■ “Discriminatorio, inequitativo y desproporcionado”, el régimen fiscal de la empresa
Falso, que Pemex padezca escasez de recursos, dicen expertos de la UNAM
■ Ibarra Muñoz: aun con tributación baja, el mejor manejo de los fondos permitiría capitalizarla
El intento de privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex) con el propósito de obtener mayores recursos para la modernización de su infraestructura tecnológica y capacidad de explotación “no sólo carece de sustento técnico, sino que responde a una argumentación totalmente falsa sobre la carencia de recursos internos para rescatar a la paraestatal”, afirmaron especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Reunidos en el auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina, durante la cuarta jornada del debate universitario sobre la reforma energética, David Ibarra Muñoz, ex secretario de Hacienda y Crédito Público, afirmó que incluso con una “tributación excepcionalmente baja, como ocurre en nuestro país, el mejor manejo de los fondos disponibles permitiría holgadamente satisfacer los requerimientos de capital de Pemex durante el periodo de recuperación de sus capacidades productivas”.
En tanto, Ruperto Patiño Manffer, director de la Facultad de Derecho, señaló que al imponer a la paraestatal un régimen fiscal “discriminatorio, inequitativo y desproporcionado, se le obliga a cumplir con una disposición legislativa que resulta violatoria de la Constitución”.
Ante un escenario en el cual se da por sentado que las ganancias de Pemex deben pasar en su totalidad a las arcas de la Federación, el Estado mexicano ha manejado el negocio petrolero, advirtió, “incurriendo en graves ineficiencias, pues no existe empresa en el mundo que pueda desarrollarse eficientemente si debe enfrentar un régimen fiscal especial, discriminatorio y prácticamente confiscatorio, a la que además se le ha impedido invertir en investigación y desarrollo condenándola a la obsolescencia”.
No hay formación de cuadros
Catedráticos del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas (IIMAS) enfatizaron que una de las graves carencias es la falta de apoyo y vinculación de Pemex con el sector científico y tecnológico en centros e institutos públicos de investigación, “a los que no les llegan recursos ni tampoco se incentiva la formación de recursos humanos especializados en áreas estratégicas como la exploración y explotación de yacimientos”.
En el encuentro, al cual asistieron Susana Gómez, del IIMAS; Dante Jaime Moreno, del Instituto de Geología, y Jordi Trilla, del Centro de Geociencias, los participantes destacaron que en México existe “talento y capacidad para desarrollar importantes avances tecnológicos en el sector energético, pero se requiere de una política de Estado clara, con pautas de inversión y vinculación con el sector público y privado”.
Por su parte, Jaime Cárdenas Gracia, catedrático del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ), afirmó que al menos hay “diez razones por las cuales la iniciativa presentada por el presidente Felipe Calderón es inconstitucional”.
Destacó que, de aprobarse, “importantes fases de la industria petrolera se entregarían a particulares, nacionales y extranjeros, a lo cual se suma que se estarían creando dos empresas petroleras, una pública y otra privada, que también enfrentarían competencia de mercado”.
Planteó que el proyecto gubernamental es privatizador porque los conflictos que se generen entre ambas empresas “no serán dirimidos únicamente por el derecho público, sino que se podrá invocar el derecho privado, pues se entenderán como actos de comercio, cuyas controversias pueden ser solucionadas ante tribunales de otros países”.
Edgar Corzo Sosa, catedrático del IIJ, afirmó que si bien la participación, directa o indirecta del sector privado en un área estratégica “no es necesariamente inconstitucional, sí es claro que en todo momento se debe respetar que la propiedad y control de los órganos creados –en el sector petrolero– queden en manos del sector público”.