Usted está aquí: lunes 4 de agosto de 2008 Sociedad y Justicia Interponen una controversia contra la ley de bioseguridad

■ Pobladores de Tepoztlán aseguran que la legislación no protege de los transgénicos al maíz

Interponen una controversia contra la ley de bioseguridad

■ Se facilita la liberación de semillas modificadas y se omiten consultas a involucrados, aducen

Matilde Pérez U.

Ampliar la imagen No hay garantía de que se evite la contaminación con transgénicos No hay garantía de que se evite la contaminación con transgénicos Foto: Archivo

El municipio de Tepoztlán interpuso una controversia constitucional en contra del reglamento de la ley de bioseguridad, por considerar que contiene vacíos jurídicos en cuanto a protección de razas y variedades del maíz. “Está en riesgo el patrimonio cultural, social y alimentario de los mexicanos”, dijo el alcalde Efrén Villamil de Meza.

Luego de participar en una reunión de comuneros, en la que habló de dicha controversia constitucional interpuesta en mayo pasado y cuya primera audiencia se realizará el próximo día 27, el munícipe hizo un llamado a sus homólogos y gobernadores de los estados, cuya población rural destina sus parcelas a la siembra del grano, a sumarse a esta lucha.

“Los mexicanos tenemos que resguardar con celo el maíz, no sólo porque es el alimento fundamental de la población sino por su significado cultural y social. No hay evidencia científica contundente que demuestre que las siembras de transgénico no contaminarán los cultivos tradicionales”, dijo vía telefónica.

En febrero de 2005 fue aprobada la ley de bioseguridad en marzo de 2008 se publicó el reglamento y actualmente está en vísperas de darse a conocer el régimen de protección especial del maíz, el cual fue sometido a proceso de consulta pública por medio de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, la cual recibió más de 6 mil comentarios.

Hay mucha gente que vive de la siembra del maíz, no podemos arriesgar que sus semillas sean contaminadas por transgénicos, y que trasnacionales pretendan cobrarles porque “están utilizando sin permiso el grano modificado. Mientras no se tenga la certeza de que no habrá contaminación genética, las siembras de maíz transgénico no deben ser aprobadas”, abundó el munícipe.

Aseguró no tener ningún interés político en esta defensa. “Se trata de proteger la salud de los mexicanos y de salvaguardar un tesoro de la humanidad para que nadie lo patente; en esta lucha hay que tener más fuerza y unidad nacional, por eso el llamado a que se explique con mayor amplitud cuáles son las ventajas y desventajas de los transgénicos”.

Adelita San Vicente, de la organización Semillas de Vida, asentó que se trata de una discusión de interés nacional, y explicó que persiste la preocupación por la afectación que traería consigo la siembra de maíz transgénico por ser México país de origen del cereal.

El edil comentó que la controversia se fundamenta en la omisión a la consulta obligatoria a los pueblos y comunidades indígenas, como lo establecen los artículos segundo de la Constitución y octavo del Convenio sobre Diversidad Biológica.

Su contenido se aparta del objeto de ley, que es establecer los mecanismos de bioseguridad que permitan proteger el ambiente frente a la liberación de organismos genéticamente modificados. Facilita la liberación de dichos organismos sin asegurar que no causarán daños. También contraviene normas constitucionales que protegen el derecho a la salud y a un medio ambiente sano, así como a un desarrollo sustentable.

La controversia interpuesta por el municipio de Tepoztlán sostiene que el reglamento de la citada ley “va más allá de su facultad reglamentaria, realiza cambios a los preceptos de la ley de bioseguridad y procura hacer más ágiles los permisos para la liberación de transgénicos, tomando medidas en favor del solicitante, además de establecer plazos que no dan lugar a procedimientos de consulta a comités”.

También es omiso en cuanto a la participación del Comité Consultivo Científico y de mecanismos de consulta a la sociedad civil, municipios y en especial a los pueblos indígenas, así como al control de movimientos transfronterizos de organismos genéticamente modificados. Tampoco respeta la consulta realizada en 2006 ya que en su contenido no quedaron plasmadas las observaciones realizadas por múltiples actores a través de la Cofemer.

 
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