■ Nivel “no satisfactorio” en respuesta a solicitudes, revela estudio
“Enorme disparidad” en el acceso a la información publica en el país: CIDE
La transparencia y el derecho de acceso a la información se ejercen con dificultades en la mayor parte del territorio mexicano, y a pesar de que las leyes correspondientes a los 32 estados y al gobierno federal pueden tener las mismas reglas o hasta el mismo precepto, existe una “enorme disparidad” en el cumplimiento y un nivel “no satisfactorio” en términos de respuesta a las solicitudes ciudadanas de información.
Lo anterior se asienta en el diagnóstico Métrica de la Transparencia en México, elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE) con miras a las reformas que este primero de julio tuvieron que efectuarse en las 33 leyes de transparencia del país para cumplir con la reforma al artículo sexto constitucional que ordena el principio de máxima publicidad y la instrucción de hacer pública toda información en poder de los gobiernos federal y locales, organismos autónomos, gobiernos municipales, y los poderes Legislativo y Judicial.
En el estudio se consigna que el mayor reto para los siguientes años será eliminar la “enorme disparidad” en el acceso a la información en México, asunto que deberá revaluarse luego de la puesta en práctica de los referidos cambios a las 32 leyes de las entidades, en vigor, a más tardar, este primero de julio.
Cabe destacar que hasta la fecha no se ha efectuado la reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), que regula la apertura de información en las 245 dependencias del gobierno federal, a pesar de que el propio Congreso fijó como límite el 30 de junio pasado.
También, como resultado de la reforma al sexto constitucional, en 2007, las 32 entidades del país tienen hasta julio de 2009 para incorporar una plataforma electrónica de solicitudes que garantice un acceso expedito a los ciudadanos.
Hasta la fecha, 21 estados han adquirido la plataforma electrónica Infomex, desde la cual se puede efectuar una solicitud de información por Internet. Los estados adheridos a Infomex recientemente son: Oaxaca, San Luis Potosí, Chiapas, Sinaloa, Veracruz, Morelos, Tlaxcala, Zacatecas, Colima y Guerrero.
El estudio del CIDE, el más actual en el tema, consigna que en términos de la calidad de respuestas a las solicitudes de información en el país, únicamente los poderes ejecutivos –gobiernos federal y estatales– cumplen el “mínimo satisfactorio (60 por ciento), mientras los legislativos y municipios se encuentran por debajo de ese porcentaje con 55.7 por ciento en el primer caso, y 45.3 en el segundo.
El Poder Judicial se ha ubicado en el último sitio de ese parámetro con respecto a los otros poderes, a pesar de que los órganos de impartición de justicia debieran ser los que den mejor y más amplia información sobre su quehacer institucional.
Los poderes ejecutivos que sobresalen por su omisión a dar respuesta a las solicitudes de información son los de Jalisco, Querétaro, Durango, Michoacán, Tlaxcala y Baja California Sur que se encuentran en el último lugar con cero por ciento en la “calidad de respuestas”, así como en atención al usuario en el caso de la última entidad.
Respecto a la información que por ley deben difundir en sus portales electrónicos de gobierno, sobresalen por no aprobar los estándares mínimos los estados de Tlaxcala, Tamaulipas, Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Michoacán, Durango, Nayarit, Querétaro, Colima y Zacatecas. Dichas entidades están por debajo del mínimo de cumplimiento con porcentajes que van de 18.5 a 53 por ciento.
En cambio, las entidades con niveles de cumplimiento alto en cuanto a la calidad de respuestas son: Distrito Federal (98.96 por ciento); Guanajuato (93.3); Colima (92.7) y Yucatán (91.4). En nivel intermedio se ubican el propio gobierno federal (82.8); Nuevo León (87); Coahuila (84), Quintana Roo (78) y estado de México (75). El promedio en la calidad de respuestas en 31 municipios y una delegación del DF es de 45 por ciento.