■ Piden los quilombolas “un equilibrio” para poder sobrevivir
Comunidad brasileña, afectada por conflictos entre la agricultura tradicional y la ley ambiental
Registro, Brasil, 13 de julio. “No nos dejan sembrar”, denuncia Leonila Costa Pontes, rebelándose contra leyes que exigen una autorización ambiental para su pequeña roza. “Sin quemar no da nada”, sostiene sobre el fuego con que se prepara la tierra en la agricultura tradicional de Brasil.
Cuando la autoridad ambiental concede la licencia, “ya pasó el tiempo de sembrar”, explica Pontes, de 59 años y con tres hijos, pobladora de Abobral, un quilombo aún no reconocido en las orillas del río Ribeira de Iguape. Así, muchas familias siguen dependiendo de la canasta de alimentos donada por el gobierno, lamenta.
Su protesta se sumó a otras de los 60 participantes del Seminario Ciudadanía Quilombola, celebrado recientemente en Registro, la mayor ciudad del Valle del Ribeira, una cuenca montañosa con casi 80 por ciento de sus bosques protegidos, como una pequeña Amazonia de 28 mil 506 kilómetros cuadrados, entre las áreas metropolitanas de Sao Paulo y Curitiba, en el sur. La “quema” sin un plan de manejo aprobado, que prevenga daños y descontrol, es un delito ambiental, explica Luciana Bedeschi, abogada del Instituto Socioambiental (ISA) que coordinó el seminario.
Esto ejemplifica los frecuentes conflictos entre las leyes y la tradición quilombola, entre la protección ambiental y el derecho al uso de la tierra, “ambos legítimos”, y por eso debe exigirse una “ponderación equilibrada”, especialmente cuando se trata de la supervivencia y la seguridad alimentaria de comunidades tradicionales, comenta Bedeschi a Ips.
Las actuales comunidades quilombolas de Brasil son remanentes de los quilombos, antiguos enclaves de esclavos africanos.
La mayor amenaza para estas comunidades son los problemas de la propiedad de la tierra. Desde 2006, el ISA asesora a 14 de ellas para promover su desarrollo y acompañar y proponer políticas públicas volcadas a las poblaciones tradicionales de la cuenca.
Una primera batalla fue convertir el Parque de Jacupiranga, creado por el gobierno estatal de Sao Paulo en 1969, en el mosaico de distintas formas de preservación ambiental. Fue la manera de superar el conflicto entre los derechos de estas comunidades ubicadas ahí desde mucho antes y el mismo parque, zona de protección absoluta donde se prohíbe cualquier actividad humana.
Reconocidos como ejemplos de buena convivencia con la naturaleza, junto con los indígenas y otros pueblos tradicionales, los quilombolas se sienten castigados por cuestiones ambientales.
En su caso se suma la Ley del Bosque Atlántico, aprobada hace dos años, con reglas para el ecosistema más alterado de Brasil, que ya perdió 93 por ciento de su cobertura forestal y en el que el Valle del Ribeira es una excepción.
Esa ley es “demasiado restrictiva”, pues no permite aprovechar “leña muerta” ni construir carreteras indispensables para mejorar la vida en la comunidad nhunguara, según uno de sus pobladores, José França.
Muchos quilombolas son condenados por actividades como caza y tala de árboles en zonas de preservación, para la construcción o para abrir nuevas rozas que sustituyan el campo antes cultivado, una forma tradicional de siembra por rotación.