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■ Demanda a los tres niveles de gobierno ser garantes de los derechos ciudadanos

Se pronuncia el Congreso contra la exclusión de mujeres indígenas

■ Llevan a la tribuna el caso de Eufrosina Cruz, despojada de un triunfo electoral en Oaxaca

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Comisión Permanente exhortó a los gobiernos federal, estatales y municipales que sean garantes del ejercicio pleno de los derechos de los ciudadanos en general y particularmente de las mujeres indígenas; también se hizo un llamado al gobierno de Oaxaca y a la autoridad municipal de Santa María Quiegolani a respetar las garantías de cada una de las y los ciudadanos, así como los derechos particulares de Eufrosina Cruz Mendoza.

De igual forma, la Comisión Permanente hizo un llamado al Instituto Nacional de la Mujer y a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación para que proporcionen a dicha comisión el seguimiento que han hecho sobre el caso de las violaciones a los derechos y garantías constitucionales de que ha sido objeto la indígena Eufrosina Cruz.

Asimismo, la Comisión Permanente se pronunció por un rechazo absoluto contra toda expresión de exclusión motivada por condiciones de género, raza, credo o ideología, como ocurrió con Eufrosina Cruz en el municipio de Santa María Quiegolani.

La presidenta de la Cámara de Diputados, la perredista Ruth Zavaleta, llevó el punto de acuerdo a la tribuna, el que apoyaron de inmediato los legisladores y fue aprobado por unanimidad. La legisladora recordó que el pasado 4 de noviembre de 2007 se realizó la elección para el gobierno municipal de Santa María Quiegolani, en Oaxaca, bajo el sistema de usos y costumbres.

Eufrosina Cruz ganó la elección, pero “se le notificó que no tenía derecho a votar y ser votada por ser mujer. Se anuló su triunfo”.

La afectada acudió al Instituto Electoral de Oaxaca para denunciar la violación a sus derechos políticos; sin embargo, José Luis Echeverría Morales, presidente de ese instituto electoral, avaló la elección realizada en la que se desconoció el triunfo de la mujer indígena. En diciembre de 2007 Eufrosina Cruz acudió al Congreso de Oaxaca, “tampoco tuvo apoyo ni respuesta favorable, y el 18 de diciembre de ese mismo año, ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó quejas por violación y conculcación de sus garantías constitucionales”.

En marzo de 2008, subrayó la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), la CNDH reconoció la flagrante violación de los derechos humanos de las mujeres y exhortó a las autoridades de Oaxaca y del país a reformar sus leyes para dar amparo a los derechos políticos de las indígenas. El 18 de enero de este año el gobernador de Oaxaca visitó el municipio de Quiegolani y exigió al edil, Eloy Mendoza, incorporar a un grupo de mujeres al cabildo y que en adelante las asambleas comunitarias tuvieran lugar con la presencia de todos los habitantes del pueblo, incluyendo a las mujeres. Nada de ello ha ocurrido.

“A raíz de su denuncia, Eufrosina Cruz Mendoza ha sido acosada, inclusive recibió una amenaza de muerte el 26 de febrero pasado e interpuso denuncia ante la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, y a la fecha no ha habido respuesta”, expuso la diputada Ruth Zavaleta.

La propuesta de punto de acuerdo fue apoyada por todas las fracciones parlamentarias por votación unánime.

 
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