■ Venta de terrenos al margen de decretos
Tulum: dos décadas de rapiña y complicidades
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Entrada del Azul-Blue, uno de los hoteles cuya manifestación de impacto ambiental fue aprobada por la Semarnat a sabiendas de que se encuentra en un parque nacional
Foto: José Luis López Soto
Tulum, QR, 6 de agosto. La historia de Tulum bien podría dar pie a un tratado sobre la ceguera o la amnesia. En 20 años nadie vio o recordó que había un decreto presidencial –mal hecho, pero ahí estaba– que impedía seguir lucrando con los terrenos que rodean la zona arqueológica, esa fortaleza desde la cual los mayas otearon el mundo.
Durante este tiempo el gobierno del estado se hizo de la vista gorda sobre la existencia del decreto presidencial y siguió vendiendo y escriturando terrenos del parque nacional, y el municipio de Solidaridad (al que pertenecía Tulum) otorgó permisos de construcción.
Dependencias federales como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) también contribuyeron al caos actual: aprobaron manifestaciones de impacto ambiental a varios hoteles que se instalaron en el parque, nunca diseñaron un plan de manejo y hasta 2006 la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) no se hizo presente.
El 5 de abril de 2000 –todavía con Ernesto Zedillo Ponce de León en la Presidencia– la delegación de la Semarnat en Quintana Roo aprobó la resolución de impacto ambiental DFQR/ 2000, que permitió al grupo Sole Resort erigir 90 habitaciones en el parque. Este hotel, el Dreams, en cuya recepción hay un cenote como decoración, tiene más de 200 habitaciones porque la misma dependencia le siguió otorgando permisos para ampliarse.
Según el actor y empresario Roberto Palazuelos, dueño de Diamante K –uno de los ocho hoteles en problemas–, 260 personas tienen títulos que las acreditan como dueñas y posesionarias legítimas de los terrenos de playa que se ubican en el norte y al sur del fuerte de Tulum.
Él posee nueve lotes; César Portilla López, dueño del canal 30 de cable de Tulum y del Caleta Tankah (también clausurado), entre otros negocios, posee más de 100 hectáreas. En todo el parque sólo quedan dos descendientes de los pueblos originarios de Yucatán. Uno de ellos es Pablo Canché Balam y el otro su sobrino Nicasio, que es el guardián de las ruinas.
A principios de 2007 la Semarnat y otras dependencias federales repararon en las irregularidades con que operaban los hoteles del parque y amenazaron con solicitar órdenes judiciales para derruirlos; la mayoría de los propietarios solicitó amparos. En abril de 2007 Palazuelos promovió el amparo 496/2007 y obtuvo una suspensión provisional y definitiva contra una multa de un millón 200 mil pesos y la orden de demoler en 90 días su hotel de 30 habitaciones. Por ello el actor de Televisa montó en cólera el 7 de julio, cuando colocaron en su negocio los sellos de clausura.
Sin embargo, el amparo que consiguió el año pasado le permite estar en el parque hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dicte sentencia sobre su situación, pero no lo libra de cumplir con las manifestaciones de impacto ambiental y toda la serie de requisitos que implica poseer un hotel en la playa.
Por ello, después de que le clausuraron su establecimiento tuvo que pedir un segundo amparo. Palazuelos, como todos los que tienen hoteles en el parque, cuenta con escrituras.
Algunos de los dueños de hoteles de la costa de Tulum compraron directamente los terrenos al gobierno del estado; otros hicieron lo propio con los ejidatarios mayas que vivían aquí cuando llegaron los decretos de las décadas de los setentas y los ochentas, y consiguieron quedarse temporalmente. Pero la manera en que los terrenos han pasado de unas manos a otras se pierde en la opacidad.