■ Sostiene la comisión mediadora reuniones con ambas partes; hay avances, afirman

Los eperristas, secuestrados, insiste SG; denuncian familiares desaparición forzada

■ Bucareli ofrece coadyuvancia en la pesquisa

Fabiola Martínez

El gobierno federal ofreció ayer a los familiares de Edmundo Reyes Amaya y Alberto Cruz Sánchez (integrantes del Ejército Popular Revolucionario) “coadyuvancia” en la averiguación previa por el delito de secuestro, que actualmente tiene abierta la Procuraduría General de la República.

Sin embargo, los familiares interpusieron demanda por el delito de desaparición forzada, de ahí que el gobierno se comprometió a analizar el caso “para ver si es posible la reclasificación”, a fin de hacer la averiguación por este delito, señaló la Comisión de Mediación entre el gobierno y el EPR.

Al término de un nuevo encuentro entre los integrantes de la comisión referida y el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), se informó que la administración del presidente Felipe Calderón deberá analizar por qué el Ministerio Público clasificó los expedientes como secuestro.

“Si son sustantivas las razones, se le dirá a los familiares y ellos valorarán si les convence el ser coadyuvantes de un delito que no denunciaron”, informó Miguel Ángel Granados Chapa, abogado y periodista, y que es integrante de la Comisión de Mediación.

El vocero de este grupo, el escritor Carlos Montemayor, consideró que el encuentro con funcionarios de la SG fue un avance, porque el punto central era plantear el análisis de los casos de desaparición forzada.

En diversos encuentros con funcionarios de Gobernación, los mediadores les han entregado diversos documentos en los que exponen la inoperancia de las actuaciones de las instancias de procuración de justicia, ante denuncias concretas de desaparición forzada, presentadas por los familiares de Reyes Amaya y Cruz Sánchez.

Los mediadores han advertido en distintos espacios que se requiere de una voluntad política más firme, ya que hasta el momento los juicios (derivados de denuncias en instancias del gobierno federal y de Oaxaca) no han arrojado resultados.

También han hecho énfasis en la necesidad de que el gobierno aclare la probable participación de militares en estos casos de desapariciones, en particular que esclarezca las gestiones que realizó Alejandro Punaro, quien ante los familiares se hizo pasar como representante de la Presidencia de la República.

Sobre este último punto, los funcionario, de Gobernación aseguraron que esa persona fue funcionario de la PGR, pero no de otra instancia.

Montemayor dijo que “hay muchas tendencias e inercias para llamar a las cosas, de ahí que el trabajo de los mediadores y de los periodistas se parece”. Es decir, “tenemos que aprender a distinguir entre líneas a qué se refieren los leguajes político, de medios o jurídico. Entonces, estamos trabajando en cómo adecuar las realidades más allá de las palabras o los tecnicismos”.

Por lo pronto, como explicó Granados Chapa, se harán las determinaciones jurídicas pertinentes “para ver si es posible la reclasificación” del delito, especialmente porque no existe una instancia ex profeso que investigue las desapariciones forzadas.

A los familiares, agregó, no les parece congruente ni útil coadyuvar en una investigación por un delito que no denunciaron: “Es como si alguien denunciara robo y el Ministerio Público averigua despojo”, dijo.

La oferta planteada por el gobierno federal fue transmitida ya a los familiares de los eperristas desaparecidos.

—¿Esta coadyuvancia sería un paso hacia la aceptación del delito de desaparición forzada?

—No, porque el gobierno ofrece a los familiares la coadyuvancia respecto del delito de secuestro y los familiares la quieren respecto al delito de desaparición forzada —explicó Granados Chapa.

Cuando se elimine esa diferencia, precisó, “veremos si camina o no la coadyuvancia”.

■ Maneja gobierno el caso a su manera, acusan

Emir Olivares Alonso

Los familiares de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), desaparecidos en mayo de 2007, aceptarían la propuesta del gobierno federal de “coadyuvancia” en las indagatorias sobre el caso, “sólo si se reclasifica el delito de secuestro –que actualmente siguen las líneas de investigación— por el de desaparición forzada”.

Nadín Reyes y Margarita Cruz, hija y hermana respectivamente, de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, los dos eperristas que desaparecieron el 25 de mayo del año pasado, se reunieron con la Comisión de Mediación, luego del encuentro que ésta sostuvo con representantes de la Secretaría de Gobernación, donde se informó a los familiares la propuesta de la administración federal.

“Nosotros siempre hemos tenido claro qué buscamos, la comisión igualmente: la aparición con vida de mi padre y del señor Gabriel Alberto; pero de parte del gobierno parece que no lo tienen claro, ellos manejan las cosas de manera extraña y a su manera”, señaló Nadín en entrevista luego de ese encuentro.

La joven –quien desde hace más de un año inició una campaña por la presentación con vida de su padre— recordó que el primer “desacierto” gubernamental se dio cuando las autoridades decidieron iniciar las investigaciones por el delito de secuestro, pese a que los familiares de los dos integrantes del EPR presentaron una denuncia por desaparición forzada, delito de lesa humanidad según los lineamientos internacionales.

“No veo más hacia dónde le puedan mover (las autoridades federales). Tendrán coadyuvancia cuando reclasifiquen el delito: todo indica que se trata de desapariciones forzadas y no de secuestro. Ahora cambian la estrategia: antes no nos buscaban pese a que lo solicitamos, sólo nos citaron para una prueba de ADN –la cual no aceptaron los familiares— y ahora gracias a la comisión se logran avances, pero continuamos preguntándonos a qué está jugando el gobierno”, refirió Reyes.

Agregó que también se les ha negado el acceso a las indagatorias sobre el caso y que ahora, con la propuesta presentada ayer ante la Comisión de Mediación, “se quieren hacer los buenos, como que nos hacen un favor al permitirnos participar en las investigaciones, pero debo recordar que hemos solicitado coadyuvancia muchas veces para el delito de desaparición forzada”.

Por su parte, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Alberto, reiteró que la exigencia y prioridad es la misma: “Que presenten con vida a nuestros familiares. Urge su aparición, el tiempo pasa y nada; pero tenemos confianza en los integrantes de la comisión y sabemos que con su labor podremos llegar a nuestro objetivo”.

La joven también advirtió que de no reclasificarse el delito por el que la Procuraduría General de la República investiga la desaparición de Cruz Sánchez y Reyes Amaya, los familiares no participarán en las indagatorias.

La reunión entre familiares y los mediadores –a la que también acudieron integrantes de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, organización que asesora legalmente a los familiares— se organizó en las instalaciones pertenecientes a la agrupación Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz, luego del encuentro de la Comisión Mediadora con representantes del gobierno en Bucareli.