■ Carlos Cheppi, nuevo ministro de Agricultura
El estado argentino recupera aerolínea privatizada en los 90
Buenos Aires, 21 de julio. En un acto con fuerte carga política, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció hoy el traspaso del paquete accionario de Aerolíneas Argentinas y Austral al Estado, y llamó a los trabajadores a poner el mayor esfuerzo para salvar la línea de bandera del país, privatizada en los años 90, cuando era considerada una de las mejores del mundo y daba ganancias al país.
Ante un salón colmado de invitados, que la ovacionaron, pidió el esfuerzo del Estado, el Parlamento y el Poder Judicial y manifestó su esperanza de que los discursos “privatizadores no penetren en la sociedad”.
Más allá de la “ola privatizadora que sacudió América Latina y de los intereses que la alentaron, no nos dimos cuenta que con nuestras conductas alentábamos esos discursos que penetraban en la sociedad”, añadió la mandataria.
También citó la necesaria participación del Congreso y remarcó que “no se llegará a buen puerto si no contamos esencialmente con la participación activa de todo su personal”, que en días pasados se manifestaron en favor de la restatización y denunciaron el saqueo al que sometieron a la empresa.
En la Plaza de Mayo, trabajadores de esa aerolínea realizaron una manifestación en apoyo a la decisión del gobierno.
Esto sucedió poco después de conocerse el remplazo del ministro de Agricultura, Javier de Urquiza por Carlos Cheppi, que estaba al frente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y quien llegó con un nuevo programa para responder a la difícil temática del agro. Esta es la primera consecuencia del conflicto dirimido en el Congreso, el pasado 17 de julio.
Por otra parte, este fue un buen día para los organismos de derechos humanos. La Cámara Federal ratificó la condena a 25 años de prisión al ex jefe del ejército durante la pasada dictadura militar, general Cristino Nicolaides, en una causa por el secuestro y desaparición de militantes de la organización Montoneros en 1980, que también involucró a miembros del batallón 601 de inteligencia.
Este es el primer caso contra militares que finalizó en condena firme después de la anulación de las Leyes del Obediencia Debida y Punto Final en 2005.
Junto con Nicalaides fueron condenados a 25, 23 y 21 años de prisión el coronel Luis Arias Duval, Waldo Carmen Roldán, el agente civil Julio Héctor Simón (“el Turco Julián”), ya condenado en otra causa, y Carlos Gustavo Fontana.
En el caso del coronel Pascual Guerrieri el fallo redujo la pena fijada en primera instancia de 20 años a 16, aunque mantiene como al resto la inhabilitación especial por 10 años.
Los magistrados consideraron que los condenados integraban una asociación ilícita “destinada a cometer delitos cuya acción contribuyó a poner en peligro la vigencia de la Constitución Nacional” y los crímenes cometidos son calificados de “lesa humanidad”.
Esa asociación ilícita actuaba “con una organización militar o de tipo militar, que disponía de armas de guerra o explosivos de gran poder ofensivo y que operaba en más de una de las jurisdicciones políticas del país” bajo las fuerzas armadas.
Las víctimas fueron Angel Carbajal, Julio Cesar Genoud, Verónica María Cabilla, Lia Mariana Ercilia Guangiroli, Ricardo Marcos Zucker y Silvia Noemí Tolchinsky, quienes integraron lo que se llamó la “contraofensiva” montonera ordenada a mediados de 1980 por la dirección de esa organización.
En los secuestros y asesinatos actuaron los hombres del 601, también involucrados en casos de la Operación Cóndor, la coordinadora criminal de las dictaduras del Cono Sur.
Nicolaides además es juzgado en Corrientes, capital de la provincia de ese nombre, donde por primera vez se realiza un histórico juicio oral contra culpables de crímenes de lesa humanidad por la desaparición de presos políticos en el regimiento 9 de Infantería, con una profusión sobrecogedora de testimonios.