■ Denuncian que Sagarpa tiene un subejercicio presupuestal de 90 por ciento
Exigen castigo penal contra los funcionarios que no ejerzan los fondos para el campo
La Confederación Nacional Campesina, la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros-El Barzón y la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas exigieron a los legisladores que actúen jurídicamente en contra de los funcionarios que no ejerzan los 204 mil millones de pesos del presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el campo.
Dicho presupuesto no se limita al aspecto productivo y comercial: incluye programas sociales, educativos y de salud, y debe ser ejercido correctamente, sobre todo ante la crisis alimentaria mundial y atender el llamado de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés) dar prioridad a la agricultura, asentaron.
César Duarte, coordinador de los legisladores de la Confederación Nacional Campesina (CNC) en la Cámara de Diputados, alertó en torno al subejercicio presupuestal de 90 por ciento de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, Desarrollo Rural y Alimentación (Sagarpa), ya que de 64 mil millones de pesos sólo ha aplicado 7 por ciento, “lo que pone en riesgo la alimentación de todos los mexicanos”.
Al participar en el consejo político de la CNC que se llevó a cabo en el salón Emiliano Zapata, Duarte Jáquez manifestó que debe castigarse con prisión a quienes evitan que los recursos aprobados por el Congreso de la Unión fluyan al agro, porque van en contra de los objetivos de alcanzar la autosuficiencia y seguridad alimentaria del país.
Recordó que durante el gobierno de Vicente Fox se perdieron cerca de 5 millones de empleos en el medio rural y las compras de alimentos desde el extranjero rebasaron 70 mil millones de dólares, “lo que demuestra que las administraciones panistas, sobre todo con Felipe Calderón Hinojosa, se apuesta siempre al extranjero”, dijo.
Alfonso Ramírez Cuéllar, dirigente de la Alianza Nacional de Productores Agropecuarios y Pesqueros (ANPAP)-El Barzón, observó que los presupuestos crecientes para el campo no se reflejan en incrementos de la producción, empleos rurales ni en el PIB agropecuario. “Hay un declive preocupante y los niveles de vida de la gente han empeorado.”
Ante esa situación, la estrategia propuesta por la ANPAP-El Barzón es luchar no sólo por incrementos al presupuesto, sino por definir metas y estrategias que tengan como eje lograr la creación de la reserva estratégica y el bono alimentario.
“Nuestros estudios indican que incrementar la productividad del maíz en 10 millones de toneladas adicionales en los próximos tres años tiene un costo de 30 mil millones de pesos, ya que no sólo se trata de elevar los rendimientos por hectárea; también implica construir bodegas, cumplir con incorporar 500 mil hectáreas más al sistema de riego; establecer metas específicas en materia de tecnificación, mejoramiento de semillas y producción de fertilizantes”, abundó.
Todas las organizaciones tienen un papel fundamental en estas estrategias, incluyendo a la CNC, porque se trata del beneficio de los campesinos y de sus familias. “En este momento no tenemos una cifra para el presupuesto del agro para 2009, pero sí hay una exigencia de que se apliquen los recursos actuales porque tememos que habrá un subejercicio mayor al de años anteriores, ya que el gobierno está haciendo su cochinito para las elecciones del próximo año.”
Olegario Carrillo Meza, coordinador ejecutivo de Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA), dijo que hay “negligencia y lentitud” en la distribución del presupuesto para el campo. “Las reglas de operación impuestas por Sagarpa hicieron más difícil el acceso a los recursos, al parecer se quiere acabar con las organizaciones sociales del campo.”
Agregó que el gobierno privilegia sólo a algunas regiones del país, al sector comercial del agro y a algunas organizaciones rurales, pero hay un atraso muy significativo en la entrega de los recursos económicos, ya que hay 22 estados que no lo han recibido porque Sagarpa no ha aprobado los anexos técnicos correspondientes.