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Carlos Beas Torres

Oaxaca: dos largos años

Han pasado ya dos largos años desde aquel despertar violento de la húmeda madrugada del 14 de junio, cuando cientos de policías estatales, azuzados por sus mandos, atacaron con furia desmedida una pacífica protesta de trabajadores de la educación. Esta fue la respuesta de fuerza de un gobierno torpe y autoritario a demandas legítimas de un sector importante de la sociedad oaxaqueña.

Ante la brutalidad gubernamental, y en un extraordinario gesto de solidaridad, el pueblo de inmediato respondió y esa misma mañana logró en pocas horas replegar a los policías, quienes en desbandada y protegidos por un helicóptero, huyeron despavoridos, dejando atrás equipo, uniformes y heridos. El ataque sufrido por los maestros provocó la indignación generalizada y el surgimiento de un poderoso movimiento ciudadano que pocos días después daría vida a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, la APPO.

Este 14 de junio se cumplieron dos años del nacimiento de una intensa e inédita movilización ciudadana en nuestro país, en la cual mujeres, trabajadores, jóvenes, indígenas, artistas y habitantes de las colonias se organizaron y salieron a reclamar derechos que le han sido negados de manera sistemática al pueblo de Oaxaca y, por qué no decirlo, también al pueblo de México.

Los siguientes cinco meses toda la geografía oaxaqueña se vistió con los colores de las protestas, con brutales actos represivos, con propuestas democratizadoras, y en la capital del estado se vivió una inusual convivencia ciudadana en torno a las barricadas. Cinco meses donde las más extremas pasiones y sentimientos brotaron con fuerza dando vida a la llamada Comuna de Oaxaca.

Cinco largos meses en los que los escuadrones de la muerte, y los policías estatales y federales, con saña, secuestraron, asesinaron y violaron de manera abierta los derechos de miles de personas, tratando con ello de aplastar una revuelta que poco a poco se extendía y ganaba simpatía en el resto del país. Cinco meses cuyas noches se llenaban de terror por el indiscriminado ataque de convoyes integrados por policías, pandilleros y presidiarios.

Los gobernantes pensaron que la ocupación militar y el estado de sitio impuesto a partir del 25 de noviembre de 2006 serían suficientes para destruir a este movimiento, pero se equivocaron. En estos dos últimos años, la movilización de los oaxaqueños no sólo no fue derrotada, sino que se ha multiplicado, y ha crecido la resistencia, como –también es importante decirlo– se ha expandido la violencia gubernamental que en este tiempo ha cobrado la vida de otros 20 oaxaqueños.

Gracias al apoyo abierto de los gobiernos de Fox y de Calderón y a la operación violenta de la red de cacicazgos que operan en Oaxaca, se ha mantenido en medio de una crisis permanente el gobierno de Ulises Ruiz. Con cambios cosméticos y simulacros de reforma, pero también con constantes actos represivos, este gobierno ha tratado de contener sin éxito la protesta social.

Sin embargo, la movilización ciudadana no ha logrado hasta ahora que sean castigados los responsables de tantos atropellos, como tampoco ha conseguido que haya cambios significativos en la vida de la sociedad oaxaqueña. A pesar de los numerosos informes emitidos por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, donde se reconoce la existencia de graves actos violatorios, la impunidad persiste. Si bien uno de los principales responsables de la represión fue removido de su cargo, Jorge Franco, quien durante la etapa más violenta del conflicto fungió como secretario de gobierno, durante más de un año siguió operando tras bambalinas hasta ser designado recientemente presidente del comité estatal del PRI.

La mayoría de los mandos policiacos responsables de la represión han dejado sus cargos, algunos murieron en condiciones extrañas, otros salieron del estado, y uno de ellos se encuentra arraigado y sujeto a investigación en relación a la desaparición de dos eperristas ocurrida el año pasado en Oaxaca. Pero ninguno hasta ahora ha sido sancionado por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años 2006 y 2007. Ninguno.

El 14 de junio miles y miles de oaxaqueños salieron de nuevo a las calles en una gigantesca manifestación, con ello recordaron públicamente los hechos represivos ocurridos hace dos años, pero también lo hicieron para demandar la liberación de los presos políticos que aún se encuentran encarcelados en diferentes prisiones del estado; también ese día se levantaron las voces para exigir castigo a los funcionarios públicos responsables de la violencia.

Y en esta nueva megamarcha no faltó la consigna cantada: “Ya cayó, ya cayó, Ulises ya cayó”. Porque a raíz de los hechos del 14 de junio, Ulises Ruiz dejo de ser el gobernador para miles de oaxaqueños y ahora sólo para muchos es un tirano cínico sostenido por el gobierno federal, por las bandas caciquiles que asuelan a los pueblos de Oaxaca y por la impudicia y complicidad de la clase política refugiada en los partidos políticos, incluido de manera sobresaliente el PRD.

En esta fecha tan importante para el pueblo oaxaqueño se recordó que hay grandes pendientes, que hay tareas inconclusas, que la pobreza, la injusticia y la violencia en la que han vivido generaciones de oaxaqueños persiste y que sólo podrán ser erradicadas por una transformación profunda, cambio que sólo se puede lograr por la intensa y unitaria movilización ciudadana acompañada necesariamente de la solidaridad activa de grandes sectores del pueblo mexicano. Lo que reclama el pueblo de Oaxaca va más allá de Oaxaca: es la democratización real del país y no la farsa en la que vivimos a diario. El 14 de junio no será olvidado por los oaxaqueños y tampoco por muchos mexicanos que sabemos que esta fecha marca un hito en la vida política del pueblo de México.

 
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