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■ Organizaciones indígenas y campesinas condenan la biopiratería empresarial

Inaceptable, el registro o patente de un ser vivo

Matilde Pére U.

Declarar el territorio mexicano centro de origen y diversidad del maíz para detener la experimentación, cultivo, comercialización y consumo de los transgénicos, propusieron 30 organizaciones indígenas, campesinas y sociales.

Destacaron que el respeto a su cultura, tradiciones, costumbres y prácticas agrícolas incluye también el rechazo a la certificación, registro o patente de cualquier tipo de semilla o ser vivo.

En el pronunciamiento En defensa del maíz nativo, las agrupaciones de Jalisco, Veracruz, Guerrero, Michoacán, Puebla, Oaxaca, Tamaulipas, Guanajuato, Chihuahua y Sonora sostuvieron que el llamado régimen especial de protección al maíz –que aún no se publica en el Diario Oficial de la Federación y que forma parte de la Ley de bioseguridad y organismos genéticamente modificados– “es una farsa con la que se pretende negar que todo el territorio mexicano es centro de origen y diversidad del maíz”.

Consideraron que con dicha ley “el gobierno, en contubernio con las empresas trasnacionales, permitirá el cultivo del maíz transgénico en campos experimentales, lo que significará la contaminación de nuestros maíces nativos y, a la larga, la pérdida de éstos, atentando contra nuestra identidad, autonomía, economía y salud”.

En el documento, las agrupaciones indígenas, campesinas y sociales advirtieron que el Programa de maíz y frijol (Promaf) y el llamado Proyecto maestro de maíces mexicanos, que impulsa la Confederación Nacional Campesina, con apoyo de la Universidad Antonio Narro, “están diseñados para privatizar las semillas y controlar a los pueblos”. Con el Promaf, aseguraron, las autoridades inducen a los campesinos a depender de las empresas al convertirlos en clientes cautivos de las llamadas semillas mejoradas.

Agregaron que el proyecto maestro de maíces mexicanos y el contrato con la Universidad de Guadalajara para recolectar maíces y teocintle –el ancestro del grano– en la sierra indígena nahua de Manantlán, Jalisco, es un instrumento de “biopiratería de Monsanto, ya que con la ayuda de instituciones académicas y organizaciones agrícolas robará los maíces nativos y los conocimientos de las comunidades.

“Estamos en contra de los bancos de germoplasma porque son centros de biopiratería que favorecen los intereses de empresas e investigadores, por eso defendemos la autonomía de los pueblos indígenas y estaremos alertas para denunciar públicamente los cultivos experimentales de maíz transgénico en el país”, abundaron.

 
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