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Editorial

El destino de la renta petrolera

Los foros de discusión sobre la reforma de la industria petrolera que se llevan a cabo en el Senado de la República desde el pasado 13 de mayo siguen poniendo en entredicho la viabilidad constitucional, legal y política del conjunto de iniciativas enviadas por el titular del Ejecutivo federal a Xicoténcatl el pasado 8 de abril. Ha quedado claro que en tales propuestas se pretende avanzar en la privatización de segmentos enteros de la industria nacional de los hidrocarburos mediante modificaciones a una ley secundaria que, alterada de esa manera, resultaría contraria al artículo 27 de la Constitución, y se ha manifestado la necesidad de atender con mayor profundidad, y con visión de conjunto y espíritu nacional, las causas originarias de las problemáticas que enfrenta en la actualidad Petróleos Mexicanos (Pemex).

Ayer, en los foros referidos, prácticamente todos los ponentes arribaron a la misma conclusión: es necesario destinar las cuantiosas ganancias obtenidas por la venta de crudo al desarrollo de la paraestatal y no al gasto público del gobierno federal –lo que ha sido usual en las recientes administraciones–, porque sólo en esa medida puede lograrse que el petróleo se convierta en palanca del crecimiento del país.

Al respecto, Rogelio Gasca Neri, ex funcionario con una destacada trayectoria en la administración pública federal –fue director general de la Comisión Federal de Electricidad y subsecretario de Energía, Hacienda y Programación y Presupuesto, entre otros cargos–, afirmó que para apuntalar la industria petrolera es necesario terminar con los vicios actuales, entre ellos el mal manejo de la renta, que “en el sexenio de (Vicente) Fox no se fue a la inversión, sino que se derrochó en gasto corriente”.

Los señalamientos del ex funcionario cobran relevancia en la circunstancia actual, habida cuenta de que los documentos que comprenden la propuesta calderonista no plantean medida alguna que impida la repetición del despilfarro de recursos petroleros que tuvo lugar en el gobierno del guanajuatense, del que el mismo Felipe Calderón formó parte, durante un tiempo, como secretario de Energía.

Aunque en el texto mismo de la iniciativa se evidencia la intención de abrir la industria de hidrocarburos a los capitales privados, el discurso oficial niega tal propósito y asegura que su intención es impulsar la prospección, la perforación y la producción de crudo. Pero incluso en el cuestionable supuesto de que la reforma propuesta por el Ejecutivo federal lograra incrementar las exportaciones petroleras y aumentar los recursos que teóricamente se captarían por esa vía, nada garantizaría que las hipotéticas utilidades adicionales así captadas no se derrocharan de manera similar a como ocurrió en la administración pasada.

En la actualidad, el incremento en el gasto de la administración pública implica un doble despilfarro de las ganancias generadas por la venta de hidrocarburos, pues no sólo absorbe el monto de renta petrolera previsto en los presupuestos de ingresos, sino también los recursos excedentes obtenidos por los altos precios internacionales del petróleo. Como botón de muestra ha de mencionarse que de enero a septiembre de 2007 entraron 77 mil 561 millones de pesos de la exportación más de la suma original prevista, pero esos recursos extraordinarios fueron absorbidos por el crecimiento del gasto gubernamental, que fue superior en 84 mil millones de pesos respecto del mismo periodo del año previo.

Para mayor aberración, las inversiones realizadas por Pemex durante la actual administración han sido financiadas, casi en su totalidad –más de 89 por ciento–, por medio de los proyectos de inversión con impacto diferido en el gasto (Pidiregas), lo que conlleva un endeudamiento de la paraestatal con el sector privado por no poder realizar inversiones con recursos propios.

Otro asunto de suma importancia, puesto también sobre la mesa en el debate de ayer en el Senado, es la ausencia de una política fiscal eficiente por parte del actual gobierno, así como sus afanes por cubrir tal fallo con recursos petroleros. Como lo señaló el economista Arturo Huerta, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México, la iniciativa calderonista es “incompetente económicamente” porque, lejos de revertir esa situación, la ahonda: resulta inviable sostener el gasto público con base en un recurso no renovable, como es el petróleo, y no hacerlo, por ejemplo, vía el cobro de impuestos a los grandes capitales, como se hace en los estados modernos. Es de suponer que, de acelerarse el incremento en la producción de crudo –lo que supuestamente se pretende por medio de la exploración y la explotación de los yacimientos submarinos–, acabará por ahondarse la dependencia que el gobierno mexicano acusa con respecto a las ganancias petroleras, de donde provienen 40 centavos de cada peso del gasto público.

En suma, al igual que el resto de los foros de discusión sobre la reforma energética, el celebrado ayer ha mostrado la necesidad de una visión de Estado y no de mercado en el manejo de los recursos energéticos, a fin de que éstos dejen de representar sólo oportunidades de negocio inmediato, y comiencen a ser manejados como lo que son: un recurso no renovable que ha de emplearse para beneficio de la nación y de las generaciones presentes y futuras.

 
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