Usted está aquí: jueves 10 de julio de 2008 Sociedad y Justicia Destituye Gobernación a la secretaria general del Conapo

■ “Terminó su contrato”, aduce la dependencia sobre el cese de Elena Zúñiga Herrera

Destituye Gobernación a la secretaria general del Conapo

■ La demógrafa permaneció 12 años en el cargo; elaboró el Programa Nacional de Población

■ La salida provoca indignación entre ONG; es “inoportuna e innecesaria”, señalan

Fabiola Martínez

Ampliar la imagen Elena Zúñiga dejó el cargo en 2006 por diferencias con el entonces secretario Carlos Abascal Elena Zúñiga dejó el cargo en 2006 por diferencias con el entonces secretario Carlos Abascal Foto: Archivo

Elena Zúñiga Herrera fue destituida como secretaria general del Consejo Nacional de Población (Conapo), bajo el argumento de que venció su contrato. La Secretaría de Gobernación (SG) pretende nombrar ahora, por “libre asignación”, al sucesor en este cargo, cuya función es coordinar el diseño y normatividad de la política de población.

Zúñiga, quien estuvo 12 años a cargo del organismo, fue la responsable de la elaboración del Programa Nacional de Población (PNP) 2007-2012, cuya ceremonia de presentación, a cargo del titular de la SG, Juan Camilo Mouriño, había sido programada inicialmente para mañana (viernes), en el contexto del Día Mundial de Población.

La remoción de la demógrafa fue considerada por las organizaciones que integran el Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población, e integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano de Conapo, una decisión “inoportuna e innecesaria”, que “evidencia la pretensión de los gobiernos panistas de resquebrajar la política de población en México”.

La noticia, señalaron, generó “sorpresa e indignación” porque con ello se lesiona la política de Estado en materia de población que ha mantenido el país por más de 30 años, por encima de transiciones sexenales ideológicas y partidistas.

La destitución le fue informada a Zúñiga el sábado pasado y, dos días después, la subsecretaria de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Ana Teresa Aranda, acudió a las oficinas Conapo para manifestar, ante unos 40 empleados de este organismo, que estaba impactada con la noticia porque había aprendido a apreciar a la ahora ex funcionaria, quien –de acuerdo con fuentes consultadas– se limitó a decirle a su equipo que concluía una etapa.

Por la noche, Gobernación informó de la “conclusión de la gestión” de Zúñiga, debido al término de su nombramiento el pasado 6 de julio; reconoció sus “aportaciones” al fortalecimiento internacional de México en materia demográfica, así como su participación en la elaboración el PNP, próximo a publicarse; dijo que “en breve se anunciará al nuevo secretario general del Conapo”.

En la víspera de celebrarse el Día Mundial de la Población y, eventualmente, presentar el programa sexenal en la materia, el Conapo está acéfalo.

En el documento referido, el cual contiene un mensaje del secretario Mouriño (quien es a su vez presidente del Conapo) y del titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, se advierte sobre la situación vulnerable en que se hallan jóvenes y adolescentes mexicanas respecto a información y acceso a métodos anticonceptivos, así como el alto nivel de embarazos no deseados.

La secretaría general de Conapo tiene como responsabilidad planear y regular la dinámica poblacional y coordinar a los diversos sectores que influyen en ella.

La destitución de Zúñiga afectaría también los trabajos iniciados en organismos internacionales, porque la ahora ex funcionaria recientemente fue nombrada presidenta de la Comisión Especial de Población y Desarrollo de Naciones Unidas y del Comité Especial de Población y Desarrollo de la Comisión Económica para América Latina (Cepal).

Zúñiga Herrera es reconocida por académicos y organizaciones no gubernamentales por su promoción a las políticas de población, respetuosas de los derechos humanos, con apego a los acuerdos internacionales.

No es la primera vez que se separa del cargo. En 2006 renunció a la secretaría general del Conapo por mantener diferencias con el entonces secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, precisamente en lo que toca a políticas de población y acceso a información y a métodos anticonceptivos.

Meses después, ya en la administración calderonista, Zúñiga regresó a Gobernación a partir de un contrato temporal por 10 meses; el plan original era que al término de ese plazo concursara por la plaza.

Así lo hizo –en junio pasado– y, a pesar de cubrir los requisitos y resultar con mayor puntaje respecto a otros candidatos, según las fuentes consultadas, el concurso fue declarado desierto. Con ello, la dependencia gubernamental dará paso, como lo permite un acuerdo de la Secretaría de la Función Pública de julio de 2005, a la libre asignación.

El artículo primero de ese acuerdo señala que son de libre asignación las funciones que impliquen de manera permanente la negociación, orientación o defensa de las políticas institucionales en el ámbito, entre otras, de la política interior.

En tanto, el artículo 34 del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal señala que “en casos excepcionales” podrán autorizar el nombramiento temporal para ocupar un puesto, vacante o plaza de nueva creación, sin necesidad de sujetarse al procedimiento de reclutamiento y selección a que se refiere esa ley. El personal no creará derechos respecto al ingreso al sistema.

Premura de la destitución

María Eugenia Romero, presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano del Conapo y directora de la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia, dijo que el lunes pasado tenían programada una reunión con Zúñiga, pero unas horas antes les fue notificada la salida de esta funcionaria.

Comentó que esta acción “intempestiva y grave” es un signo de la poca importancia que concede el gobierno federal a la política de población; también lamentó que las “buenas intenciones” se queden en el papel y no en una campaña amplia y efectiva de información acerca de los métodos de planificación familiar y el acceso a ellos.

Por mencionar un dato, de acuerdo con Conapo, la demanda insatisfecha (de métodos anticonceptivos) entre mujeres adolescentes de 15 a 19 años de edad aumentó de 26.7 a 36.0 en el periodo 1997-2006.

Lo anterior, en un contexto en el que siete de cada 10 mujeres jóvenes tuvieron su primera relación sexual (a la edad de 15.9 años en promedio) sin protección, a pesar de que la mayoría de ellas no tenían la intención de embarazarse.

Las organizaciones civiles –entre las que se encuentran también Católicas por el Derecho a Decidir, Grupo de Información en Reproducción Elegida y Salud Integral para la Mujer– exigieron al gobierno mexicano demostrar su compromiso con la política de población y los derechos de las mujeres: ocho de cada 10 adolescentes que viven en pareja ya tienen un hijo o se encuentran embarazadas, de las cuales 75 por ciento no lo tenía planeado.

 
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