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■ Gobiernos estatales también buscan “control político” de las plazas

El examen de oposición para docentes divide a SEP y gremio

■ La entrega de computadoras, otro de los puntos que generan disenso

Karina Avilés

Un nuevo enfrentamiento entre la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, se ha iniciado por el “control político” y la distribución de 15 mil plazas que se abrirán para el magisterio, como parte de la Alianza por la Calidad de la Educación.

De acuerdo con fuentes de la comisión rectora de dicho pacto, la lucha es por el próximo examen para maestros y por los criterios con los que se entregarán las computadoras del fideicomiso, creado en la administración anterior para tal fin.

Con el presupuesto público disponible se podrían entregar ya 450 mil equipos, revelaron. Sin embargo, según un estudio de la propia secretaría, de 300 mil docentes, 250 mil no saben cómo encender el equipo.

Miembros de dicha comisión confirmaron que la división más profunda entre la SEP y el sindicato se encuentra en el tema de las plazas, en el cual también interfieren los gobiernos estatales. Cada uno de los tres actores busca la forma de no perder el control que éstas representan.

De acuerdo con las fuentes, hoy día se necesitan 4 mil 500 plazas nuevas, mientras que los lugares requeridos por causas de jubilación, renuncia o muerte se estiman entre 30 mil y hasta 45 mil por año. Para las entidades, las plazas de reciente creación son determinantes, ya que las utilizan para la regularización de los maestros contratados por horarios, que según cálculos ascienden a alrededor de 85 mil.

Los gobiernos estatales pretenden establecer sus propias condicionantes para la oferta de las plazas que, en realidad, son ellos quienes las administran, ya que la dependencia federal se encarga más bien de la “coordinación” en las 32 entidades, explicaron.

De esta forma, la SEP y el SNTE no logran ponerse de acuerdo en torno a los criterios con los que se distribuirán las 15 mil plazas que serán puestas a concurso una vez que salga la convocatoria, la cual tiene al menos un mes de retraso. “La manzana de la discordia”, según los miembros de dicha comisión, son las plazas vacantes –por jubilación, renuncia o muerte– porque éstas son las que tienen un mayor margen para el “control político”.

Otro de los puntos en disputa es el de los porcentajes que se deberán establecer para la calificación de los exámenes de oposición para docentes. La postura de la SEP es establecer un rango en donde el máximo sea 10 y el mínimo siete, mientras que el sindicato pugna porque el mayor rango se tome a partir del máximo puntaje obtenido en la evaluación, lo que permitiría el ingreso a maestros con un bajo puntaje o calificación.

En relación con el fideicomiso para la entrega de computadoras, la batalla consiste en que el SNTE quiere que estos equipos se entreguen sin mayor requisito, con el argumento de que la organización “consiguió el dinero” para ello. En contraste, la dependencia educativa busca establecer una norma que certifique la habilidad del maestro en el manejo de dichas computadoras.

Por lo pronto, la presidenta del SNTE continúa su gira por los estados para la promoción de este pacto que, de antemano, se ha encargado de evidenciar que su único “autor” es el sindicato, con lo cual se deja de lado a la dependencia encabezada por Josefina Vázquez Mota.

 
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