Usted está aquí: miércoles 25 de junio de 2008 Opinión Almeida Merino, el obispo de la democracia electoral

Bernardo Barranco V.

Almeida Merino, el obispo de la democracia electoral

El pasado 21 de junio, falleció a los 92 años, el arzobispo emérito Adalberto Almeida Merino. Pastor fiel a las renovaciones del Concilio Vaticano II, cuya aportación es más social que religiosa, enfrentó con valentía el fraude electoral de 1986. Cuando políticamente estaba prohibido desafiar las decisiones del sistema, él encaró el avasallamiento sistémico de dos imperios: el del viejo sistema político imperante y el del Vaticano, que en esa coyuntura actuó en complicidad.

Adalberto, hijo único, tempranamente huérfano, nació el 6 de junio de 1916 en el poblado de Bachíniva, Chihuahua. En 1929 ingresó al seminario, donde estudió tres años de latín y año y medio de filosofía. La persecución religiosa desatada en el país y sus características peculiares en el estado norteño provocó la desbandada de seminaristas. Monseñor Antonio Guízar y Valencia, hermano de Rafael, recientemente canonizado, logró que estudiara en el Seminario de Durango. Posteriormente lo envió a Roma, acompañado de otros seminaristas, entre ellos Manuel Talamás Camandari (futuro obispo de Ciudad Juárez), Carlos Enríquez (vicario general de esa misma ciudad) y Arturo García Muñoz. Su paso por Europa, de 1936 a 1946, coincide con la Segunda Guerra Mundial; obtuvo en Roma la licenciatura en filosofía, en teología y derecho canónico por la Universidad Gregoriana.

En mayo de 1956 Adalberto fue nombrado obispo de Tulancingo, ocupando el lugar de Miguel Darío Miranda, futuro arzobispo de México; ahí permaneció casi seis años hasta que fue trasladado a Zacatecas. Finalmente, el 24 de agosto de 1969 regresó a Chihuahua y el 9 de septiembre tomó posesión como arzobispo.

Si se ha dado un proceso de democratización y de participación social en el Chihuahua contemporáneo, se debe, en gran parte, a la intervención de la Iglesia conducida por don Adalberto. Los cambios en la entidad y en su cultura política indican un trabajo pastoral en los tejidos sociales de los laicos de las clases medias. Se puede afirmar que la Iglesia católica tuvo una fuerte presencia en los procesos electorales de 1983, 1985 y 1986. Su visibilidad política fue particularmente notoria en las elecciones de 1986, los comicios más conflictivos, caracterizados, a su vez, por un mayor grado de participación social. Es erróneo situar a Almeida Merino como simpatizante de la teología de la liberación, aunque efectivamente desarrolla de manera intensa una pastoral social, centrada en la justicia y en la promoción de los pobres, pero más en la perspectiva de un humanismo cristiano progresista. De ahí su acento en la democracia, en la participación cívica, en la defensa y promoción del voto.

Mientras en aquellos años los analistas en materia religiosa señalaban que en el sur del país la tendencia de los obispos progresistas era “tierra y libertad”, que significaba la confrontación con la injusticia social, estructuras autoritarias y la defensa de los derechos humanos más elementales, en el norte la caracterización era simbolizada por “sufragio efectivo no relección”, cuya tendencia más ciudadana la protagonizaba monseñor Adalberto Almeida.

El investigador de movimientos sociorreligiosos en México, Gabriel Muro, dice: “Si anteriormente las preocupaciones sociales de la estructura eclesiástica se centraban en pugnar por la justicia social, en la década de los 80, lo hizo en la responsabilidad cívica” (Iglesia y movimientos sociales en México, p.152).

En medio de las múltiples movilizaciones de oposición ante el supuesto fraude electoral de 1986 en Chihuahua, animadas principalmente por organizaciones católicas, la jerarquía decide el 13 de julio cerrar los templos el domingo siguiente para protestar contra el fraude electoral. El domingo señalado, Almeida Merino hizo leer en todos los templos del estado una fuerte homilía de denuncia; sin embargo, el delegado apostólico, Girolamo Prigione, ordenó cancelar esta acción y se comunicó con el Vaticano, respondiendo así a la solicitud del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett.

Pocos días después, los obispos de Chihuahua recibieron una notificación tajante de Roma que les ordenaba suspender las medidas de protesta; bajo la ley canónica era ilegítimo suspender el culto. Los obispos se plegaron al Vaticano y al gobierno del entonces presidente Miguel de la Madrid. Sin embargo, el precedente estaba dado: la Iglesia católica se había atrevido a tocar de manera amenazante un momento de debilidad estructural y una de las fibras más sensibles en que se había apoyado tradicionalmente el viejo sistema político mexicano. Muchos obispos respaldaron al arzobispo y repudiaron, ad intra, el colaboracionismo entreguista de Prigione. Sin duda fue un parteaguas que marcó la irrupción política de la Iglesia, favorecida por el declinamiento, la erosión paulatina del sistema político.

El “caso” Chihuahua marca una nueva etapa de negociación y de correlación política entre la Iglesia y el Estado; dos instituciones que, manteniendo intactos su principios, habían desgastado su pacto inicial de convivencia y se disponían a renegociar. La Iglesia católica, mediante la presión pública y social, perfectamente coordinada con la negociación privada, cupular y tradicional, obtendría una serie de triunfos que culminarían con “el fin de la simulación”, es decir, se modificaría la Constitución y se entablarían relaciones diplomáticas con el Vaticano. La acción de Almeida Merino a la larga significó un proceso de reacomodo de actores.

La jerarquía católica, durante décadas identificada con el reaccionarismo político petrificado, de pronto emerge identificada con los reclamos sociales de democracia y de nuevas reglas de juego, así como la inclusión de nuevos jugadores en el complejo entramado político. Finalmente, tanto al arzobispo de Chihuahua como al obispo de Juárez se les asignaron, antes de su jubilación, obispos coadjutores para neutralizar su tarea. A Talamás le impusieron nada menos que a Juan Sandoval Íñiguez, y a monseñor Adalberto a José Fernández Arteaga.

Almeida Merino, un obispo civilista al que nuestra incierta democracia le debe mucho.

 
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