Usted está aquí: sábado 12 de julio de 2008 Política Deben ser castigados “con rigor” los ilícitos de militares: CNDH

■ La Sedena acepta las ocho recomendaciones y ofrece darles cumplimiento

Deben ser castigados “con rigor” los ilícitos de militares: CNDH

■ Soberanes exhorta a Calderón a fijar fecha para el retorno de soldados a los cuarteles

■ Demanda capacitarlos, “porque se disparan entre sí”

Víctor Ballinas

Ampliar la imagen José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a su llegada a la conferencia de prensa en que dio a conocer las recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional José Luis Soberanes, titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a su llegada a la conferencia de prensa en que dio a conocer las recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional Foto: José Antonio López

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes Fernández, al presentar ayer a la opinión pública las ocho recomendaciones que dirigió al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por abusos graves de militares contra civiles, exigió que se castigue “con el rigor de la ley a quienes violan derechos fundamentales, lo cual debe servir para fortalecer a la institución y su autoridad moral”.

Ante asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias y robos, entre otros ilícitos que han cometido elementos castrenses, Soberanes demandó que “las fuerzas armadas no toleren que algunos de sus miembros violen garantías fundamentales sin consecuencias”.

En conferencia de prensa, el titular de la CNDH pidió que se investigue y castigue penalmente a los responsables de las violaciones ocurridas en los estados de Sonora, Sinaloa, Tamaulipas y Michoacán. “Se necesita voluntad política y determinación firme de las autoridades para hacer que el Ejército actúe siempre en el marco de la ley. También se requiere capacitación, porque hemos visto que se disparan entre sí, lo cual indica que no saben usar mínimamente las armas que cargan.”

El ombudsman nacional sostuvo que se debe sancionar a dichos militares –entre ellos tenientes, soldados rasos y cabos–, porque la impunidad genera delincuencia. “Tiene que haber una actitud muy estricta de esas autoridades, de sus tribunales y de la procuraduría militar.”

Demandó que el Presidente de la República envíe mensajes claros de que “no se van a tolerar violaciones a la ley. Esto es algo que implica toda una actitud de la autoridad”.

Expresó: “No podemos permitir como sociedad que el país se vuelva campo de batalla, como Chicago en los años 20. Necesitamos volver a la paz y la tranquilidad. Se ha tenido que hacer uso del Ejército, pero ellos no deben actuar como delincuentes. Éstos violan la ley, y la ilegalidad no se puede combatir con ilegalidad”.

Soberanes Fernández aseveró que sería una imprudencia que de inmediato se pidiera que los militares abandonaran la labor policiaca, pero insistió: “el Ejecutivo debe establecer fecha para que los militares regresen a sus cuarteles y la PFP se haga cargo de la seguridad”.

Al presentar las recomendaciones, destacó que ningún ordenamiento permite que miembros de las fuerzas armadas perviertan su función y realicen en lo individual actos indebidos que tergiversan el concepto de obediencia y los convierten no sólo en violadores de todos los principios y derechos fundamentales inherentes a la dignidad humana.

Muchos de esos abusos, continuó, ocurren por falta de capacitación. No basta con que conozcan los códigos militares, sino que deben conocer las garantías individuales para que las respeten. La CNDH demanda que se dé capacitación al personal castrense de todos los niveles, incluidos los mandos superiores, y se instruya al personal de mando, tropa y de diversos organismos de la Sedena para que permitan el acceso de gente de la CNDH a sus instalaciones.

Soberanes puntualizó que no corresponde al Ejército investigar delitos ni implementar estrategias para prevenirlo. Su participación, resaltó, sólo debe ser “en auxilio y de manera subordinada a las autoridades civiles”.

La segunda visitadora general de la CNDH, Susana Thalía Pedroza, informó que hasta el 10 de julio de este año se habían recibido 983 quejas contra militares, y el estado que ocupa el primer lugar en abusos de soldados es Chihuahua con 199. Michoacán segundo, Tamaulipas tercero y luego Sinaloa y el Distrito Federal.

Susana Pedroza denunció que en la recomendación 29/2008, relativa al caso del migrante José Fausto Gálvez Munguía, la comisión acreditó que el responsable de las agresiones fue un teniente, quien está enfermo de alcoholismo. Inclusive, aseguró que tienen certificados del Hospital Militar que lo incapacitan para participar en operativos y planear y dirigir acciones. “Además, ha estado hospitalizado en un siquiátrico.”


■ Doce efectivos ya son procesados

Gustavo Castillo García

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que aceptó y dará cumplimiento a las ocho recomendaciones entregadas este viernes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de que se acreditó que militares cometieron diversos actos que afectaron las garantías individuales de varios ciudadanos en entidades donde se realizan los llamados operativos conjuntos.

En un comunicado, el instituto armado expresó que “ratifica su compromiso de continuar fortaleciendo en el personal del Ejército y la Fuerza Aérea la cultura del respeto a los derechos humanos y dar cumplimiento a las políticas implementadas por el gobierno federal”.

Manifestó que continuará en “la lucha frontal contra la delincuencia organizada y por recuperar los espacios perdidos que reclaman los ciudadanos, principalmente en aquellas ciudades y poblados que presentan mayor índice de delincuencia, tráfico y venta de estupefacientes”.

Lo anterior luego de que la CNDH oficializó el envío de las recomendaciones 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36 de 2008, dirigidas al titular de la Sedena, por los delitos de torturas, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos, cateos, retenciones ilegales, violación a la legalidad jurídica, uso excesivo de la fuerza, trato degradante, incomunicación y privación de la vida contra ciudadanos, cometidas por militares durante acciones realizadas en los operativos conjuntos en los estados de Sinaloa, Sonora, Michoacán y Tamaulipas.

En ese contexto, la Sedena informó: “en relación con las recomendaciones emitidas por la CNDH a esta secretaría, referentes a ocho quejas relativas a lamentables incidentes ocurridos durante la aplicación de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la campaña permanente de combate al narcotráfico, se hace del conocimiento de la ciudadanía que esta dependencia del Ejecutivo federal, respetuosa de las funciones que desarrolla la CNDH, ha determinado aceptar sus recomendaciones, a las cuales se dará cumplimento en los términos de la ley.

“En todos los casos a que se refieren las recomendaciones, la autoridad ministerial integra las averiguaciones previas correspondientes y se ha ejercitado acción penal en tres de los incidentes señalados por dicha comisión en contra de dos oficiales y 10 elementos de tropa, mismos que se encuentran sujetos a proceso penal; en los casos en que se ha comprobado la responsabilidad del personal militar en los hechos, la secretaría ha autorizado de manera expedita el pago para la reparación del daño a las víctimas.

“No se omite hacer mención que, con el fin de que todas las actividades que desarrolla el instituto armado se lleven a cabo con respeto a los derechos humanos, se cuenta con un plan de promoción y fortalecimiento de los derechos humanos y derecho internacional humanitario, en el que se enmarcan acciones en las que destacan la realización de diplomados, ciclos de conferencias y talleres con la participación de especialistas de la CNDH y de organismos públicos de protección y promoción de esas garantías.

“De la misma forma, se incluyó la materia de derechos humanos y derecho internacional humanitario en todos los planteles que integran el sistema educativo militar y en los planes de adiestramiento de todas las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea. Asimismo, en el Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea se imparte el curso de formación de profesores en derechos humanos, egresando a la fecha más de 300 jefes y oficiales.”

 
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