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■ No reconoce su lengua y los margina de la educación, dice lingüista

Denuncian a la SEP por violar los derechos de los sordos

Ciro Pérez Silva

La Secretaría de Educación Pública (SEP) no sólo no reconoce la lengua de señas mexicana (LSM) como lengua nacional, tampoco ha hecho nada por establecer esquemas institucionales que permitan a los sordo-señantes acceder a una educación regular en que se hable su lengua y se maneje el español como segunda opción, afirmó el lingüista Boris Fridman Mintz, representante de la Comunidad de Sordos Mexicana.

Tras condenar las respuestas de la SEP a las demandas para cumplir con la Ley General de las Personas con Discapacidad, sostuvo que tanto las evaluaciones que se les aplica como las estadísticas con que se clasifica a los sordos les niega toda posibilidad de acceso formal a la educación básica regular en su idioma, el único que les es plenamente conocido.

Subrayó que la Comunidad de Sordos Mexicana no solicitó la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que defienda derechos lingüísticos, culturales y educativos sobre los que pudiera legislarse, sino para reclamar los derechos otorgados a los sordos por la legislación vigente, mismos que la SEP “está violando con impunidad”.

Patrimonio lingüístico

Destacó que tras una larga historia de luchas para que la sociedad y el Estado mexicanos reconozcan y respeten la LSM, así como la identidad cultural de la Comunidad de Sordos Mexicana, se logró que ciertos derechos se plasmaran en el artículo 12 de la Ley General de la Personas con Discapacidad, como el reconocimiento de que: “La LSM es una de las lenguas nacionales que forman parte del patrimonio lingüístico con que cuenta la nación mexicana”.

Pero la negativa de la SEP a reconocer esta ley orilla a los señantes a asistir a un plantel de educación básica regular, sin que ellos ni la propia escuela reciban el respaldo que se requiera de las Unidades de Servicio y Apoyo a la Educación Regular (USAER).

Otra opción es asistir a un Centro de Atención Múltiple (CAM) porque se considera que no tienen la capacidad mínima para integrarse a un plantel de educación regular, o porque –por ahora– dichos planteles no pueden atender a sus particulares necesidades.

Fridman advirtió que, para cumplir con la citada ley, la SEP debería, al menos, transformar los CAM que desarrollan programas de educación bilingüe en planteles de instrucción regular bilingüe, con los apoyos y reconocimientos correspondientes; instalar cuando menos un plantel de educación bilingüe regular en cada estado de la República y en el Distrito Federal; promover el reconocimiento oficial de los planes de esta enseñanza existentes en las escuelas privadas de educación regular de sordos y favorecer la mejora en la calidad educativa de los planteles privados que así lo requieran.

Crear planes de estudio para la formación de docentes especializados en educación bilingüe de sordos, a la par de los existentes para la educación bilingüe de los indígenas, y generar condiciones para el ingreso de sordo-señantes a tales programas; certificar a los pocos sordos docentes en programas de educación bilingüe y otorgarles trato laboral equitativo.

Asimismo, tratar a los alumnos y docentes de estos planteles con las estadísticas, procedimientos de evaluación y acreditación con que se trata a las comunidades escolares de educación regular bilingüe, sean de la lengua que sean; instruir a la Dirección General de Televisión Educativa para que integre la interpretación a LSM a sus producciones y transmisiones, así como la estenografía proyectada en español.

Además, definir la instancia de la SEP que habrá de hacerse cargo de instituir, normar y regular la educación bilingüe de sordos, de modo que no quede subordinada a la normatividad del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración Educativa, sino a los requerimientos de la educación regular de calidad, en cuanto tal.

“Mientras la SEP no haga al menos algunas de estas cosas continuará violando flagrantemente los derechos lingüísticos, culturales y educativos que la Ley General de las Personas con Discapacidad, entre otras, otorga a los sordos mexicanos.”

Fridman dijo tener la esperanza de que la CNDH “llame a cuentas a la SEP y coadyuve a que no se sigan violando impunemente los derechos legalmente reconocidos de los sordos mexicanos a vivir orgullosos de su identidad colectiva, ejerciendo efectivamente su derecho a una educación pública de calidad, sabiendo que su integración no pasa por su denigración, pues desde niños podrán ejercer el derecho a pensar en su propia lengua y conocer su nombre propio”.

 
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