Editorial
2006: preservar las boletas
El presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, aseguró ayer que acatará, “en principio”, la solicitud presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no destruir las boletas de la elección presidencial de 2006, como medida cautelar ante las denuncias que ha recibido por presuntas violaciones al derecho a la información. Al mismo tiempo, el funcionario dijo que aguardará a una decisión final del “Estado mexicano” en torno al tema, en la que habrán de intervenir las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, por tratarse de la petición de un organismo internacional sobre un asunto de política interna.
El anuncio reviste importancia porque con él se suspende –al menos en lo inmediato– la comisión de un grave error que, a no dudarlo, consolidaría la extendida impresión de que en los comicios presidenciales de hace dos años se violentó la voluntad popular, y haría imborrable el estigma de ilegitimidad que pesa sobre la actual administración, como le ocurrió al salinismo tras la quema de la papelería electoral de 1998, decidida tres años más tarde por los legisladores priístas y panistas –con Diego Fernández de Cevallos a la cabeza– en la Cámara de Diputados.
En la circunstancia actual, sin embargo, la preservación de ese material, e incluso su exhibición pública –como propuso el propio Leonardo Valdés–, resultan insuficientes para revertir la incertidumbre nacional suscitada por el comportamiento errático y parcial del IFE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que validó la elección no obstante reconocer en ella “irregularidades graves”, y que al día de hoy, significativamente, se sustenta con el surgimiento de nuevos elementos de juicio. Tal es el caso del análisis 2006: hablan las actas, de José Antonio Crespo, quien a partir del examen de más de 60 mil actas de escrutinio, equivalentes a la mitad de los 300 distritos electorales en que se dividide el país, y tras constatar numerosas inconsistencias aritméticas, concluye que con los datos disponibles no es posible saber con certeza quién ganó los comicios presidenciales de hace dos años, dado que los errores aritméticos totales pudieran triplicar la diferencia de 0.56 por ciento que, según los resultados oficiales, separó a Felipe Calderón Hinojosa de Andrés Manuel López Obrador.
Tras 19 meses de un ejercicio de poder severamente obstaculizado por el cobro de facturas y por la vigencia del conflicto poselectoral, el grupo gobernante tendría que ser el principal interesado en el estudio de la papelería de 2006, porque en él podría estar la clave política –legalmente aquellos comicios son cosa juzgada– para superar el déficit de legitimidad que el gobierno en turno padece de origen. Es de suponer que, de efectuarse tal análisis, el escenario político cambiaría radicalmente, pues podrían despejarse las dudas de más de un tercio de la población que, de acuerdo con una encuesta reciente, difundida por Consulta Mitofsky, sigue creyendo que hubo fraude en aquel año. De corroborarse el triunfo de Calderón se redimensionarían los márgenes de acción política con que el actual gobierno afirma contar, pero de los que carece, a la luz de los acontecimientos recientes: por ejemplo, el éxito de la resistencia ciudadana, articulada en el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, para frenar por primera vez en la historia, mediante la movilización en las calles, una iniciativa de reforma legal enviada al Congreso por la Presidencia, lo cual en parte se debe a que el gobierno calderonista, ante el conjunto de sus interlocutores, carece de la autoridad y legitimidad necesarias.
Si del análisis de las boletas se confirmara que la llegada de Calderón a la jefatura del Ejecutivo federal fue la culminación de diversos mecanismos de distorsión de la voluntad popular, se daría pie para reconfigurar el actual gobierno mediante un acuerdo político nacional, sobre la base del reconocimiento de una elección irregular. Cualquiera de esos escenarios daría a la vida política e institucional la fluidez y la normalidad de las que carece actualmente. En cualquier caso, la preservación de las boletas electorales de 2006 es necesaria, si no para evitar que se profundice la polarización nacional, por lo menos para combatir la sensación generalizada de que las cúpulas de las instituciones se empeñan en ocultar algo.