Usted está aquí: viernes 1 de agosto de 2008 Política Juez otorga amparo a Gómez Urrutia; en puerta su regreso

■ “Inconstitucionales, las órdenes de aprehensión”, según el sindicato

Juez otorga amparo a Gómez Urrutia; en puerta su regreso

Carolina Gómez Mena

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), informó ayer que el pasado 30 de julio el juez octavo de distrito en materia de amparo penal concedió a Napoleón Gómez Urrutia, secretario general del sindicato, la protección de la ley en relación con las acusaciones por el supuesto desvío de 55 millones de dólares del Fideicomiso Minero.

Carlos Pavón Campos, secretario de asuntos políticos del SNTMMSRM señaló al respecto que “las tres órdenes de aprehensión contra nuestro dirigente fueron consideradas inconstitucionales por el propio juez octavo de distrito en materia de amparo penal, pues quedaron como falsas las acusaciones por el supuesto desvío de 55 millones de dólares del Fideicomiso Minero, por lo cual sólo subsiste la demanda en torno a 27 millones de pesos, que en últimas fechas, al no tener sustancia jurídica válida aquella primera acusación, levantaron los persecutores de nuestro líder nacional”.

El sindicato explicó que el amparo original fue solicitado por Gómez Urrutia, y concedido por distintos jueces, pero la Procuraduría General de la República (PGR) apeló de esas decisiones con diversos alegatos, entre los que estuvieron la supuesta falsedad de la firma de Gómez Urrutia en una de las últimas instancias del proceso, recurso que posteriormente fue desechado por el juez octavo, en una decisión que ahora se confirmó con el otorgamiento del amparo.

Pavón Campos comentó que el recurso, ahora desechado, de la PGR por la supuesta falsedad de firma, “tenía por única pretensión retrasar el retorno a México del compañero Gómez Urrutia, con la intención agregada de proseguir la campaña de hostigamiento contra el gremio”.

También señaló que el juez octavo al otorgar el amparo contra las tres órdenes de aprehensión, “por ser éstas inconstitucionales, dejó sin sustento legal el asunto de los 55 millones de dólares supuesta y falsamente imputados como desviados por Gómez Urrutia, y ofreció con todo ello una muestra más de imparcialidad e independencia judiciales”.

 
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