Usted está aquí: sábado 2 de agosto de 2008 Estados SG: La Parota va, con “nuevos interlocutores”

SG: La Parota va, con “nuevos interlocutores”

Misael Habana de los, Santos, corresponsal

Acapulco, Gro., 1º de agosto. En la reunión privada que tuvo el jueves ante empresarios del sector turístico de este puerto, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, aseguró que el proyecto hidroeléctrico La Parota se llevará a cabo “con nuevos interlocutores”.

“La Parota sigue en pie y se hará todo lo posible para que lo realicen nuevos interlocutores, porque los actuales están muy desgastados. Ya se cuenta con presupuesto para la construcción de la presa, que beneficiará a los municipios de Acapulco, Tecoanapa, San Marcos, Juan R. Escudero y Chilpancingo”, señaló Mouriño.

El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (CECOP), Marco Antonio Suástegui, calificó las declaraciones del funcionario federal de “provocación” y señaló que no se trata de cambiar interlocutores, sino del rechazo de ejidatarios y vecinos a un “proyecto de muerte que viene a avasallar a nuestras poblaciones”.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) comenzó a impulsar el proyecto La Parota desde la década de los setenta, pero a partir de 2002 intensificó sus actividades en bienes comunales y ejidos de la región, donde realiza estudios topográficos, introdujo maquinaria, desmonta cerros y construye caminos.

Las declaraciones de Mouriño, dijo el activista, reflejan la política de “un gobierno impopular e ilegítimo que ignora los triunfos obtenidos por el movimiento opositor en cuatro asambleas organizadas por el Tribunal Unitario Agrario” y tres amparos que impiden a la CFE realizar trabajos en la zona, explicó.

En tanto, la Organización de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan calificó de temerarias las declaraciones de Mouriño, quien “olvidó” las recomendaciones de los relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre pueblos indígenas, que señalaron que desde el principio las autoridades federales y estatales violaron los derechos humanos de comuneros y ejidatarios al no consultarlos sobre el proyecto.

 
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