■ Se reúnen familiares de fallecidos con personal de la PGJDF
Denuncian amenazas integrantes de organizaciones sociales de GAM
■ El hostigamiento, por su colaboración con la CDHDF, señalan
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Afuera de lo que fue la discoteca News Divine, en Eduardo Molina y Calle 303, en la Nueva Atzacoalco
Foto: Alfredo Domínguez
Ante la reiteración de amenazas a los integrantes de dos organizaciones dedicadas al trabajo comunitario con jóvenes en diversas colonias de la delegación Gustavo A. Madero (GAM), y a petición de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), ayer familiares de quienes perdieron la vida en el News Divine, el pasado 20 de junio, se reunieron con personal especializado de la procuraduría capitalina para que sea atendido ese problema.
Las autoridades capitalinas informaron que se dio cauce ayer mismo a parte de las solicitudes planteadas por las víctimas de amenazas.
Pero para dar seguimiento al problema, dijeron, ambas partes se comprometieron a crear un esquema de protección que permita garantizar la continuidad de sus actividades en la comunidad, “con plena independencia y seguridad”.
La procuraduría informó que los familiares, víctimas y jóvenes afectados contarán con el acompañamiento debido por parte de la institución en cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 constitucional, la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito, la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos y demás ordenamientos internacionales aplicables en la materia.
Por la mañana, en conferencia de prensa Carlos Cruz, de Causa Ciudadana, y Miguel Barrera, de Marabunta, denunciaron que continúa el hostigamiento y amenazas hacia sus organizaciones por haber impulsado que los jóvenes que se vieron afectados o vejados por policías durante el operativo en la discoteca News Divine presentaran denuncia.
A su vez Gerardo Sauri, de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y Nashieli Ramírez, de Intervención Social, consideraron que ese operativo se inscribió dentro de las políticas de criminalización contra los jovenes que se desarrollan en el Distrito Federal y en todo el país.
Ambos dirigentes destacaron que “no es suficiente el hecho de que los titulares de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal hayan renunciado. Se debe investigar y sancionar a los responsables, es decir, se tiene que llegar hasta donde se debe de llegar, pero no pueden dejar el caso ya por concluido. Hay que deslindar responsabilidades”.
Cruz señaló que días previos al informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, las amenazas se incrementaron. Barrera agregó que “las agresiones se deben a que colaboramos con la CDHDF, porque nuestras organizaciones fueron puente con los jóvenes afectados y pudimos impulsar las denuncias”.
Por otra parte, autoridades de la GAM clausuraron otros 13 establecimientos considerados de alto impacto por carecer de medidas de protección civil y poner en riesgo la seguridad de clientes y trabajadores, luego de que sus propietarios no presentaron documentación en regla.
Cuatro de estos establecimientos: El Acuario, en la colonia Jorge Negrete; Mezcolanza, en la avenida Cien Metros; Bar Poll DV8, en San Juan de Aragón, y Red Shine, en la colonia Lindavista, son considerados giros negros, informó mediante un comunicado.
El restaurante-bar La Rueda, localizado en avenida Montevideo, colonia Lindavista –refirió– también fue clausurado, pero fue reabierto luego de que el propietario logró un amparo que le otorgó el juez sexto de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, a pesar de que no cuenta con las medidas mínimas de seguridad.
El gobierno delegacional aseguró que continuará verificando el legal funcionamiento de estos establecimientos, en especial en zonas como Cuautepec, donde se ha identificado un alto índice en el surgimiento de giros negros.