Usted está aquí: miércoles 2 de julio de 2008 Sociedad y Justicia Llaman irresponsable a la SEP por revocar registros de validez oficial

■ Directivos de escuelas afectadas atribuyen a la secretaría errores en los métodos de evaluación

Llaman irresponsable a la SEP por revocar registros de validez oficial

■ Demandan que la institución rectifique públicamente sus deficiencias administrativas

Gabriel León Zaragoza

Ampliar la imagen Los representantes de los bachilleratos a los que se les retiró el reconocimiento de la SEP denunciaron que se trata de un error de la secretaría y les perjudicará en el inicio del próximo ciclo escolar Los representantes de los bachilleratos a los que se les retiró el reconocimiento de la SEP denunciaron que se trata de un error de la secretaría y les perjudicará en el inicio del próximo ciclo escolar Foto: María Luisa Severiano

Directivos de escuelas privadas de bachillerato en la ciudad de México a los que la Secretaría de Educación Pública (SEP) revocó el Registro de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) se dijeron “enfadados” por el “acto de irresponsabilidad” de las autoridades federales, toda vez que aseguraron tener sus documentos en regla y haber aprobado satisfactoriamente todos los trámites y supervisiones que las autoridades educativas les han realizado.

“Acudimos a entrevistarnos este día con las autoridades y ellos reconocieron la existencia de errores, que se comprometieron a corregir en el transcurso de esta semana”, informaron funcionarios de institutos que la secretaría presuntamente sancionó con la revocación.

En sendas entrevistas, directivos de unas 30 escuelas capitalinas afectadas exigieron a las autoridades educativas de nivel medio superior, a cargo del subsecretario Miguel Székely Pardo, que rectifique públicamente la situación de los expedientes de los centros educativos y “corrija las deficiencias administrativas” de la SEP.

Provenientes del interior del país y de las delegaciones capitalinas, directivos y funcionarios informaron que desde temprana hora de ayer se apersonaron en instalaciones de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial (DGETI) de la SEP, con documentos en mano, para aclarar su situación legal y evitar que la secretaría siga “dañando la imagen de las escuelas” particulares.

Luego del anuncio federal, directivos de institutos reconocieron que decenas de padres de familia los buscaron personalmente o vía telefónica pidiendo explicaciones. En respuesta, refirieron, les aclararon que cuentan con los documentos oficiales correspondientes e incluso les mostraron los más recientes, que en gran parte de los casos fueron otorgados por las autoridades educativas hace un par de semanas.

“Estamos tan regulares con nuestros servicios y registros ante la SEP que inclusive estamos por ir a recoger los certificados escolares”, destacaron los entrevistados, algunos de los cuales se consideraron “alarmados” por el nivel de “confusión” que han generado las noticias de las autoridades educativas, sin tomar en cuenta que con su anuncio “habrá afectaciones con las inscripciones que se avecinan en agosto”.

José Soria Pérez, director del Instituto Naciones Unidas SC, precisó que la inclusión en la lista de los centros que no cumplen con los “estándares de calidad” es un error de papeleo que la SEP se ha negado a corregir desde hace meses.

“Desde hace un mes sabíamos que la SEP estaba publicando mal la información en su página, y previendo esta situación metí un escrito al director general de la DGETI, en el que pregunto por qué estaban publicando mal la información. Sin embargo, con lo declarado este lunes me doy cuenta que hicieron caso omiso a lo que solicité”, apuntó.

Situaciones similares, expusieron por separado, han “padecido” el Colegio Boston de México y la Escuela Panamericana de Hotelería, entre otros.

Sobre el tema, el presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF), Guillermo Bustamante, saludó la medida de las autoridades federales, pero pidió que los estándares de calidad también se soliciten en las escuelas públicas.

“Las autoridades tienen que exigir, pero deben ser parejos. Cuando no se cumpla con este requisito se les tiene que sancionar o retirar del servicio educativo”, afirmó.

 
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