■ Minefinders Corporation ocasiona daños ambientales y económicos, afirman labriegos
Ejidatarios chihuahuenses acusan a empresa canadiense de violar acuerdos
■ Extiende sus actividades mineras en más de mil 200 hectáreas a pesar de una licencia de sólo 500
Chihuahua, Chih., 2 de julio. Campesinos del ejido Huizopa, habitantes del poblado Dolores, en el municipio de Madera, acusaron a la empresa canadiense Minefinders Corporation de violar acuerdos con el núcleo ejidal y extender sus actividades para la apertura del tajo de una mina en más de mil 200 hectáreas, no obstante que la firma sólo tiene licencia de uso de suelo para 500, lo que ha ocasionado daños ambientales y económicos al patrimonio de decenas de familias de la región.
El presidente del comisariado ejidal de Huizopa, Enrique Torres, informó que sus compañeros mantienen un plantón permanente a la entrada de la mina operada por Minefinders, pero no se han interrumpido actividades, y exigieron a las autoridades federales una solución a las constantes violaciones ambientales en las cuales incurre la empresa extranjera.
Explicó que el principal punto de divergencia entre Minefinders y los ejidatarios es que la firma se niega a realizar una medición de la superficie de construcción del tajo de la mina, que incluyó al caserío Dolores y ha sobrepasado en más de 700 hectáreas la licencia de uso de suelo que autoridades federales le concedieron.
De acuerdo con los ejidatarios, Minefinders ya extendió las actividades del tajo de mina sobre mil 200 hectáreas, a pesar de que tiene permiso para 500, pero además incurrió en una serie de prácticas ilegales con la intención de extenderse a más de 3 mil 500 hectáreas de terreno, sin contar con autorización de la asamblea ejidal.
Desde mediados de junio anterior, el ejido Huizopa demandó la intervención del gobierno de Chihuahua para que actúe como mediador, a fin de que se lleven a cabo trabajos de medición de la superficie que ocupa la minera. Sin embargo, los directivos de Minefinders no aceptan someterse a dicho peritaje.
Los ejidatarios asimismo acotaron en un comunicado que Minefinders se instaló en sus tierras en 1994, amparada con títulos de concesiones mineras que le otorgó la Secretaría de Economía sin tomar en cuenta a los labriegos.
Se quejaron de que desde entonces la empresa canadiense “se fue apoderando silenciosamente de cientos de hectáreas”, y en 2006 firmó un contrato de usufructo por mil 200 hectáreas con las autoridades ejidales.
Recordaron que en el contrato se acordó que la empresa pagaría 39 millones de pesos de única exhibición económica por 16 años de explotación minera, aunque anualmente obtiene por sus operaciones en la región ganancias multimillonarias en dólares.
Los campesinos exigieron a la empresa una relación justa y equitativa, pero la minera se niega a cumplir con los acuerdos, por lo que la responsabilizaron de la ruptura del diálogo.
Por su parte, el diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra dijo que, además de la apropiación ilegal de tierras por parte de Minefinders, el principal problema es el daño ambiental que la operación de minas a tajo abierto ocasiona en la Sierra Tarahumara.
Comentó que Minefinders utiliza productos químicos letales para la flora y la fauna como cianuro de potasio, usado en la extracción de oro y plata, además de que detona diariamente decenas de toneladas de explosivos.
(Con información de Matilde Pérez, reportera)