■ Fallo del juez abre la posibilidad de que otros soldados obtengan recursos favorables
Reinstalan a militar que padece sida
■ El Congreso, obligado a revisar la Ley de Seguridad Social de las fuerzas armadas: abogado
En un hecho histórico dentro de las fuerzas armadas y luego de un proceso judicial de más de seis años, un militar que fue dado de baja del Ejército Mexicano por vivir con virus de inmunodeficiencia humana (VIH) fue reinstalado en su puesto de trabajo, con lo que quedaron restablecidos sus derechos laborales y humanos, anunciaron este día organizaciones defensoras de las garantías individuales.
El militar, experto en mecánica –de quien se reservó su nombre–, sufrió un accidente laboral que requería intervención quirúrgica, pero semanas antes de la operación fue sometido por las fuerzas castrenses a un examen de VIH sin su consentimiento.
Santiago Aguirre, su abogado defensor, expuso que el fallo, emitido en el estado de Jalisco, abre la posibilidad de que cualquier militar que enfrente un procedimiento forzoso pueda presentar un amparo ante la justicia federal “con la expectativa cierta de que el Poder Judicial tiene que resolver en su favor y protegerlo”. Aclaró que, en el contexto mexicano, es poca la gente que tienen acceso a un amparo de esa naturaleza, debido a que es oneroso.
En entrevista, manifestó que si la Ley del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso debe reformarla. “De lo contrario estamos en la situación en que los militares deben recurrir al amparo, con muchas posibilidades de ganarlo, pero enfrentando procesos muy largos y costosos.”
En conferencia de prensa, los centros de Atención Integral en VIH-sida, de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de Justicia para la Paz y el Desarrollo, lamentaron que, a pesar de que el año pasado las fuerzas armadas aceptaron la resolución del máximo tribunal del país, “lejos de allanarse a la demanda (de amparo) se defendieron vigorosamente hasta el último momento.
No hay voluntad para erradicar prácticas discriminatorias
Evidentemente, semejante proceder pone de relieve su falta de voluntad para erradicar en todos los casos una práctica que ha sido calificada de discriminatoria por la justicia federal.
“También pone en entredicho la veracidad del compromiso de los altos mandos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el respeto a las garantías fundamentales expresado insistentemente cuando la SCJN examinó casos análogos”, denunciaron.
Explicaron que la Sedena no ofrece información clara sobre el número de sus elementos que viven con sida. “Lo que no está en duda es que los militares en activo constituyen una población en situación de riesgo particular frente a la epidemia, situación que ha sido señalada por Naciones Unidas e instituciones internacionales especializadas en el tema.”
Indicaron que el caso del militar reinstalado da cuenta de muchos otros en las fuerzas armadas. Se han denunciado situaciones de efectivos que han sido dados de baja por la misma razón y que después han enfrentado el riesgo de perder la vida, debido al retiro definitivo de sus tratamientos médicos.
El caso, continuaron, ilustra también la necesidad de que las fuerzas armadas sometan al escrutinio civil sus políticas en la materia, debido a que es imprescindible que se conozca la cifra de efectivos del Ejército con VIH.