la creación de una comisión técnica con representantes del Estado y de las empresas afectadas, para acordar un precio justo por al menos 60 por ciento de acciones.

La producción de cemento en Venezuela se ubicó en 2007 en 10.2 millones de toneladas métricas, de las que Cemex aportó 50 por ciento, Holcim y Lafarge aportaron 20 por ciento cada una.

 
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